Aula Abierta exige al Estado el cese de las prácticas sistemáticas ejercidas como violaciones masivas a los derechos humanos. Segundo, la reconstrucción del Estado de Derecho por medio de la institucionalidad democrática, para la cual las universidades juegan un rol fundamental. Por último, proteger y atender a las casas de estudios superior

Por: Alexsayder Castellanos

Ante la disminución en el número de estudiantes que se inscribieron o cursaron en la matrícula estudiantil durante el período 2020-2021, Aula Abierta, organización no gubernamental que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario en Latinoamérica, denuncia:

• Las prácticas sistemáticas que atentan contra la autonomía de las universidades y la libertad académica.
• La asfixia presupuestaria inducida por el Estado que imposibilita el contar con condiciones infraestructurales y organizativas mínimas para impartir el conocimiento en las universidades.
• La insuficiencia salarial a profesores y demás personal, el no poder contar con los insumos y equipos para garantizar condiciones de bioseguridad.
• La deficiencia en la prestación de los servicios públicos.
• Los 272 reiterados incidentes de inseguridad (marzo 2020 – mayo 2021).

Documentaron nuevamente una disminución en el número de estudiantes que se inscribieron o cursaron la matricula de las principales universidades de Venezuela. Por ejemplo; en el caso de la UCV esta representa una tasa de reducción que oscila entre 40% y 50%. En la ULA entre 50% y 60%.En LUZ (de la cual solo accedieron a la información de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas) entre 40 y 60%. Por último, en la UDOes de aproximadamente 50 y 65%.

Lo que ha incidido para que esta grave situación continúe en las universidades son las diversas prácticas violatorias que sufren y afectan su presupuesto; lo que las ha colocado en una especie de “jaque y mate” sin fecha de conclusión. En otras palabras, las restricciones,las amenazas y los hostigamientos son una forma de discriminación partidista; en el marco de una política de Estado.

La asociación civil exige a las autoridades estatales abstenerse de realizar cualquier práctica que pueda vulnerar el ejercicio de la autonomía de las instituciones de la educación superior y consecuencialmente el derecho a la libertad académica y el derecho a una educación de calidad.

“Se hacen las denuncias ante entes nacionales y organismos internacionales, pero no se obtienen respuestas favorables. Al contrario, se han intensificado prácticas contra la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad; con acciones que merman la posibilidad de gozar estos derechos humanos”, declara David Gómez Gamboa, Director Ejecutivo de Aula Abierta.

Las violaciones siguen coexistiendo

Todas las prácticas sistemáticas y reiteradas contra las universidades autónomas, ejercidas como una política de Estado, violentan la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad;aun estándo plenamente reconocidos en la Constitución de Venezuela. Y por consiguiente, se afecta la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica, los derechos medioambientales, los derechos de las mujeres, entre otros.

Para el profesor universitario Gamboa, la relación entre el medio y el fin es fundamental, y en este caso en específico; el medio es la autonomía universitaria y el fin viene siendo la libertad académica y el derecho a la educación de calidad.

Durante el cierre del primer semestre del año 2021, Aula Abierta elaboró un informe sobre libertad académica y autonomía universitaria en la educación superior de Venezuela, así como sus implicaciones en el derecho a la salud. Entre las más recientes denuncias que documentaron, se encuentran:

1. La asfixia presupuestaria como una situación histórica que ha atentado contra las universidades públicas;
2. La situación de las actividades académicas y la deserción universitaria en general;
3. La migración forzada y deserción de universitarios en los programas de posgrados de las universidades púbicas venezolanas.

“Las múltiples violaciones a los derechos humanos vinculados con los estudiantes, siguen coexistiendo en Venezuela por tener un gobierno autoritario, sufrir una emergencia humanitaria compleja y padecer todos los efectos de la pandemia de COVID-19; respondiéndose así como una política de Estado”, manifiesta.

Piden el reinicio de clases

La ONG ha documentado la obstaculización de los procesos de formación académica en universidades autónomas del país, en su última consulta realizada en 2020 concluyeron que la educación a distancia no cumple con los estándares de calidad, disponibilidad ni accesibilidad para los universitarios.

Según las cifras arrojadas por los estudiantes encuestados:

1. 71.9% consideró que la calidad del servicio de internet afecta de forma negativa el desempeño de las actividades académicas.
2. 65.8% piensa que la calidad del servicio de datos móviles ha afectado de forma negativa el desempeño de las clases.
3. 80.7% afirmó que se han presentado fallas en el servicio eléctrico en su residencia durante la cuarentena.

Sin embargo, ante la crisis sanitaria a nivel mundial ocasionada por el coronavirus, resulta indispensable acatar las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para prevenir su acelerada propagación.

Gamboa, Director de Aula Abierta, indica que han documentado cómo las actividades académicas se han visto paralizadas por diversos factores. Primero, la pandemia obligó a iniciar una cuarentena sin las condiciones de bioseguridad necesarias. Seguidamente, las precarias condiciones de las universidades por los incidentes. Por último, la postergación de este sector en la aplicación de las vacunas.

“Matar la libertad académica es matar la democracia y el desarrollo de las sociedades”, enfatiza.

La asociación ha documentado denuncias que, en el caso de la UCV, al menos 50% de las actividades académicas se vieron paralizadas. Al mismo tiempo, obtuvieron conocimiento de 13 episodios de protestas a lo largo del 2021 a fin de exigir el reinicio de las actividades académicas en la misma casa de estudio.

Espacios de discusión y presión

La ONG ha tenido una especial incidencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participando desde el año 2017 en múltiples audiencias públicas para la denuncia de la situación de los universitarios y la priorización tanto a nivel nacional como internacional del abordaje y la denuncia del derecho a la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad.

“Hemos participado efectuando propuestas de recomendaciones y discusiones respecto de estos derechos y su interrelación con otros derechos humanos”, dijo.

A juicio de Gamboa, las acciones de monitoreo, promoción y protección de Aula Abierta tienen como fin la creación de estándares interamericanos de defensa del derecho a la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad. De hecho, dos muestras recientes fueron su participación dentro de la Red Académica Especializada de la CIDH y la creación en alianza con otras organizaciones de la “Conferencia Internacional sobre Libertad Académica” que contó con la participación de Comisionados y Relatores Especiales.

“Aula Abierta exige al Estado el cese de las prácticas sistemáticas ejercidas como violaciones masivas a los derechos humanos. Segundo, la reconstrucción del Estado de Derecho por medio de la institucionalidad democrática, para la cual las universidades juegan un rol fundamental. Por último, proteger y atender a las casas de estudios superior”, exhorta.

Ante la emergencia humanitaria compleja y crisis de derechos humanos en Venezuela, el defensor David Gómez Gamboa señala que el trabajo colaborativo entre las ONGs, los centros universitarios y el gremio profesorado es clave en la denuncia y documentación de ataques, en la elaboración de informes y en la ejecución de acciones de incidencia internacional y comunicacional.

Por ello, añade que la sociedad civil debe continuar realizando un trabajo de incidencia como de documentación mancomunado ante los diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos.

“Con ello generar espacios de discusión y presión para priorizar en la agenda internacional la alarmante crisis de derechos humanos que atraviesa el país, que afecta muchos ámbitos de la vida del venezolano, pero especialmente el educativo”, dijo.