Todos tenemos valores, pero precio no

El Observatorio de Trata de Personas de Bolivia, junto al Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem), emitieron una conversatorio llamado “Buenas prácticas para la prevención de trata de personas en Latinoamérica” junto a la Red de Alto al Tráfico y Trata (Ratt) de Argentina, Éxodo de Venezuela y Libera de Chile con el objetivo de compartir prácticas efectivas realizadas desde la sociedad civil para concienciar sobre este delito y exigir a los gobiernos políticas que detengan la trata y la migración forzada.

Reina Baiz, directora ejecutiva de Éxodo, inició presentando la campaña “La mejor ruta”. Explicó que ese nombre proviene de la situación de movilidad forzada que se vive en Venezuela. Asimismo, señaló que también llevan a cabo un proyecto llamado “¡Mi derecho a una vida digna!”, destinado al empoderamiento y protección de las niñas y mujeres venezolanas en movilidad.

Con este proyecto buscan visibilizar las situaciones y riesgos de protección a los que están expuestas las niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de movilidad humana en Venezuela, además de fortalecer alianzas y la coordinación entre organizaciones de migrantes, feministas y humanitarias dentro y fuera del país, adicionalmente, fortalecer las capacidades para reducir riesgos de protección y posicionar su voz en la toma de decisiones que les afectan.

“La Mejor Ruta” tiene como objetivo “posicionar a la movilidad como un derecho humano, una opción voluntaria y segura para todas las mujeres de Venezuela”, destacando mensajes como “La mejor ruta es informarse y planificar”, “La mejor ruta es con apoyo y con información” y “La mejor ruta es con derechos y sin violencias”.

La campaña cuenta con el apoyo de 15 organizaciones que se han unido, entre ellas Mulier, Libera, Avesa y Voces de Género, enfatizó Baiz.

Resaltó que en sus redes sociales (@LaMejorRutaVe) se pueden encontrar testimonios, piezas ilustradas, videos, podcast y sus emisiones en vivo, sin embargo, no toda la campaña es online, de manera presencial en las comunidades entregan material informativo como afiches y trípticos, también realizan informes. Destacó que en el marco de la campaña se han realizado 5 investigaciones, y que también cuentan con programas de formación de servidoras y servidores públicos de los Órganos Receptores de Denuncia (ORD) en Venezuela para la identificación y judicialización de la trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Comentó los logros de cada investigación realizada hasta la fecha; el primer informe visibiliza cómo las migraciones afectan a las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades y experiencias, evidenciando cómo los roles de género tradicionales se suelen profundizar en el proceso migratorio y que, para la mayoría de mujeres en esta situación, la estigmatización sexual es el principal problema.

El siguiente, destaca que la corrupción es catalizadora de la movilidad humana e incrementa los riesgos en la ruta migratoria, subrayando la importancia de la corrupción en la comisión del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. El tercero, sondea los riesgos de las rutas de migración, como los feminicidios y las desapariciones que enfrentan mujeres y niñas, junto al estigma de la hipersexualización de la mujer venezolana.

El cuarto informe indaga en las desapariciones y su conexión con la trata de personas, ya que en el país no existe un registro de personas desaparecidas o extraviadas y la opacidad de los datos oficiales es alarmante. Esta investigación se llevó a cabo a través de un sondeo realizado entre el 1ro de enero del 2020 al 15 de marzo del 2021 mediante redes sociales y 71 medios digitales, arrojando que en el año 2020 desaparecieron 268 personas y en el 2021, 51 personas.

La última investigación habla de la trata y la tortura, de cómo afecta diferenciadamente a las mujeres y cómo dichas redes utilizan la tortura psicológica y el abuso físico para mantener el control y someter a las personas a la explotación.

Siguiendo con la campaña, comenta que han llegado de forma presencial a Zulia, Anzoátegui, Falcón, Sucre y Distrito Capital, contando con un alcance de 3.746 personas.

Destacó que 66% de las personas que participaron en las sensibilizaciones no habían escuchado sobre casos de trata. Finalizó su ponencia comentando que “vivimos una realidad en la que este delito existe porque hay personas pagando para explotar a otras personas, cuando alguien paga para tener contacto sexual, se convierte en cómplice de toda esta industria”.

Caso de Chile

Por su parte, Carolina Rudnick, directora de la fundación Libera, inició preguntando ¿qué hace que un país avance en la lucha contra la trata de personas? Al respecto, comentó que según el British Institute Of International & Comparative Law (BIICL) hay 17 factores que facilitan su avance o lo obstaculizan, entre ellos, la voluntad política del Estado, el reconocimiento y encuadre de la trata en la política pública.

“El enfoque de la trata como crimen organizado impide la detección en contextos mucho más domésticos e invisibiliza otras formas de trata como la laboral. Asimismo el nivel de discriminación, religión y moralidad de un país, la cantidad de migración, la corrupción, alianzas entre el Estado y sociedad civil. El papel de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los factores más importantes, ya que no solo tienen el conocimiento especializado, sino que generalmente se adelantan al Estado detectando los casos, nuevas brechas e incluso tipologías y dinámicas que se pueden identificar en el terreno”, subrayó Rudnick.

En el 2011 Chile promulgó la ley contra la trata y comentó que, en parte, fue gracias a la acción de la sociedad civil que logró encontrar “ciertas autoridades con poderío político y dichas autoridades eran mujeres, lo que demuestra la importancia de la participación femenina en la política”. En esa ocasión, sostuvieron la tramitación de esta ley por casi 6 años, el “factor catalizador fue la presión internacional, mayoritariamente de EE.UU., porque Chile debía tener una ley acorde a las circunstancias actuales”.

Señaló que hay factores que como ONG se deben tener en cuenta para cada uno de los países para mejorar las políticas públicas. Para Chile el aumento de los flujos migratorios fue un elemento que impulsó la Ley de trata, ya que se vio un aumento de trata internacional. Añadió que como factores que influyen negativamente está el hecho de que Chile es un país con un estatus no resuelto en materia de prostitución, no está prohibida, pero tampoco está regulada y tiene una jurisprudencia muy débil, con muchos prejuicios discriminatorios y despectivos con respeto a las víctimas. 

Rudnick compartió una lista de factores determinantes en la lucha contra la trata de personas en su país, a los que ella llama “la fórmula mágica”, encabezada por el factor de género de las organizaciones de la sociedad civil y agencias estatales desencadenantes del cambio, el hecho de que la voluntad política se encontró con la sociedad civil, la acción de algunas organizaciones internacionales que desencadenan la acción estatal y dan paso libre a la acción de las ONG, la recolección de datos e impunidad y la presión internacional.

“La sociedad civil debe hacer proyectos en conjunto, impulsar la ratificación y el mejoramiento de la legislación interna del país y unir nuestras voces con medidas específicas que solicitamos al Estado. Debemos apoyarnos así sea en cosas muy pequeñas, como repostear las publicaciones en redes sociales, tenemos información que debería estar en los titulares de los mejores diarios”, finalizó la directora de Libera.

Caso de Argentina

Viviana Caminos, directora de Ratt, expuso que 60% de las víctimas en Argentina corresponde a trata laboral y 80% de ellas son personas migrantes, ya sean hombres, mujeres o niños. Añadió que las sectas religiosas también tienen un importante número de tráfico de personas, “sobre todo el Opus Dei, que los tienen trabajando en condiciones de esclavitud para servir a sus miembros”. Destacó que no todos los grupos religiosos son sectas y que no todas las sectas trafican y tratan con personas.

Igualmente, comentó que desde las asociaciones civiles se puede ayudar a la prevención, en primera instancia, dando a conocer cómo funciona la trata de personas para poder alertar y detectar situaciones que podrían llevar a ser víctima de trata y saber cómo actuar en dichos casos. Acotó que desde Ratt hacen campañas como “Sellemos la trata”, en donde se promueven cursos, capacitación para los docentes y fomentan el arte como medio de protesta, de esta última nacieron frases como “Sin clientes no hay trata” o “Todos tenemos valores, pero precio no”.

Caso de Bolivia

La Directora Ejecutiva del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, Patricia Bustamante, expuso que en Bolivia se han implementado leyes para regular la trata de personas y que desde la pandemia por COVID-19 se está intentando regular también los entornos digitales, sobre todo por la captación de niños a través de internet. Destacó que esta organización creó el Observatorio de Trata de Personas, único en el país y atienden prioritariamente a la población vulnerable y las zonas rurales.

Añadió que tienen un proyecto llamado “Busca seguro” que les permite prevenir la trata de personas. Indicó que en Bolivia los objetivos más comunes de trata es la explotación sexual, laboral y la servidumbre costumbrista. Además, destacó que la forma más común de caer en esto es mediante ofertas laborales por internet y pegadas en postes de electricidad.

Destacó que este proyecto ayuda a los jóvenes a buscar trabajo de forma segura, para no caer en estas prácticas por falta de conocimiento e información mediante un verificador de ofertas laborales “El proceso es simple, se toma una captura de pantalla a la oferta de trabajo o se copia el link y, con asistencia de una IA que compara la repetición números de teléfono, datos y demás, se clasifica la oferta como segura, sospechosa o peligrosa”.

Cerró la emisión agradeciendo a la sociedad civil de los diferentes países por su importante labor, recordando lo crucial que es la unión y coordinación de estas para lograr cambios de las políticas públicas nacionales orientadas a la garantía de los derechos humanos.