Los devastadores daños a los derechos humanos como consecuencia del cambio climático se agravarán radicalmente a menos que se mantenga bajo control el calentamiento global

Los Estados deben emprender urgentemente acciones en materia climática diseñando una transición justa para abandonar los combustibles fósiles en todos los sectores, y evitando así daños aún más graves para los derechos humanos en todo el mundo, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe coincidente con el inicio de la Conferencia sobre el Clima de Bonn, que tendrá lugar del 16 al 26 de junio.

A pesar de los desafíos que suponen la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, el incremento de las prácticas autoritarias en todo el mundo y la creciente devastación ambiental provocada por la escalada de los conflictos armados en el Territorio Palestino Ocupado, Sudán y Ucrania, entre otros, aún no es demasiado tarde para que los Estados lleguen a un acuerdo y redoblen los esfuerzos por el planeta y por los derechos de las generaciones actuales y futuras.

En 2024, el mundo superó por primera vez el umbral de 1,5 °C de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales. Durante el año más caluroso del que hay registros, los incendios forestales asolaron América Latina, el Caribe sufrió el huracán de categoría 5 más temprano registrado en el Atlántico , y cinco días de lluvias equivalentes a las precipitaciones de tres meses inundaron zonas de Europa con el agravamiento de la emergencia climática, impulsada por la actividad humana y la quema continuada de combustibles fósiles.

“Los devastadores daños a los derechos humanos como consecuencia del cambio climático se agravarán radicalmente a menos que se mantenga bajo control el calentamiento global. Un número mayor de personas se hundirán aún más en la pobreza, perderán sus hogares o sufrirán los efectos de sequías e inseguridad alimentaria. A pesar del agravamiento de la crisis climática, la actuación de los gobiernos para limitar la producción de combustibles fósiles ha sito totalmente insuficiente”, ha manifestado Ann Harrison, asesora sobre justicia climática de Amnistía Internacional. 

“Los gobiernos están en manos de las empresas del sector de los combustibles fósiles, que han intentado restar importancia a los daños climáticos y desacreditar la ciencia climática. Los Estados siguen dando subvenciones a estas empresas, lo cual favorece la continuidad del sector. Todo el mundo tiene derecho a vivir en un medioambiente limpio, saludable y sostenible, pero a medida que se intensifica la crisis climática tanto este derecho como otros están cada vez más amenazados”

En todo el mundo, desastres antropogénicos agravados por el cambio climático, como sequías más intensas e inundaciones más graves, dañan las cosechas y provocan escasez de alimentos y agua, lo que contribuye a los desplazamientos, las migraciones y los conflictos.

Proteger y escuchar las voces de las comunidades de base

Las comunidades marginadas colindantes y de primera línea que menos utilizan los combustibles fósiles continúan sufriendo los peores impactos del cambio climático. Entre ellas se encuentran personas dedicadas a la agricultura de subsistencia, pueblos indígenas y la población de Estados insulares de poca altitud, amenazada por el aumento del nivel del mar y de la intensidad de las tormentas, o quienes viven junto a centros de producción y transporte de combustibles fósiles.

Por ejemplo, Pakistán contribuye a menos de un 1% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, pero es uno de los países más vulnerables a los desastres climáticos. En un informe publicado el mes pasado, Amnistía Internacional documentó cómo el aumento de la frecuencia de las inundaciones y las olas de calor en Pakistán provoca muertes evitables, especialmente entre niños y niñas de corta edad y personas adultas mayores.

A pesar de la urgencia de la crisis climática, las personas que exigen que las autoridades actúen son hostigadas, estigmatizadas, atacadas y criminalizadas. En todo el mundo, los defensores y las defensoras ambientales arriesgan sus vidas y su libertad por defender el derecho de sus tierras y comunidades a un medioambiente saludable, como sucede con las Guerreras por la Amazonía en Ecuador.

Las voces, conocimientos y sabiduría de los pueblos indígenas, las comunidades en primera línea, las comunidades colindantes y los defensores y defensoras de los derechos humanos deben incorporarse a las políticas, los planes y las acciones en materia climática.

Ann Harrison, asesora sobre justicia climática de Amnistía Internacional

La Conferencia es una oportunidad para poner de relieve la situación que se produjo en la COP29, celebrada en Azerbaiyán, donde el defensor de los derechos humanos Anar Mammadli y la periodista Nargiz Absalamova, que informaba sobre problemas medioambientales, continúan entre rejas. Otros periodistas que informaban sobre la situación de los derechos humanos fueron detenidos tras la celebración de la COP29, en aparente represalia. Brasil, anfitrión de la COP30, es uno de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de los derechos medioambientales, que se enfrentan a homicidios, violencia, amenazas y estigmatización por realizar su labor.

“Las voces, conocimientos y sabiduría de los pueblos indígenas, las comunidades en primera línea, las comunidades colindantes y los defensores y defensoras de los derechos humanos deben incorporarse a las políticas, los planes y las acciones en materia climática”, ha afirmado Ann Harrison.

“Una vez más, hay denuncias de que personas de muchos lugares del mundo que desean asistir a la conferencia de Bonn tienen problemas para conseguir acreditaciones y visados. Tampoco se dan a conocer públicamente y sistemáticamente los acuerdos con los países anfitriones de la COP, una herramienta clave que debe reforzarse para garantizar la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de las personas que participan.”

Necesidad de abordar la financiación climática

Amnistía Internacional también pide que los estados aborden la cuestión de la financiación climática. Actualmente, los países de bajos ingresos dedican más dinero al pago de la deuda del que están recibiendo en concepto de financiación climática por parte de los países de altos ingresos.

Los países de altos ingresos y altas emisiones históricas son los mayores responsables del cambio climático, y sin embargo continúan eludiendo su obligación de proporcionar financiación climática a los de bajos ingresos para reducir las emisiones y ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio climático, así como de proporcionar reparaciones por pérdidas y daños, algo que podría reducir la carga de los países que sufren daños climáticos.

“Aplicar impuestos a las empresas del sector de los combustibles fósiles, a los beneficios imprevistos y a las personas con patrimonios elevados, así como terminar con los subsidios y las inversiones en combustibles fósiles y con las prácticas fiscales abusivas podría generar más de 3 billones de dólares al año, lo cual supondría una enorme contribución al costo de abordar el cambio climático”, ha declarado Ann Harrison.

Es preciso que haya grandes cambios

La Conferencia sobre el Clima de Bonn es un momento clave en la preparación de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará más adelante también este año en Brasil, un país que quiere transmitir públicamente un mensaje de protección global del medioambiente. Sin embargo, algunas de sus instituciones están actuando en detrimento de esta agenda, por ejemplo, exigiendo permisos menos estrictos para proyectos destructivos para el medio ambiente y ampliando la producción de combustibles fósiles.

“Para actuar seriamente respecto al cambio climático y mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, tiene que haber avances concretos con plazos claros hacia un incremento sustancial de la financiación climática basada en necesidades —en particular en lo que respecta a la adaptación y las pérdidas y daños—, en forma de subvenciones, no de préstamos, y que los principales responsables de las emisiones sean los que más contribuyan.

Amnistía Internacional pide a los Estados que se comprometan a abandonar gradualmente de forma completa, rápida, justa y financiada los combustibles fósiles a través de transiciones justas en todos los sectores, sin recurrir ni a tecnologías arriesgadas y no probadas ni a compensaciones que no conduzcan a una reducción real de las emisiones. También pide que haya debates inclusivos sobre el cambio climático en los que participen las personas a las que más afecta, y que se garantice que pueden acceder de forma significativa a estas negociaciones de alto nivel sin discriminación.