Organizaciones sociales insisten en que la paz requiere justicia y participación ciudadana
Venezuela vive una crisis estructural de derechos humanos en la que la represión, las desapariciones forzadas y la impunidad socavan los caminos hacia una paz sostenible.
En el marco de la semana de la no violencia, desde Amnistía Internacional recordamos que Venezuela atraviesa un clima de graves vulneraciones a los derechos humanos, donde procesos de justicia, verdad y reparación permanecen suspendidos mientras los mecanismos de represión se mantienen activos.
Hemos documentado que entre el 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025 ocurrieron al menos 15 desapariciones forzadas, como parte de un patrón sistemático de detención arbitraria de personas críticas al gobierno, lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad (informe aquí).
En nuestro Informe Anual, capítulo Venezuela, señalamos que tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, las protestas fueron reprimidas con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales. Se registraron más de 2.000 detenciones arbitrarias, y al menos 24 personas murieron entre el 28 de julio y el 1 de agosto, hechos que atribuimos a cuerpos de seguridad estatales y grupos armados civiles progubernamentales (ver informe).
De igual forma, la CIDH advirtió en su informe “Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones” que tras el proceso electoral 2024 ocurrieron al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias y numerosos casos de tortura (ver informe).
La organización venezolana Cepaz ha documentado más de 2.000 casos de persecución y criminalización entre 2021 y 2024, de los cuales 701 corresponden a trabajadores de la comunicación y 186 a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos (ver informe).
Asimismo, la WOLA denunció que la política de persecución en Venezuela incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, criminalización, campañas de estigmatización y restricciones como la anulación de pasaportes para silenciar voces críticas (leer aquí).
El Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch también destacó que en los meses previos a las elecciones el gobierno intensificó la represión contra defensores, opositores y periodistas, restringiendo aún más el espacio cívico (ver informe).
En este contexto, reafirmamos que una paz sostenible en Venezuela no puede basarse únicamente en acuerdos políticos: requiere desmontar las estructuras que producen violencia, garantizar justicia y reparación integral a las víctimas, proteger de manera efectiva a quienes defienden derechos humanos y permitir la participación activa de la sociedad civil.
Solo con verdad, justicia y garantías reales de no repetición podremos transformar la negación sistemática de derechos en un compromiso duradero con la no violencia y la dignidad para todas las personas en Venezuela.