Las hermanas Samantha y Aranza Hernández cumplen cuatro meses detenidas arbitrariamente y sin juicio, víctimas de una política de "castigo por asociación" por ser familiares de un perseguido político. Sus casos reflejan un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Si hay un caso que evidencia la inseguridad jurídica en Venezuela es el de las hermanas Hernandez, quienes se encuentran detenidas de manera arbitraria y sin juicio desde hace 4 meses por ser hermanas de un perseguido político.

Una de las hermanas, es una niña, Samantha Sofia y su caso se suma a los crímenes cometidos por las autoridades venezolanas en 2024 cuando se registró la detención 220 niños y niñas ( 187 niños, 22 niñas y 11 NNA cuyo género no pudo ser determinado), que fueron víctimas de violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas de varios días, tortura y malos tratos, violencia sexual basada en género según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) de la ONU . Amnistía Internacional documentó este grave patrón de violación de derechos humanos con el documento Venezuela: Tortura contra Niños y Niñas por motivos políticos .  

La otra hermana, es la joven Aranza de los Angeles, detenida cuando tenía 19 años de edad, ilustra el terrible patrón de represalias y de mantener de rehenes a familiares de perseguidos políticos.  La FFM de la ONU ha documentado ampliamente que el Estado venezolano utiliza tácticas que encajan perfectamente en la definición de Sippenhaft o castigo por asociación.

Samantha Sofia Hernández Castillo de 16 años, estudiante de último año de secundaria fue detenida el 19 de noviembre de 2025 en Caracas. Ese día se encontraba en casa de sus abuelos cuando unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentaron en la vivienda. Le preguntaron si era hermana del Teniente Christian Hernández, y al responder afirmativamente le dijeron que debía ir con ellos para averiguaciones. 

La detención se produjo sin orden judicial. Durante un mes la familia estuvo desaparecida. Hoy se encuentra en un Centro de Detención para Menores en Antímano. Según reportes ha sido trasladada audiencia de presentación ante un tribunal contra el terrorismo al menos en 5 oportunidades desde su detención, sin embargo las audiencias se han suspendido ya sea por falta de juez, porque no acuden los testigos o por cualquier otra razón que retrasa el proceso. 

Aranza de los Angeles Hernández Castillo, de 19 años, antes de su detención se preparaba para estudiar enfermería.  Fue detenida el 20 de noviembre de 2025 cuando se encontraba en casa de un familiar en la ciudad de Maracaibo por funcionarios del DGCIM, que no presentaron una orden de detención.

Por dos meses su familia no tuvo información del paradero de Aranza, hasta que le permitieron realizar una llamada. Actualmente se encuentra recluida en el centro de detención Las Crisálidas. Ha sido acusada de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento para el terrorismo. Su familia está convencida de que está presa por ser hermana Teniente Christian Hernández.

A partir de la aprobación de la Ley de Amnistía, se han producido cientos de excarcelaciones, sin embargo la ley no abarca todos los supuestos de injusticia y cientos de personas aún permanecen en prisión por motivos políticos, entre ellos, Samantha, su hermana Aranza y otros cuatro familiares del mismo perseguido político.

Detenciones de niñas, niños y jovenes

Durante el año 2024 las autoridades venezolanas realizaron detenciones masivas luego de las protestas que tuvieron lugar a partir del 29 de julio. Estas protestas se originaron después de que Consejo Nacional Electoral anunciara resultados de los comicios realizados el 28 de julio. Aún y cuando la mayoría de ellos han sido excarcelados tiene medidas de prohibición del país, presentación periódica en tribunales, y un razonable temor de poder ser detenidos de nuevo. A ello se suma la falta de resguardo, protección o de reparación que han debido recibir.

La investigación de Amnistía Internacional puso de manifiesto la obligación de Venezuela como estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a protección, dado que  prohíbe expresamente la privación ilegal o arbitraria de la libertad y establece que esta solo será un último recurso por el periodo más breve posible. 

Esta investigación también identifica patrones en las detenciones tales como: audiencias sumarias, habían sido juzgados por tribunales especiales, sin defensa privada o de su elección, sin permitirles en contacto previo con familiares y la falta de protección ante los malos tratos y torturas. Fueron recluidos en peligrosas cárceles para adultos. A algunos se les uniformó y se les obligó a grabarse repitiendo consignas pro gobierno. 

Pedimos:

A las autoridades venezolanas:

• Que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a Samantha Hernández y Aranza Hernández

• Que se abstengan de detener a niños y niñas 

• Que cesen de inmediato la persecución y política de represión contra quienes consideran personas críticas al gobierno, incluida la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y acciones estigmatizantes contra la sociedad civil.

A la comunidad internacional:

• Que dispongan todas las medidas y cauces diplomáticos disponibles para lograr la liberación de todos los niños, niñas y jovenes privados de la libertad de forma arbitraria, así como para garantizar su derecho a la integridad personal mientras se encuentren privados de la libertad.
  
  
  Imagen de oscar h en Pixabay