Personas no identificadas irrumpieron en la residencia de los defensores de derechos humanos venezolanos Yonaide Sánchez y Nelson Freitez. Existe preocupación que esto sea un intento de detener el activismo legítimo que realizan por los derechos humanos.

La noche del 8 de mayo sujetos no identificados ingresaron a la residencia de Yonaide Sánchez y Nelson Freitez en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Al parecer no sustrajeron nada, pero sí revolvieron las pertenencias de los defensores y dejaron cuchillos, un pico y una tabla dispuestos de forma amenazante en la residencia.

La información a la que ha accedido Amnistía Internacional indica que la morada de los defensores había sido violentada en dos oportunidades anteriores el 30 de noviembre de 2016 y el 8 de abril de 2017 por grupos igualmente sin identificar, en los que sí hubo sustracción de artículos personales y de trabajo. En dichas ocasiones, los defensores presentaron denuncias ante la Guardia Nacional pero al parecer no se ha abierto ninguna investigación. Además, en el segundo incidente, también fue presentada una denuncia ante la Fiscalía del estado Lara, la cual tampoco ha recibido respuesta ni seguimiento. Después del incidente del 8 de mayo, Nelson Freitez y Yonaide Sánchez interpusieron otra denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Lara, esta vez solicitando también medidas de protección para salvaguardar su integridad. Después de más de una semana sin seguimiento a este pedido, el 19 de mayo se solicitó una audiencia ante dicho ente, pero aún se espera respuesta.

En el contexto de manifestaciones reiteradas en Venezuela, Yonaide Sánchez y Nelson Freitez han denunciado públicamente, tanto en radio como en televisión, la existencia de violaciones a derechos humanos, la participación de grupos civiles armados en acciones de hostigamiento de los manifestantes y los excesos en el uso de la fuerza en las manifestaciones. Por lo tanto, consideran que estas incursiones en su propiedad pueden ser un intento de neutralizar su actividad como defensores de derechos humanos. Así, estos elementos y la impunidad ante las denuncias previas pone a Yonaide Sánchez and Nelson Freitez en una situación de riesgo tanto para su seguridad personal como para su capacidad de ejercer libremente sus labores de defensa de derechos humanos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- Instando a las autoridades venezolanas a que tomen todas las medidas necesarias, en consulta con Yonaide Sánchez y Nelson Freitez, para garantizar la integridad física y psicológica de ambos así como de sus familiares;

- Llamando que inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los ataques contra Yonaide Sánchez y Nelson Freitez, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley en consonancia con los estándares internacionales;

-Insistiendo en que aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, puedan realizar libremente sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, sin restricciones.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE JULIO DE 2017 A:

Fiscal Superior del Estado de Lara William Guerrero Antigua sede HELMBANC Calle 3 con avenida Lara Sector Nueva Segovia, piso 1, Barquisimeto, Venezuela Correo-e: fiscalia022@cantv.net fsuplara@fiscalia.gov.ve Tratamiento: Sr. Fiscal Fiscal.

Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz Sede Principal del Ministerio Público Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, Caracas, Venezuela Fax: +58 212 578 3239 Correo-e: ministeriopublico@mp.gob.ve Tratamiento: Dra. Fiscal.

Defensor del Pueblo Tarek William Saab Av. Urdaneta – Frente El Universal Centro Financiero Latino, Piso 27 Caracas, Venezuela Fax: +58 212 507 7025 Correo-e: contacto@defensoria.gob.ve Tratamiento: Sr. Defensor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Yonaide Sánchez y Nelson Freitez son dos docentes universitarios y destacados activistas de derechos humanos en el estado Lara, con alta visibilidad pública en la región. Sánchez forma parte de la ONG Transparencia Venezuela, siendo su coordinadora en el estado Lara, donde se dedican a promover el acceso a la información pública y la lucha anticorrupción. Nelson Freitez es un reconocido activista de derechos humanos, integrante del Centro Gumilla de Barquisimeto, de la Asamblea de la ONG PROVEA, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ha sido parte del Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara, organización que ha denunciado ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de orden público y militares en la región durante los años 2000-2008.

El ataque a la residencia de Yonaide Sánchez y Nelson Freitez se produce en el contexto de una serie de manifestaciones a favor y en contra del gobierno que iniciaron en abril de 2017 y a la fecha han dejado un saldo 47 muertos, centenares de personas heridas, denuncias de decenas de personas torturadas y maltratadas, y otros centenares detenidas. Barquisimeto, capital del estado Lara, es una de las regiones más impactadas por la violencia y uso excesivo de fuerza y donde los defensores han tenido posiciones de alta visibilidad en medios de comunicación regionales y foros públicos, denunciando excesos y violaciones y abusos contra los derechos humanos en la región por parte de funcionarios, militares y civiles armados.

La defensa de los derechos humanos se ha convertido en una ocupación cada vez más peligrosa en Venezuela, donde activistas son atacados y hostigados por criticar a las autoridades. La situación de riesgo y exposición del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ha sido denunciada ante diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos incluidos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el relator de la ONU sobre el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instituciones que han instado al Estado venezolano a tomar medidas para garantizar la labor de defensa y promoción de derechos humanos en el país.