Jueves, 25 de mayo, 2017

“Las elecciones presidenciales no están previstas hasta 2018, pero las autoridades egipcias parecen dispuestas a aplastar de forma preventiva a los posibles rivales para mantenerse en el poder”, ha manifestado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.


Las autoridades egipcias han intensificado su represión contra los activistas de oposición en vísperas de las elecciones presidenciales de 2018, y han detenido en 17 ciudades a al menos 36 personas pertenecientes a cinco partidos de oposición y grupos juveniles políticos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Muchas de estas personas fueron detenidas por haber publicado comentarios online sobre las elecciones.
 
Entre quienes han sido detenidos se encuentra el ex candidato presidencial y destacado abogado de derechos humanos Khaled Ali, detenido ayer y puesto hoy en libertad bajo fianza. Será juzgado el lunes por “violar la moral pública”. De ser declarado culpable, se enfrenta a un año de prisión o a una multa. Además, se le prohibiría presentarse como candidato a la presidencia. En febrero reconoció que estaba considerando la posibilidad de volverse a presentar para las elecciones de 2018.
 
“Las elecciones presidenciales no están previstas hasta 2018, pero las autoridades egipcias parecen dispuestas a aplastar de forma preventiva a los posibles rivales para mantenerse en el poder”, ha manifestado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
 
“Está claro que la detención y el procesamiento de Khaled Ali han sido de motivación política. Las autoridades egipcias deben abandonar el absurdo cargo al que se enfrenta y poner fin a la campaña difamatoria contra él.”
 
Khaled Ali es el fundador del partido Aish we Horreiya (Pan y Libertad), cuyos miembros se encuentran entre el blanco de la oleada de detenciones.
 
Fue citado por primera vez por la fiscalía en Giza para interrogatorio el 23 de mayo. Negad al Borei, su abogado, que asistió a la sesión de interrogatorio, dijo a Amnistía Internacional que había sido acusado de hacer gestos “que violan la moral pública”. El cargo se refiere a una foto en la que se ve a Khaled Ali celebrando junto con sus partidarios, ante el Tribunal Administrativo Superior, el haber ganado un destacado caso para anular una decisión gubernamental de entregar a Arabia Saudí el control de dos islas del Mar Rojo.
 
Su abogado dijo que la fiscalía se había negado a compartir una copia del expediente y de las pruebas videográficas contra su cliente.
 
Amnistía Internacional ha entrevistado a 13 abogados, cuatro investigadores de derechos humanos y 14 familiares tras la represión dirigida contra miembros de partidos políticos, grupos de oposición y activistas políticos que han criticado online al presidente Abdelfattah al Sisi en todo el país durante las últimas semanas.
 
Al menos 26 personas permanecen detenidas por una serie de cargos, vagamente formulados, relacionados con la lucha antiterrorista, entre ellos el de pertenecer a grupos que intentan derrocar al gobierno y, en algunos casos, los cargos de “insultar al presidente” en las redes sociales y de “uso indebido de plataformas de redes sociales”. Otras dos personas han quedado en libertad bajo fianza, y seis más fueron puestas en libertad sin fianza, todas ellas pendientes de investigaciones relacionadas con esos mismos cargos. Si son declaradas culpables, podrían ser condenadas a penas de entre 5 y 25 años de prisión. Las fuerzas de seguridad detuvieron el 24 de mayo a otros dos miembros del partido Dostour, que se encuentran en paradero desconocido.
 
“La represión contra activistas políticos es otra señal más del deseo de las autoridades egipcias de aplastar cualquier oposición pacífica y sofocar las opiniones alternativas en lugar de permitir que la población egipcia tenga voz sobre su futuro”, ha manifestado Najia Bounaim.
 
“Las autoridades egipcias deben detener esta oleada de detenciones y procesamientos de activistas pacíficos.”
 
Cuatro abogados de derechos humanos de El Cairo que representan a nueve de los acusados dijeron a Amnistía Internacional que las pruebas presentadas contra sus clientes incluían publicaciones en Facebook y viejos carteles y folletos políticos “encontrados en sus casas”.
 
La represión ha conducido a la detención de activistas políticos en El Cairo, Alejandría, Port Said, Ismailía, Suez, Dumyat, Sharqiya, Gharbiya, Kafr el Sheikh, Dakahliya, Bani Souwaif, Minya, Faiyum, Qina, Luxor, Asiut y Asuán.
 
En al menos 29 casos, miembros de la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto irrumpieron en las casas de los activistas a primera hora de la mañana antes de mantenerlos detenidos durante varias horas e interrogarlos en ausencia de sus abogados.
 
“La naturaleza coordinada y en gran escala de la represión contra activistas políticos la hace aún más escalofriante”, ha manifestado Najia Bounaim.
 
“Las autoridades están utilizando descaradamente la draconiana legislación antiterrorista para detener a jóvenes activistas políticos por publicar en las redes sociales contenidos que se limitan a criticar al presidente Abdelfattah al-Sisi.”
 
Entre los detenidos se encuentran siete miembros y ex miembros del grupo juvenil 6 de Abril, un grupo político que ganó relevancia tras la revolución del 25 de enero. Los dos cofundadores del grupo habían estado encarcelados anteriormente durante tres años, en noviembre de 2013, y ahora se enfrentan a tres años más de libertad condicional. Entre los detenidos se encuentran también cuatro miembros de Dostour, partido político fundado en 2012, y un miembro del Partido de la Alianza Popular Socialista, así como un miembro de la Corriente Popular Egipcia, partido político que está en proceso de inscripción en registro y que apoyó al ex candidato Hamdeen Sabahi en las elecciones presidenciales de 2014 contra el presidente Abdelfattah al Sisi.
 
El 19 de mayo, el Ministerio del Interior publicó en su página de Facebook una declaración en la que decía que había detenido a 40 personas por “delitos de Internet”, unos delitos que incluían el uso de las redes sociales para “incitar a la violencia” en varios distritos policiales, sin especificar más detalles.
 
A lo largo del mes pasado, el Parlamento egipcio ha estado debatiendo un controvertido proyecto de ley que limitaría el acceso a sitios como Twitter y Facebook, y obligaría a los usuarios a registrarse de antemano ante el gobierno. El uso no autorizado de estos sitios podría dar lugar a penas de hasta seis meses de prisión y una multa de hasta 5.000 libras egipcias (250 dólares estadounidenses).
 
En las últimas elecciones presidenciales de 2014, el presidente Abdelfattah al Sisi ganó casi el 97% de los votos contra su único contrincante, Hamdeen Sabahi. En el periodo previo a las elecciones se produjeron detenciones arbitrarias y agresiones contra simpatizantes de sus rivales.