Guatemala: Campaña de difamación contra defensores y defensoras del medio ambiente
Los miembros del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) han sido objeto de una campaña de difamación tras haber recurrido ante los tribunales la licencia de la empresa minera San Rafael. El 5 de julio, la Corte Suprema de Justicia notificó que suspendería provisionalmente la licencia de la empresa minera. Los miembros de CALAS corren peligro de sufrir nuevos ataques.
Los miembros del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) han sido objeto de una campaña de difamación tras haber recurrido ante los tribunales la licencia de la empresa minera San Rafael. El 5 de julio, la Corte Suprema de Justicia notificó que suspendería provisionalmente la licencia de la empresa minera. Los miembros de CALAS corren peligro de sufrir nuevos ataques.
Se ha lanzado una nueva campaña de difamación contra los miembros del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), a los que se ha acusado de manipular y de oponerse al proyecto, tras haber presentado un recurso contra la licencia de la empresa minera San Rafael en San Rafael Las Flores, suroeste de Guatemala. En los días anteriores, la policía antidisturbios había rociado con gas lacrimógeno y había dispersado a quienes se manifestaban pacíficamente contra la mina El Escobal, propiedad de la empresa San Rafael, en Casillas, San Rafael Las Flores. El 29 de junio, unos anuncios pagados, firmados por los proveedores de la empresa minera San Rafael y publicados en un periódico nacional y otro regional, utilizaron un lenguaje estigmatizador contra la organización. Los anuncios se dirigían a los magistrados de la Corte Suprema y decían: “Los proveedores de Minera San Rafael hemos sufrido varias semanas por el bloqueo que gente de Casillas […] La acción de CALAS es irresponsable, porque no consultaron con la comunidad que están poniendo en riesgo y que dicen representar, ni con las familias de los trabajadores de San Rafael las Flores. Se está acumulando resentimiento los vecinos [sic] de Casillas que culpan falsamente a la Minera San Rafael por los temblores y terremotos que ya las autoridades explicaron son un fenómeno natural [...]Les pedimos [a los magistrados] que se pongan la mano en la conciencia y eviten la desestabilización social, no afecten a nuestras empresas ni a nuestros empleados y sus familias, sino que promuevan la armonía y desestimen el recurso presentado irresponsablemente por la institución ambiental”.
El 5 de julio, la Cámara de Industria de Guatemala publicó otro anuncio pagado en periódicos nacionales en el que decía que “diversos colectivos, asociaciones y personas individuales que no constituyen ni representan a pueblos indígenas o tribales de Guatemala, han utilizado la acción de amparo, con el único fin de suspender proyectos de inversión y desarrollo nacional […] Lo anterior, ha repercutido en un creciente y manipulado nivel de conflictividad, especialmente en el área rural”. Ese mismo día, los proveedores y trabajadores de la mina El Escobal que protestaban en apoyo a la mina se refirieron al director de CALAS, Yuri Melini, como “una de las personas que se está oponiendo a nuestros propios derechos”, y dijeron que CALAS “se ha encargado de contaminar [la mente de la comunidad] con sus mentiras”. El 5 de julio, la Corte Suprema de Justicia notificó que suspendería provisionalmente la licencia de la empresa minera. La situación en San Rafael es muy tensa, y podría facilitar nuevos ataques contra los miembros de CALAS.
Información complementaria
El 2 de mayo de 2013, tras una serie de incidentes violentos en torno a las operaciones de la Minera San Rafael, filial de la empresa canadiense y estadounidense Tahoe Resources Inc., el gobierno de Guatemala declaró el estado de emergencia en San Rafael Las Flores —una localidad a unos 90 kilómetros de la capital— y sus alrededores. En enero de 2013, unos hombres armados no identificados atacaron el emplazamiento de la mina; en el ataque murieron dos guardias de seguridad y otra persona, de la que se cree que pertenecía al grupo de atacantes. Más información en: La minería en Guatemala: Derechos en peligro (https://www.amnesty.org/es/documents/amr34/002/2014/es/).
Según la organización de la sociedad civil UDEFEGUA, los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra y el medio ambiente son el principal grupo de activistas que es blanco de ataques en Guatemala. Según las investigaciones de Amnistía Internacional, estas personas han sido objeto de constantes campañas difamatorias con el propósito de estigmatizarlas y desacreditarlas para obligarlas a detener su labor legítima. Dichas campañas incluyen acusaciones falsas y enjuiciamientos para que guarden silencio. A pesar de que el Estado de Guatemala ha desarrollado directrices y mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro, su ineficacia ha quedado demostrada. Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional “Defendemos la tierra con nuestra sangre”: Personas defensoras del territorio y del ambiente en Honduras y Guatemala (https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/4562/2016/es/) y América: Situación de los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos (https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/6211/2017/es/).
Los miembros de CALAS han denunciado actos de intimidación y acoso contra ellos, incluidos ataques violentos, durante muchos años. La noche del 3 de abril de 2017, unas personas no identificadas se situaron ante la casa del defensor de los derechos humanos y director legal de CALAS, Rafael Maldonado, en la ciudad de Guatemala y dispararon contra un automóvil cercano. Aunque Maldonado resultó ileso, él cree que el incidente tenía como finalidad intimidarlo, y teme por su seguridad (https://www.amnesty.org/es/documents/amr34/6036/2017/es/).
El 12 de noviembre de 2016, el defensor de los derechos humanos Jeremy Abraham Barrios fue asesinado (véase Acción Urgente: https://www.amnesty.org/es/documents/amr34/5144/2016/es/). Era asistente del director ejecutivo de CALAS.
El 29 de agosto de 2011, a las nueve y media de la mañana, Yuri Melini y Rafael Maldonado —director y asesor legal, respectivamente, de CALAS— recibieron sendos sobres. Ambos contenían los mismos documentos: una amenaza, documentos de la Contraloría General de Cuentas, y fotografías de la ficha policial de 18 hombres, aparentemente tomadas de los archivos policiales (véase Acción Urgente: https://www.amnesty.org/es/documents/amr34/011/2011/es/).