México: Agresores queman automóvil de defensor de los derechos humanos

Unas personas no identificadas entraron en la vivienda de Mario Luna Romero, dirigente de la comunidad indígena yaqui del estado de Sonora, en el norte de México, y prendieron fuego al automóvil de su compañera. Hasta la fecha no se han asignado medidas de protección a la casa de Mario Luna y las investigaciones avanzan lentamente. Mario Luna y su familia siguen en peligro.

El 27 de junio por la mañana, Victoria Anahí Ochoa Domínguez, pareja de Mario Luna Romero, salió corriendo cuando vio una humareda que provenía de su garaje y descubrió que su vehículo se estaba incendiando. Horas más tarde, Mario Luna llegó a casa procedente de un viaje al extranjero y denunció el incidente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en virtud del cual recibe medidas de protección como defensor del territorio de la comunidad indígena yaqui en el estado de Sonora. Los representantes del Mecanismo de Protección le aseguraron que enviarían enseguida a la policía estatal de seguridad pública, pero ésta nunca llegó. En cambio, Mario Luna llamó a la policía estatal investigadora, que acudió ese mismo día a inspeccionar el lugar de los hechos y halló indicios de que se había arrojado debajo del automóvil una botella de vidrio llena de gasolina y envuelta en un trapo, lo que señalaba claramente un ataque intencionado.

Esta no es la primera vez que Mario Luna y su familia han sufrido incidentes de seguridad. Anahí Ochoa explicó a Amnistía Internacional que, en las semanas previas al incidente del 27 de junio, unos vehículos desconocidos se estacionaron delante de su casa en repetidas ocasiones. Mario Luna ha llevado a cabo varias actividades en defensa de los derechos colectivos de la comunidad yaqui, especialmente en relación con el derecho al agua ante el Acueducto Independencia, un proyecto que podría poner en peligro el acceso al agua y la supervivencia cultural de la comunidad.

Información complementaria

Mario Luna Romero ha realizado actividades continuas en defensa del territorio, el agua y el medio ambiente, así como de la supervivencia cultural de la comunidad indígena yaqui. El 23 de junio, pocos días antes de que quemaran el automóvil de su compañera, Mario Luna había presentado una respuesta jurídica a una orden judicial en la que se pedía a la Comisión Nacional del Agua que acatara un auto judicial para resolver las cuestiones relativas al consentimiento libre, previo e informado por parte de la comunidad yaqui. A lo largo de 2017, Mario Luna ha llevado a cabo varias actividades como representante de los pueblos indígenas de México, entre ellas la representación en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que tuvo lugar en mayo de 2017, y la participación en una consulta al Congreso Nacional Indígena de México para pedir la opinión de otros pueblos indígenas con el fin de llegar a un consenso respecto a una candidatura indígena a las elecciones presidenciales del país que se celebrarán en 2018.

Mario Luna estuvo encarcelado desde septiembre de 2014 hasta octubre de 2015 por cargos que pretendían criminalizar su trabajo como defensor de los derechos humanos. Durante ese tiempo, Amnistía Internacional emitió varias Acciones Urgentes para pedir su puesta en libertad. Mario Luna quedó en libertad en octubre de 2015 después de que un juez decidiera que no existían pruebas suficientes contra él ni contra el también dirigente yaqui Fernando Jiménez (véase: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/2720/2015/es/). La comunidad yaqui y varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, mantuvieron que el enjuiciamiento de Mario Luna y Fernando Jiménez podría haber sido de motivación política, provocado por la participación de ambos en la campaña emprendida por la comunidad yaqui para reclamar su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en relación con la construcción de un acueducto que podría haber reducido el caudal de agua a disposición de la comunidad.

El Acueducto Independencia, que afecta a la comunidad yaqui, lleva ya varios años plenamente operativo. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las autoridades federales y estatales no habían cumplido sus obligaciones respecto a la comunidad yaqui, y ordenó que se tomaran medidas correctivas, en especial respecto a un nuevo informe de impacto ambiental y un proceso de consulta. Esta sentencia aún no se ha cumplido. En 2015, un instituto antropológico gubernamental concluyó que el acueducto afectaba seriamente a la supervivencia del pueblo yaqui, y que, por tanto, las autoridades debían considerar la posibilidad de suspender su funcionamiento para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.