El Salvador: Mujer condenada por injusta ley que viola derechos de mujeres y niñas

Mientras que los legisladores salvadoreños llevan meses aplazando el debate sobre la reforma del código penal que lograría  la despenalización del aborto, otra mujer sobreviviente de una violación es sentenciada a 30 años de cárcel por haber sufrido complicaciones del embarazo.

El 5 de julio, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, 19, fue sentenciada a 30 años de prisión por “homicidio agravado”. Según reportes de organizaciones locales, Evelyn Hernández fue violada pero no denunció el hecho por miedo. El 6 de abril de 2016 fue ingresada a un hospital en Cojutepeque, en el norte de El Salvador, tras haberse desmayado en casa. Estaba en trabajo de parto sin saber que estaba embarazada. El personal del hospital denunció a Evelyn a las autoridades. Éste es el caso más reciente de la injusta ley actual y subraya la urgencia de cambiar la ley anti-aborto que viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas salvadoreñas.

El aborto está penalizado desde 1998 en El Salvador en todas las circunstancias. Muchas mujeres y niñas, como Evelyn Hernández, han perdido la vida o han sido encarceladas a causa de esta prohibición total. El marco jurídico penaliza a todas las mujeres que se someten a una interrupción inducida del embarazo. Además crea una atmósfera de sospecha en torno a las mujeres que no están recibiendo atención médica o quienes reciben una atención restrictiva cuando sufren emergencias obstétricas. El caso de Evelyn Hernández es un ejemplo de ésto pues fue el mismo personal del hospital donde fue internada quien la denunció a las autoridades. En este contexto, mujeres como Evelyn Hernández, quienes sufrieron complicaciones obstétricas han sido acusadas de homicidio agravado y condenadas a penas de hasta 40 años, lo cual afecta gravemente su vida y la de su familia.

En octubre de 2016, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), presentó una propuesta para reformar el Código Penal con el fin de despenalizar el aborto cuando el embarazo constituya un riesgo para la vida de la mujer o la niña embarazada, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación y cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero. El debate tendrá lugar en dos fases: primero en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y luego en la Asamblea Legislativa del Congreso. Aún no ha comenzado el debate en la Comisión de Legislación, pero la reciente sentencia de Evelyn Hernández pone en evidencia la urgencia de debatir la reforma propuesta. Este es un momento crucial para pedir a los legisladores y legisladoras que apoyen la propuesta que respetará, protegerá y hará realidad los derechos de las mujeres y las niñas.

Información complementaria

El año 1998 fue un momento crucial para los derechos humanos de las mujeres en El Salvador. Fue entonces cuando el gobierno decidió dar un paso retrógrado. Mientras la mayoría de los países del mundo avanzaban hacia la liberalización de las restrictivas leyes sobre el aborto, El Salvador decidió penalizar el aborto en todas las circunstancias. La legislación que anteriormente había permitido el acceso al aborto en determinadas circunstancias —cuando la vida de la mujer corriera peligro, cuando el embarazo fuera consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación severa del feto— se reformó. A partir de entonces, el aborto pasó a ser considerado delito en todas las circunstancias, sin excepción.

Los datos demuestran que la prohibición total del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros. La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.

En los últimos años, al menos 17 mujeres salvadoreñas procedentes de entornos pobres y desfavorecidos fueron encarceladas injustamente tras juicios sin las debidas garantías en los que se utilizaron pruebas débiles y poco fiables, y en los que las acusadas tuvieron una defensa letrada deficiente. Todas sufrieron complicaciones relacionadas con el embarazo fuera de un entorno hospitalario y fueron acusadas inicialmente de haberse sometido a un aborto inducido. Posteriormente fueron condenadas a penas de hasta 40 años de prisión por homicidio agravado. Para más información, véase el informe Familias separadas, abrazos rotos: Mujeres encarceladas por emergencias obstétricas y el impacto en sus familias (https://www.amnesty.org/es/documents/amr29/2873/2015/es/).