Muchas veces peor que la muerte: Las desapariciones forzadas siguen siendo una sombría realidad

Las desapariciones forzadas están lejos de ser un problema resuelto. Cada año miles de personas en muchas regiones del mundo son llevadas a la fuerza por agentes del Estado que sin una orden de detención y, para extremar la angustia, se rehúsan a informar a dónde irán o dónde se encuentran.

Este comportamiento es un delito tipificado en el derecho internacional que hace a las víctimas más vulnerables de sufrir tortura, otros malos tratos, incluso la muerte. Es un estado que castiga tanto a la persona que se encuentra desaparecida como a sus familiares que ignoran completamente su paradero y su estado físico. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y hoy es preciso recordar que a los gobiernos del mundo les queda mucho por hacer para disminuir o erradicar definitivamente este delito de la vida de la ciudadanía.        

Amnistía Internacional ha denunciado reiteradas veces este delito y ha seguido con detenimiento muchos casos de familias que quedan desmembradas para toda la vida. En este sentido, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha advertido que "gobiernos de todo el mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto".

Todos los años cientos de miles de simpatizantes de la organización envían cartas personales de apoyo a familias o hacen llamamientos a las autoridades para reclamar el paradero de las personas desaparecidas.  

Es muy alto el número de países dónde siguen desapareciendo personas a manos de agentes del Estado, práctica que a menudo es llevada a cabo con la única intención de neutralizar la oposición y callar la disidencia, así se ha denunciado en el último informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el Mundo 2016/17 de Amnistía Internacional.

América

En México las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas. Al concluir el 2016, 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) se hallaban en paradero desconocido.

Sin duda, uno de los peores casos en Latinoamérica que despertó bastante indignación por parte de comunidad internacional fue la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. Se descubrió que mientras estas personas se dirigían a una protesta fueron atacados por la policía y hombres armados quienes se los llevaron y hasta entonces, tres años después, no se sabe la suerte de mucho de ellos. Solo se encontró e identificó un cuerpo de este grupo.

En países como Argentina, Bolivia, Chile y Perú, la impunidad constante y la falta de voluntad política para investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional —entre ellos, miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— que se habían perpetrado en el contexto de las dictaduras militares de décadas anteriores seguían negando la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias.

Hasta diciembre de 2016, la Unidad de Víctimas en Colombia había registrado las siguientes cifras: casi 8 millones de víctimas del conflicto armado desde 1985, entre las que destacan 46.000 víctimas de desaparición forzada; al menos 30.000 casos de toma de rehenes; más de 10.000 víctimas de tortura; y aproximadamente 10.800 víctimas de minas terrestres antipersonales y de artefactos explosivos no detonados. Las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros eran responsables de esos crímenes.

En Brasil 12 agentes de la Policía Militar fueron declarados culpables y condenados por los delitos de tortura con resultado de muerte, fraude de procedimiento y “ocultación de cadáver” en el caso de la desaparición forzada de Amarildo de Souza, en Río de Janeiro. Las investigaciones policiales declararon a 23 agentes de la Policía Militar sospechosos de la desaparición forzada de Davi Fiuza, de 16 años, en la ciudad de Salvador, estado de Bahía, en octubre de 2014. Sin embargo, el caso no llegó al Ministerio Público y ninguno de los acusados había sido juzgado al concluir 2016.

No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Estados Unidos, que incluían las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta de la CIA tras el 11 de septiembre.

El Juzgado de Mayor Riesgo de Guatemala resolvió que ocho ex miembros del ejército debían ser juzgados por cargos relativos a desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos cometidos en una base militar conocida como Creompaz, en la región de Alta Verapaz, al norte del país.

Europa

En Albania las autoridades no hicieron progresos para llevar ante los tribunales a los responsables de la desaparición forzada, ocurrida en 1995, de Remzi Hoxha, macedonio de etnia albanesa cuya suerte y paradero seguían sin conocerse. El gobierno empezó a cooperar con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas en la localización e identificación de los restos de albaneses que habían sido víctimas de desaparición forzada entre 1944 y 1991. Sin embargo, unas 6.000 personas continuaban desaparecidas.

Continuaron denunciándose graves violaciones de derechos humanos en el Cáucaso Septentrional de Rusia, incluidas desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante operaciones de seguridad.

Entre 2007 y 2016 en Chipre se realizaron 1.192 exhumaciones de las cuales solo se identificaron los restos de 740 personas desaparecidas (556 grecochipriotas y 184 turcochipriotas). Los índices de exhumación e identificación de restos mortales comenzaron a descender debido a que la información procedente de particulares se estaba agotando y a que persistían las trabas para que el Comité de Personas Desaparecidas en Chipre tuviera acceso a los archivos del ejército turco.

África

El gobierno de Argelia seguía permitiendo que los abusos graves contra los derechos humanos cometidos en la década de 1990 continuaran impunes, al no investigarlos ni hacer rendir cuentas a sus responsables. Los homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, violaciones y otras torturas cometidas por las fuerzas de seguridad, así como algunos abusos cometidos por grupos armados, podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.

Continuaron los informes de desapariciones forzadas en Burundi, en las que a menudo estaba implicado el Servicio Nacional de Inteligencia (SNR). Numerosos casos de 2015 seguían sin resolver. Jean Bigirimana, periodista del medio de comunicación independiente Iwacu, fue visto por última vez el 22 de julio de 2016. Un colega suyo recibió una llamada telefónica diciendo que se lo habían llevado personas que, según se creía, eran miembros del SNR. Más tarde se hallaron en un río dos cuerpos en avanzado estado de descomposición; ninguno pudo ser identificado.

En Camerún decenas de hombres, mujeres, niños y niñas acusados de apoyar a Boko Haram fueron torturados por miembros del Batallón de Intervención Rápida (unidad de élite del ejército) en la base militar conocida como Salak, cerca de Maroua, y por agentes de la Dirección General de Investigación Externa (servicio de inteligencia) en instalaciones situadas en la capital, Yaundé. Algunos murieron a consecuencia de la tortura y otros desaparecieron.

Al menos 64 soldados fueron víctimas de desaparición forzada tras negarse a votar al presidente en ejercicio en Chad. Algunos testigos explicaron que las fuerzas de seguridad identificaron a los soldados que apoyaban a candidatos de la oposición, les infligieron malos tratos en los puntos de votación, los secuestraron y los torturaron en centros de detención, tanto reconocidos como no reconocidos. Un total de 49 soldados quedaron en libertad, pero al término de 2016 seguía sin esclarecerse la suerte de los otros 15.

La Agencia de Seguridad Nacional de Egipto secuestró a cientos de personas sin que mediara orden judicial y las recluyó en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, sin supervisión judicial y sin acceso a familiares ni a asistencia letrada. Las autoridades siguieron negando su responsabilidad en este tipo de desapariciones forzadas, a pesar de que se reveló que muchos de estos casos eran obra de agentes de los servicios de Inteligencia Militar.

La policía y otros servicios de seguridad de Kenia llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, además de desapariciones forzadas y torturas. Willie Kimani, abogado de una organización que prestaba asistencia letrada gratuita, su cliente Josphat Mwendwa y el taxista que los transportaba, Joseph Muiruri, fueron secuestrados el 23 de junio en un lugar desconocido. El 1 de julio, sus cuerpos aparecieron abandonados en un río al este de Kenia; las autopsias revelaron que habían sido torturados presuntamente por agentes de seguridad.

Asia

Las autoridades de Corea del Norte detuvieron todas las investigaciones sobre secuestros de ciudadanos y ciudadanas japoneses, revocando así el acuerdo al que ambos países habían llegado en 2014, que incluía la investigación de estos casos. Según los medios de comunicación, la decisión se tomó después de que, a consecuencia de las pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte en enero, Japón impusiera de nuevo al país ciertas sanciones que había suavizado previamente. Por su parte, Corea del Norte había reconocido con anterioridad que sus agentes de seguridad habían secuestrado a 12 personas japonesas durante las décadas de 1970 y 1980.

Continuó siendo alarmante el número de desapariciones forzadas en Bangladesh, a menudo de simpatizantes del Partido Nacionalista de Bangladesh y de Jamaat e Islami, ambos partidos de oposición. Según la organización de derechos humanos Odhikar, el número de personas de las que no se había vuelto a tener noticia tras haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad ascendía al menos a 90.

Autoridades de los Emiratos Árabes Unidos sometieron a desaparición forzada a decenas de personas detenidas, algunas de ellas extranjeras, recluyéndolas durante meses en secreto y sin reconocer su detención, para interrogarlas. Tras ser puestas en libertad, muchas de ellas denunciaron haber sido torturadas y sometidas a malos tratos.

En Irak las milicias cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura de civiles que huían del conflicto, y destruyeron viviendas y otros bienes de carácter civil.

Según información publicada por la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas de Pakistán, la Comisión no había investigado aún 1.401 de los más de 3.000 casos de desaparición.

Las fuerzas gubernamentales de Siria mantenían a miles de personas recluidas sin juicio, a menudo en condiciones que constituían desaparición forzada, a las que se añadían las decenas de miles de personas cuya suerte y paradero seguían sin revelarse desde su desaparición forzada a manos de fuerzas gubernamentales de 2011 en adelante. Entre ellas había detractores y opositores pacíficos del gobierno, así como familiares de personas buscadas por las autoridades que habían sido detenidos en su lugar.

Amnistía Internacional pide:

Si los gobiernos no saben realmente dónde están recluidas las personas desaparecidas, deben hacer un mayor esfuerzo para averiguarlo. Si lo saben, deben dejarlas en libertad, o, si han muerto, ofrecer información detallada sobre el lugar donde ocurrió.

Los gobiernos deben:

• investigar y procesar a los responsables en un juicio justo;

• legislar para incorporar la Convención Internacional a la legislación nacional;

• aplicar la Convención Internacional y aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada;

• cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional;

• asegurarse de que quienes han sobrevivido a la desaparición forzada y quienes han perdido a sus seres queridos reciben reparación, que incluya indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.