“El primer ministro Modi tiene que decir a los dirigentes de Myanmar que no están haciendo lo suficiente para proteger a todas las comunidades del estado, sea deteniendo los abusos militares contra la población rohingya o al restringir el acceso a una ayuda humanitaria crucial a las personas que la necesitan”,  ha manifestado Aakar Patel, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.

El primer ministro Narendra Modi debe aprovechar su visita oficial a Myanmar para instar a las autoridades de ese país a que tomen medidas urgentes para proteger a la población civil del estado de Rakhine, afectado por la violencia, y levantar las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria internacional en ese estado, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Miles de personas, en su mayoría rohingyas, están sufriendo ya terribles abusos derivados de una desproporcionada campaña militar en Rakhine.

“El primer ministro Modi tiene que decir a los dirigentes de Myanmar que no están haciendo lo suficiente para proteger a todas las comunidades del estado, sea deteniendo los abusos militares contra la población rohingya o al restringir el acceso a una ayuda humanitaria crucial a las personas que la necesitan”,  ha manifestado Aakar Patel, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.

“Como amigo histórico de Myanmar, India puede desempeñar un papel importante para aliviar las tensiones y salvar vidas de civiles. El primer ministro Modi debe instar a las autoridades de Myanmar a que aborden la discriminación histórica y sistemática de la comunidad rohingya y de otras comunidades musulmanas en el estado de Rakhine, que ha dejado a la población atrapada en un ciclo de violencia y privación.”

La violencia estalló en el estado de Rakhine después de que, el 25 de agosto, un grupo armado rohingya atacase decenas de puestos de seguridad. La respuesta del ejército de Myanmar a los ataques es totalmente desproporcionada, y están llegando de la región informes de violaciones graves de derechos humanos.

“El gobierno de Myanmar tiene la obligación de investigar los ataques de agosto y de hacer que los responsables respondan ante la justicia; sin embargo, los ataques no pueden utilizarse como excusa para dar a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer atrocidades contra parte de la población. Todas las partes deben hacer gala de la máxima moderación y garantizar que se protege a las personas corrientes de violaciones de derechos humanos y abusos. Las fuerzas de seguridad deben hacer todo cuanto esté en su mano para distinguir a los miembros del grupo armado de las personas corrientes”, ha dicho Aakar Patel.

Según las cifras más recientes de la ONU, casi 90.000 personas refugiadas rohingyas han huido a Bangladesh, mientras que las autoridades de Myanmar han evacuado a más de 11.000 personas pertenecientes a otras minorías étnicas que viven en el norte del estado de Rakhine. Las actividades de ayuda humanitaria están suspendidas en la región septentrional del estado desde la semana pasada, mientras que en otras zonas las autoridades niegan a los actores humanitarios el acceso a las comunidades  necesitadas, pertenecientes sobre todo a la minoría rohingya.

“El primer ministro Modi debe aprovechar también su visita para presionar a las autoridades de Myanmar a fin de que permitan el acceso total y sin trabas a la ayuda humanitaria a las personas que la necesitan. Nada justifica negar ayuda para la supervivencia a personas desesperadas”, ha proseguido Aakar Patel.

“Al mismo tiempo, el primer ministro Modi debe reafirmar también el compromiso de su propio gobierno de proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo rohingyas en India, amenazadas recientemente con la expulsión.”

El ministro de Estado del Interior de India ha declarado que su gobierno considera que todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo rohingyas que están en India son inmigrantes ilegales. El Ministerio del Interior ha pedido a los gobiernos estatales que identifiquen y expulsen a los y las “inmigrantes ilegales del estado de Rakhine”.

“Con la amenaza de expulsar a las personas rohingyas que han buscado refugio en India, el gobierno del primer ministro Modi corre el riesgo de incumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por India y de empañar su historial de ayudar a quienes huyen de la persecución. Teniendo en cuenta los riesgos que afronta la población rohingya en Myanmar, su devolución sería inadmisible”, ha concluido Aakar Patel.

Información complementaria

La población refugiada rohingya que ha huido a Bangladesh ha denunciado haber sido testigo de terribles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Myanmar, como homicidios de personas que trataban de huir y el incendio de pueblos enteros.

A finales de 2016, el ejército de Myanmar lanzó una despiadada campaña en respuesta a un ataque cometido por extremistas rohingyas. En esa fecha, Amnistía Internacional documentó violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército —como violaciones, homicidios, torturas e incendios de pueblos— que podrían haber constituido crímenes de lesa humanidad.

A pesar de que acoge a miles de personas refugiadas, India no es Estado Parte en la Convención sobre los Refugiados de 1951 ni en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, y carece de un marco jurídico nacional para la protección de estas personas. El trato de la población refugiada se rige en gran medida por la Ley de Extranjería de 1946, que no distingue entre las personas solicitantes de asilo, las refugiadas y otras personas extranjeras. Según esta ley, la presencia física indocumentada en el país constituye delito.

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