Túnez debe cumplir su promesa de terminar con la impunidad de las fuerzas de seguridad

El uso de la tortura bajo custodia y las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad y la lucha antiterrorista continuarán imparables a menos que Túnez cumpla los compromisos formulados hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Durante la sesión de hoy se adoptó el resultado del tercer examen periódico universal sobre el historial de derechos humanos de Túnez. Las autoridades tunecinas aceptaron 189 recomendaciones sobre cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el país: entre otras cosas, se comprometieron a fomentar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, eliminar la tortura y otros malos tratos y garantizar que las medidas antiterroristas y de seguridad nacional no ponen en peligro los derechos humanos.

“Los compromisos formulados hoy por Túnez son un paso en la dirección correcta. Sin embargo, para que sus promesas sobre progreso en materia de derechos humanos se hagan realidad, el gobierno debe implementar rápidamente estas reformas”, ha manifestado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

Dos recientes proyectos de ley han puesto en duda el compromiso del gobierno para con la rendición de cuentas. La semana pasada, el Parlamento tunecino aprobó un controvertido proyecto de ley que concedía la amnistía a los funcionarios acusados de corrupción bajo el gobierno del ex presidente Zine El Abidine Ben Ali.

Los compromisos de Túnez respecto a las reformas del sector de la seguridad se verán seriamente socavados si el gobierno sigue adelante con un proyecto de ley conocido como “Proyecto de ley de represión de los ataques contras las fuerzas armadas”, que otorgaría a las fuerzas de seguridad inmunidad procesal por el uso innecesario de la fuerza letal y penalizaría las críticas contra la conducta policial. El proyecto de ley podría volver a presentarse al Parlamento en una fecha tan temprana como el mes que viene.

“Las promesas de Túnez de poner fin a la impunidad para las fuerzas de seguridad carecerán de sentido si las autoridades siguen adelante con un proyecto de ley que otorga a las fuerzas de seguridad protección frente al procesamiento por violaciones de derechos humanos. Las autoridades deben demostrar su decisión de mantener las promesas que han realizado hoy, y para ello deben eliminar de inmediato este proyecto de ley”, ha manifestado Heba Morayef.

Durante años, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades tunecinas que redoblen sus esfuerzos para reformar el sector de la seguridad y erradicar la impunidad. Sin embargo, desde 2011, la inmensa mayoría de las denuncias creíbles de tortura y otros abusos graves de las fuerzas de seguridad no se han investigado de manera independiente e imparcial, y sólo ha habido unos pocos procesamientos.

De las 248 recomendaciones formuladas por más de 100 países, Túnez ha adoptado 189, ha reconocido 55 y ha pospuesto 4 en su sesión de examen ante la ONU hoy.

Como parte de sus compromisos, las autoridades tunecinas han aceptado garantizar que todas las denuncias de tortura se investigan de manera imparcial y efectiva.

En su informe de febrero de 2017 Abuses under Tunisia’s state of emergency Amnistía Internacional destacó que, en nombre de la seguridad nacional, se han cometido abusos tales como tortura, detención arbitraria y restricciones de la libertad de circulación desde la caída del presidente Ben Ali en 2011.

“Túnez no debe dejar pasar esta oportunidad de cumplir los compromisos que ha contraído en virtud de su propia Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, y para ello debe implementar las reformas que ha prometido aplicar y debe realizar un progreso auténtico en materia de derechos humanos”, ha manifestado Heba Morayef.

Durante una reciente reunión con Amnistía Internacional en Túnez capital, Mehdi Ben Gharbia, ministro tunecino de Relaciones con las Autoridades Constitucionales, la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, habló sobre el resultado del examen realizado por la ONU sobre la situación de los derechos humanos. El ministro subrayó que el gobierno se toma “muy en serio” las recomendaciones relativas a la “integridad física” y que se están realizando esfuerzos para abordar la tortura, pero que está llevando tiempo superar el legado de la época de Ben Ali. El ministro añadió que las autoridades están realizando también un duro trabajo para poner fin a los exámenes anales forzados a los que se somete regularmente a los hombres sospechosos de mantener relaciones homosexuales. Amnistía Internacional considera que estos exámenes constituyen tortura.

A este respecto, Amnistía Internacional ha manifestado hoy su satisfacción por el hecho de que Túnez haya aceptado dos recomendaciones de cesar inmediatamente la práctica de los exámenes anales forzados y garantizar la protección de las personas LGBTQI frente a toda forma de estigmatización, discriminación y violencia. No obstante, la organización lamenta profundamente que Túnez haya rechazado 14 recomendaciones relativas a despenalizar las relaciones homosexuales derogando el artículo 230 del Código Penal.

Durante la sesión de hoy, las autoridades tunecinas se han comprometido también a conformar las leyes nacionales con la nueva Constitución del país y con las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional insta ahora a las autoridades a acelerar el largamente demorado proceso de establecer un tribunal constitucional y a reformar el código penal del país para garantizar que todos los artículos relativos a la libertad de expresión y asociación, la tortura y la pena de muerte son conformes con el derecho internacional.

Resulta desalentador que Túnez haya rechazado una recomendación de poner fin a los juicios militares de civiles, una práctica que viola las normas internacionales sobre juicios justos.

Este es el tercer examen periódico universal de Túnez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional ha presentado una declaración oral en la sesión de hoy y, antes de ella, presentó un informe al Consejo en el que destacaba los principales problemas de derechos humanos del país y formulaba recomendaciones clave.

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