República Democrática del Congo: Libertad para activistas de derechos humanos

Las autoridades de la República Democrática del Congo deben poner en libertad inmediata e incondicional a nueve activistas congoleños de derechos humanos y en favor de la democracia detenidos injustamente por su participación en actividades pacíficas, han declarado hoy 45 organizaciones congoleñas e internacionales de derechos humanos. Cuatro de los activistas fueron detenidos el 14 y el 15 de julio de 2017 en Mbuji-Mayi, y cinco más el 31 de julio en Lubumbashi.

“Las autoridades congoleñas han encarcelado a estos activistas por participar en protestas pacíficas en las que se pedían elecciones y que se respetara la Constitución de Congo”, ha afirmado Ida Sawyer, directora para África Central de Human Rights Watch. “El gobierno debe ponerlos en libertad de inmediato y garantizar que todas las personas congoleñas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y a expresar sus opiniones políticas.”

Los nueve activistas son parte de los cientos de personas detenidas desde 2015 en el contexto de la represión generalizada por el gobierno congoleño de quienes se oponen al intento del presidente Joseph Kabila de mantenerse en el poder después de los dos mandatos que prevé la Constitución, que finalizaron en diciembre de 2016. Además de a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a los activistas en favor de la democracia, el gobierno ha sometido a hostigamiento a líderes y simpatizantes de la oposición política, periodistas y personas supuestamente relacionadas con la oposición política. Hay muchas personas que llevan recluidas semanas o meses en detención secreta, sin cargos y sin acceso a sus familias y abogados; algunas denuncian que han sido objeto de malos tratos o torturas, y hay quienes sufren graves complicaciones de salud. Muchas han sido juzgadas por cargos falsos.

Los cuatro activistas detenidos en Lubumbashi habían participado en una protesta pacífica el 31 de julio contra el hecho de la que la comisión electoral nacional no hubiera publicado un calendario electoral, que muchos consideraban un paso fundamental para garantizar la celebración de elecciones antes de que finalice 2017, como pide un acuerdo de reparto de poder mediado por la iglesia católica a finales de 2016. Durante las protestas celebradas en todo el país ese día las autoridades detuvieron al menos a 128 personas, entre las que había 11 periodistas.

Las autoridades pusieron en libertad a varias de las personas detenidas en Lubumbashi al cabo de unas horas, pero cinco fueron trasladadas a la fiscalía y acusadas de “provocación” y de “incitar al desacato de las autoridades públicas”: Timothée Mbuya, presidente de Justicia, una de las principales organizaciones de derechos humanos de Lubumbashi; Jean Mulenda, activista del movimiento ciudadano Lucha por el Cambio (LUCHA); Jean-Pierre Tshibitshabu, activista y periodista de Radio Télé Kabekas (RTKA); Patrick Mbuya, activista de derechos humanos y miembro de l’Amicale des Jeunes Congolais Bomoko (AJC BOMOKO); y Erick Omari, que dijo que era un viandante.

Los cinco fueron trasladados ese mismo día a Kasapa, la prisión central de Lubumbashi. El 29 de agosto, todos salvo Timothée Mbuya fueron declarados culpables y condenados a ocho meses de prisión. Como abogado, Mbuya compareció primero ante dos tribunales con jurisdicción superior; en la actualidad está enjuiciado por el mismo tribunal que condenó a los otros cuatro activistas. El juicio está en curso.

“Manifestarse pacíficamente para pedir la publicación de un calendario electoral es parte del ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la Constitución congoleña”, ha declarado Patrick Ilunga, director de relaciones públicas de Justicia. “El poder judicial congoleño no debe servir de instrumento de la represión, sino hacer cumplir la Constitución y poner fin a todos los enjuiciamientos por motivos políticos.”

Los activistas de LUCHA detenidos en Mbuji-Mayi, en el sur de Congo, los días 14 y 15 de julio son: Nicolas Mbiya Kabeya, Josué Cibuabua Kalonda, Kabongo Kadima y Mamie Ndaya. Primero fueron recluidos bajo custodia de la Agencia Nacional de Inteligencia, sin acceso a sus familias o abogados; luego, el 20 de julio, los trasladaron a la fiscalía de Mbuji-Mayi, y posteriormente a la prisión central de Mbuji-Mayi, donde siguen detenidos.

Estos activistas en favor de la democracia habían estado investigando la transparencia del proceso de inscripción de votantes en la provincia de Kasai Oriental y fueron acusados de revelar información personal facilitada por los ciudadanos y ciudadanas a la comisión electoral nacional durante la inscripción de votantes, cargos que parecen tener motivación política, han declarado las organizaciones. El 15 de septiembre la fiscalía pidió cinco meses de prisión para los cuatro. El Tribunal Superior de Mbuji-Mayi dará a conocer su sentencia el 26 de septiembre.

“Las autoridades congoleñas deben acabar de inmediato con su represión de los derechos a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”, ha manifestado Evie Francq, investigadora sobre Congo de Amnistía Internacional. “Deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas defensoras de los derechos humanos y activistas detenidas injustamente en Mbuji-Mayi y Lubumbashi.”

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