Tasa de homicidios en Venezuela es 11 veces la del resto del mundo, ¿cómo enfrentarla?

Como parte de las actividades realizadas por Amnistía Internacional Venezuela durante la semana contra la violencia armada, el abogado y profesor, Keymer Ávila, dictó una importante charla sobre homicidios y seguridad ciudadana en Venezuela, temática que sin lugar a dudas nos preocupa a todos por vivir en un país que vergonzosamente ostenta una de las tasas más altas del mundo en materia de asesinatos.

Durante el conversatorio, realizado en los espacios de la librería Lugar Común en Caracas, el investigador resaltó que el país enfrenta una de las peores situaciones de violencia armada en su historia al registrar una tasa de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes durante todo el año pasado.

Ávila resaltó que la tasa de homicidios venezolana es 11 veces más alta al promedio mundial establecido por las Naciones Unidas, organismo que la sitúa en 6,2 homicidios por cada 100 mil personas. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un rango de asesinatos mayor a una tasa de 10 puede ser considerado como una epidemia.

Investigaciones publicadas por organismos internacionales revelan que América Central es la tercera región más peligrosa del mundo y América del Sur la segunda con más registros de muertes violentas. El primer lugar lo continúa ocupando África del Sur.

Sin embargo, la violencia no es solo un fenómeno que se ha exacerbado en Venezuela. El profesor explicó que durante la última década esta tasa ha sufrido un repunte en países de la región americana, dejando un saldo de más de un millón de personas asesinadas a causa de la criminalidad violenta, específicamente entre los años 2000 y 2010.

Abordaje de la violencia venezolana: últimos años

El abogado y especialista en criminología indicó que propuestas de políticas autoritarias que se caracterizan por el aumento de penas, disminución de garantías y una clara actividad represiva por parte de los cuerpos de seguridad; no ha disminuido la violencia, más bien la ha acentuado a lo largo y ancho de todo el país.

Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) es un ejemplo claro del fracaso de las políticas de seguridad de este tipo. Ávila indicó que este mecanismo descuida totalmente los aspectos sociales y preventivos que debe incluir cualquier política de seguridad eficaz, aferrándose a técnicas represivas y de expansión del aparato policial, militar y penal que han dejado evidentes muestras de violaciones a los derechos humanos.

Dijo que el repunte de los índices de violencia representa para algunos analistas la pérdida de la institucionalidad en el país que usualmente se desencadena cuando confluyen eventos que fracturan la estabilidad política de una nación.

Aseguró que el propio Sistema Penal no pareciera contribuir actualmente a la reducción de las tasas de homicidios, ni tampoco esto se presenta como su prioridad. Por ello, vemos que dentro de la población encarcelada hoy en día menos de un 20% son homicidas, el  otro 80% está representado por delincuentes relacionados a delitos contra la propiedad o vinculados con drogas, la mayoría de los casos de bagatela.

Además, puntualizó que por ningún motivo se debe “criminalizar las políticas sociales” para lograr buenos resultados. “Una política de seguridad debe tener como marco de referencia una política social general y nunca debe permitirse que la primera suprima la segunda a través de la criminalización. Es decir, pretender emprender políticas sociales desde espacios que son propiamente para la seguridad ciudadana es un error. Por ejemplo, los agentes policiales no son maestros y no deberían dar charlas de temas ajenos a la seguridad, el Ministerio de Interior no debería inaugurar canchas, para eso está la cartera de deportes.”

Datos fiables no existen

La información oficial sobre el fenómeno de homicidios en el territorio venezolano es inaccesible para los investigadores independientes y en algunos casos no existe. Esto conlleva a que nunca se conozca a ciencia cierta la dimensión del problema y sectores de la población trabajen sobre estimaciones de la realidad, basadas en metodologías cuestionables y tendenciosas. 

El acceso a información fiable se hace aún más difícil cuando los autores de los homicidios son los mismos funcionarios de seguridad del Estado, recalcó Ávila. Este fenómeno en los últimos años ha demostrado un repunte especialmente con las actuaciones de las OLP. “Las muertes a manos de agentes del Estado aumentaron en más del 340% en los últimos dos años”.

Indicó que la violencia institucional ha profundizado la fuerza de la violencia delictiva, en otras palabras, la violencia ejercida con fines de control gubernamental ha generado más violencia social. “En el año 2016 los asesinatos por parte de funcionarios de seguridad del Estado aumentaron en 163%, mientras que la tasa de homicidios también subió 22%.”

Ante la opacidad en la información, el profesor reiteró que el Estado debe aplicar de manera urgente una política de transparencia en la difusión de información para resolver los problemas de una forma más eficaz y engranada con otros sectores de la población interesados en la reducción de la violencia en el país.

Un excelente modelo a seguir para este objetivo es el Protocolo de Bogotá sobre calidad de los datos de homicidio en América Latina y el Caribe presentado en una conferencia regional en septiembre de 2015. En él se establece una serie de criterios técnicos, con el objetivo de ofrecer un elevado grado de validez, fiabilidad y transparencia en los datos e información que surjan de los casos delictivos.

Este protocolo está destinado a servir como referencia para las instituciones de producción de datos oficiales de homicidio y para los gobiernos nacionales o locales, sin reemplazar los métodos oficiales que ya existan en cada país[1].

Finalmente, Ávila manifestó que no existen fórmulas mágicas para solucionar los problemas sociales que deriven de la violencia, pero sí hizo hincapié en que el Estado no debe cesar su labor por encontrar mecanismos eficientes que enfrenten y reduzcan el problema de la violencia en el país. En este sentido, el experto ofreció algunas recomendaciones a las autoridades venezolanas[2]:

1. Investigar problemas y situaciones específicas que arrojen datos concretos para su análisis.
2. Controlar y fiscalizar las instituciones policiales y militares para que no incurran en violaciones a los derechos fundamentales.
3. Hay que evitar que los cuerpos de seguridad lleven el control político de la seguridad ciudadana.
4. Predominio de estrategias inteligentes de seguridad ciudadana sobre técnicas de fuerza o mano dura.
5. Plantear como meta prioritaria para la nación la reducción de los homicidios. Para ello es necesario:  
1. Sincerar y hacer del conocimiento público la tasa nacional de este fenómeno.
2. Robustecer las técnicas de búsqueda y captura de las personas solicitadas por homicidios, sin incurrir en ejecuciones extrajudiciales.
3. Velar porque los detenidos sean procesados legalmente.
4. El Sistema Penal debe priorizar todos los casos de homicidios del país.
6. Asegurar una política real y aplicable de control y regulación de armas.
7. Revisar la selección del personal que labora en el Sistema de Justicia constatando sus méritos técnicos y referencias morales.
8. No abordar los problemas de la seguridad ciudadana como un asunto legislativo. 
9. Hacer uso racional del Sistema Penal, el Estado intervenir penalmente solo en los casos que realmente lo ameriten.
10. Crear espacios sociales para la resolución de conflictos, la medición y la garantía del acceso a la justicia.
11. Garantizar la presencia de las instituciones del Estado encargadas en satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, como alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda.

 Por Daniela Damiano