Colombia: Comunidades indígenas y afrodescendientes en riesgo por posible enfrentamiento de grupos paramilitares

La Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó reportó a Amnistía Internacional que el día 2 de diciembre más de 100 miembros del grupo paramilitar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) incursionaron en la comunidad Indígena de Pichindé, de etnia Embera, situada sobre el rio Taparal, afluente del río Chintadó, en el municipio de Riosucio, Chocó. La comunidad de Pichindé está compuesta por 260 habitantes de 54 familias., las cuales se encuentran confinadas luego de ser amedrentadas por el grupo armado.

Sobre el rio Chintadó hay otras dos comunidades indígenas: Marcial con 308 habitantes de 75 familias y Jagual con un promedio de 460 habitantes de 100 familias. Cerca de allí está también situada la comunidad afrodescendiente de Taparal que tiene un promedio de 380 habitantes de aproximadamente 50 familias. Estas comunidades se encuentran actualmente confinadas y temen ante posibles enfrentamientos dentro de sus comunidades entre la AGC y el Ejército de Liberación Nacional, quien venía haciendo presencia en el territorio. Esta situación ya ha sido denunciada ante las autoridades competentes y urge que se active el mecanismo de seguridad y de atención a las comunidades en riesgo, así como acciones concretas de protección y atención ante posibles desplazamientos de los habitantes de estos ríos.

Escriban a las autoridades inmediatamente en español o en su propio idioma:

- Reclamando una presencia integral de las entidades del Estado encargadas de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de poblaciones indígenas y afrodescendientes en zonas de riesgo en el Chocó por presencia de actores armados;

- Exigiendo medidas de protección colectivas inmediatas para estas comunidades, que garanticen la vida e integridad de sus líderes/as indígenas y afrodescendientes y de sus integrantes, en consulta con ellos y de acuerdo con sus deseos;

- Requiriendo la respuesta integral del Estado para ejecutar planes de prevención y protección de comunidades indígenas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado, en cumplimiento a lo ordenado en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.

Envíen llamamientos antes del 16 de enero de 2018 a:

Presidente

Juan Manuel Santos           
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 Bogotá, Colombia              
Correo-e: [email protected]
Tratamiento: Estimado Señor Presidente

Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Yolanda Pinto      
Calle 16 # 6-66. Edificio Avianca Piso 19
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 4261111
Tratamiento: Estimada Señora Directora

Y copias a:

Defensor del Pueblo
Señor Carlos Alfonso Negret
Carrera 9 Núm.16 - 21
Bogotá D. C., Colombia
Correo-e: [email protected]

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Amnistía Internacional viene denunciado públicamente el aumento de desplazamiento y confinamiento de comunidades étnicas del Chocó. Estas continuas violaciones a los derechos humanos ponen de manifiesto uno de los principales obstáculos para la aplicación del proceso de paz: la protección de las comunidades que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la necesidad de garantizar que estos actos deplorables no quedan sin castigo” (más información en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/11/la-encrucijada-colombiana-a-un-ano-de-la-paz/).

El 22 de noviembre Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación de derechos humanos y garantías de no repetición en el departamento del Chocó que se llama Continúan los años de soledad: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó (https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/) y lanzó una petición al Presidente de Colombia para que brinde protección individual y colectiva a pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes del Chocó que se encuentran en riesgo (vea la petición https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/protect-ethnic-communities-from-violence-and-abuse-in-colombia/).

En la primera mitad de 2017, los Pueblos Indígenas del Chocó denunciaron al menos dos incursiones paramilitares en sus territorios. La primera tuvo lugar el 6 de marzo y causó el desplazamiento masivo de familias y el confinamiento de comunidades cercanas en Peña Azul (más información en https://www.amnesty.org/es/documents/AMR23/5826/2017/es/). La segunda tuvo lugar el 18 de abril en el territorio colectivo de Jiguamiandó, próximo a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo (más información en https://www.amnesty.org/es/documents/AMR23/6082/2017/es/).

En el departamento del Chocó persisten los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos selectivos de miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas, desplazamientos colectivos forzados, confinamiento de comunidades y reclutamiento forzoso niños y niñas.

Los Pueblos Indígenas del Chocó viven expuestos a continuas amenazas y actos de violencia por parte de los grupos armados paramilitares; por ello, en 2009, la Corte Constitucional de Colombia dictó el Auto 004, en el que exhortaba al gobierno colombiano a tomar medidas, con una perspectiva étnica, para concebir y desarrollar una política pública sobre el desplazamiento forzado, con miras a proteger la vida, la libertad y la diversidad cultural, entre otros derechos.

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