Cómo un venezolano que vive con el VIH podría cambiar la forma en que México trata a las personas refugiadas

Mientras Daniel,* un arquitecto de 26 años, permanecía frente a un médico visiblemente exhausto en el principal hospital público de la que había sido la idílica localidad turística costera de Isla Margarita, en el norte de Venezuela, tuvo una terrible premonición.

“No estamos haciendo pruebas de carga viral hasta nuevo aviso. La máquina no funciona y no tenemos reactivos”, le dijo el hombre de la bata blanca.

Era principios de junio de 2015 y Venezuela estaba al borde de una crisis humanitaria que obligaba a la gente a hacer fila para conseguir alimentos y suministros médicos básicos. Un par de días antes, durante una revisión médica de rutina, a Daniel le habían diagnosticado como portador del VIH.

Las pruebas de las que hablaban eran esenciales para determinar el tipo de tratamiento que necesitaba. Pero el principal hospital de uno de los estados más ricos de Venezuela no tenía los suministros necesarios para hacerlas.

En gran parte del mundo, los avances en el tratamiento han hecho que el VIH sea ahora una enfermedad crónica y manejable similar a la diabetes, pero en Venezuela puede significar ahora una enfermedad grave y riesgo de muerte.

La premonición de Daniel era brutalmente simple: no hay pruebas. No hay tratamiento. No hay futuro.

La falta de todo

“Finalmente, los doctores me dijeron que tendría que esperar al menos tres meses para hacerme los exámenes y comenzar el tratamiento. Yo no podía esperar tanto”, recuerda Daniel.

Ante esta abrumadora situación, eligió algo que no podía permitirse la mayoría de la población venezolana: consiguió todo el dinero que pudo y acudió a un centro de salud privado.

Pero en Venezuela, donde cuesta seguir el ritmo del tipo de cambio, cada vez más alto, y hace falta un par de montones de billetes para comprar una pizza, esto fue más complicado de lo que pensaba.

En aquel momento, Daniel ganaba 180.000 bolívares (la moneda venezolana) al mes, mucho más que el salario mínimo, que era entonces de casi 10.000 bolívares. Las pruebas costaban 120.000.

Daniel tenía que hacerse una prueba cada cuatro meses para garantizar que estaba recibiendo el tratamiento correcto.

Tras las pruebas, sus médicos le recetaron un antirretroviral —fundamental para mantener su sistema inmunitario fuerte y prevenir que las enfermedades oportunistas hicieran estragos en su organismo— y multivitaminas para mantener su sistema inmunitario sano. Con el diagnóstico y la receta en la mano, Daniel emprendió una búsqueda en toda la isla.

Finalmente consiguió 30 pastillas, suficiente para un mes, pero fue casi imposible encontrar las multivitaminas sin receta.

En 2015, las farmacias, infraabastecidas, estaban acostumbradas a ver a clientes con recetas para un medicamento y una larga lista de medicinas alternativas.

Según el informe de una coalición de organizaciones sociales y de salud de Venezuela, en 2015 la mayoría de los hospitales públicos tenían una escasez del 80% de medicamentos y el 70% de suministros médicos. Mientras tanto, el 60% de los equipos sencillamente no funcionaba, y más del 50% del personal médico se había marchado del país.

Desde entonces la situación se ha deteriorado aún más. En marzo de 2016, había una escasez del 85% de medicamentos y suministros médicos básicos en todo el país.

Crisis humanitaria

En Venezuela, el 90% de los medicamentos y suministros médicos son importados y se pagan con divisas, que administra y controla estrictamente el Estado.

En 2010, cuando la economía venezolana empezó a estar fuera de control, el difunto presidente Hugo Chávez limitó la cantidad de divisas que asignaba a los sectores de la salud y la alimentación. Entre 2014 y 2015, su sucesor, Nicolás Maduro, la redujo un 65%. Dado que ninguno de estos medicamentos se producen en el país, con el tiempo, 7 de cada 10 medicinas simplemente desaparecieron.

La crisis se agravó cuando, debido al aumento de las deudas de Venezuela desde 2010, la mayoría de los proveedores de medicamentos dejaron de vender al país.

El gobierno dejó de publicar estadísticas de salud, como causas de muerte, hace al menos tres años. Por tanto, es imposible saber el número de muertes debidas a la desintegración del sistema de salud del país, pero los expertos temen que podrían ser miles.

En lo que se refiere al VIH, el panorama es aún peor.

Según Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria, organización local de lucha contra el VIH/sida en el país, el sistema de salud está en una situación crítica.

“Estamos atravesando una crisis humanitaria. En el 2014, el gobierno aceptó medicinas de la Organización Panamericana de la Salud, pero no alcanzan y no hay signos que van a haber medicinas disponibles el próximo año. Estimamos que aproximadamente 77.000 personas no tendrán medicinas desde febrero. Hemos retrocedido décadas”, dijo desde su oficina en Caracas.

La organización de Feliciano recibe donativos de medicamentos de particulares que reparte entre los cientos de personas desesperadas que llaman a su puerta cada día.

“El daño que esta situación produce en los pacientes es incalculable. La incertidumbre, la ansiedad. Reciben la medicina hoy, pero no saben qué van a hacer el próximo mes.”

Una carta que le cambió la vida

Para Daniel, la vida era cada vez más insoportable.

Con el paso de los meses y la subida de los precios de las pruebas que necesitaba, empezó a tener dificultades para pagarlas. Las largas jornadas de trabajo en un estudio de Isla Margarita no le dejaban tiempo para hacer las filas, aparentemente interminables, en las escasas tiendas de propiedad estatal que vendían comida a “precios controlados”.

Cada vez estaba más estresado y su salud se deterioró. Pasó de pesar 78 kilos a pesar 64.

“Me impresionaba que cada vez que me iba a hacer una examen estaba 100% o 200% más caro que la vez anterior. Sabía que iba a llegar el momento en el que no iba a poder pagarme el examen médico o si me pagaba eso, no iba a poder pagar la consulta. Fue entonces cuando entré en crisis y sabía que la única opción era irme como fuera”, dice.

Cuando conozco a Daniel en México, está sentado tras una mesa en su minimalista estudio de diseño, en una pequeña y luminosa casa de las afueras de Mérida, en el sur de México. Comparte el lugar con su compañero, también venezolano.

Está contento y no es para menos.

Unos días antes, había recibido una carta que iba a cambiarle la vida.

Es un documento de 21 páginas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el que este organismo oficial muestra una nueva tendencia en la forma en que las autoridades mexicanas deciden a quién aceptan como refugiado y a quién no.

El él se detalla la situación actual en Venezuela y se afirma que la falta de medicamentos esenciales que salvan vidas es parte de la “violación masiva de derechos humanos” del país que justifica que México conceda asilo en este caso.

La historia de Daniel es la de apenas un pequeño grupo de personas. Daniel es uno de los primeros venezolanos acogidos en México como refugiado por no poder encontrar tratamiento médico esencial para su vida en su país.

En los últimos años, México ha rechazado a más solicitantes de asilo que los que ha acogido. La mayoría proceden de Centroamérica y huyen de terribles índices de delincuencia violenta.

Tradicionalmente, para ser considerado refugiado en México, la persona tiene que demostrar que su vida corre peligro en su país de origen, debido a la guerra o a la violencia generalizada. Estar enfermo no ayudaba a que alguien fuera reconocido como refugiado.

Pero los abogados de Daniel utilizaron una disposición legislativa poco conocida fuera de Latinoamérica, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, para argumentar que la falta de medicamentos en Venezuela representaba un riesgo tal para su vida que equivalía a una “violación masiva de derechos humanos”.

Los expertos consideran que este tecnicismo podría abrir la puerta a miles de personas refugiadas venezolanas.

Carolina Carreño, de Sin Fronteras, la organización que ayudó a Daniel a obtener asilo, no se deshace en elogios a las autoridades mexicanas.

“Aplaudimos que el gobierno tomara este caso, pero están haciendo lo que las leyes dicen. Pero todavía hay muchos retos en el tema de refugiados en el país. Hay problemas con la identificación de personas que tienen necesidad de protección internacional y de la ayuda que necesitan una vez que son reconocidas como refugiadas.”

Éxodo masivo

La desesperación de Daniel por salir del país no es nada rara: el número de personas que huyen de Venezuela se ha disparado en los últimos años.

Según los últimos datos disponibles del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre enero de 2014 y octubre de 2017, 100.000 venezolanos y venezolanas solicitaron asilo en todo el mundo y las cifras se duplicaron en la primera mitad de 2017. Mucha gente cree que la única forma de huir de la crisis es marcharse del país.

Según el ACNUR, México es uno de los siete primeros países adonde están huyendo las personas venezolanas. Los otros seis son Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos, Panamá y Perú.

Sin embargo, es probable que el número de personas refugiadas sea muy superior, pues muchas huyen a países vecinos —como Colombia— y no solicitan asilo nunca.

Según las cifras de la COMAR, en 2013 solamente una persona de Venezuela solicitó asilo en México. En el primer semestre de 2017, esa cifra había aumentado a 2.676, por detrás únicamente del número de solicitantes de asilo procedentes de Honduras, asolada por la violencia.

A medida que ha ido creciendo el “éxodo venezolano”, los países de las Américas han tratado de afrontar el reto y han elaborado estrategias para ocuparse de la nueva afluencia de personas refugiadas.

Colombia, por ejemplo, creó un permiso de estancia especial para las personas venezolanas que entraron legalmente en el país antes de julio de 2017 y tenían un pasaporte sellado. Se supone que esta medida beneficiaría a 210.000 personas, sin embargo solo ha beneficiado a 65.000 personas.

Brasil creó un permiso de residencia temporal de dos años por motivos humanitarios, dando a miles de personas el derecho a trabajar.

En febrero de 2017, Perú creó un permiso de residencia temporal que benefició a 11.000 personas.

Pero la decisión de México de reconocer la condición de refugiado a Daniel, basándose en una causa humanitaria, sorprendió a sus abogados.

El largo camino desde casa

Pero el viaje desde Venezuela a México no fue nada fácil.

A su llegada a Cancún en marzo de 2017, los sueños de seguridad de Daniel quedaron interrumpidos cuando las autoridades de inmigración lo detuvieron en el aeropuerto y rechazaron su solicitud de asilo, a pesar de que tenía una gruesa carpeta llena de documentos que demostraban que necesitaba protección.

Lo introdujeron en un avión de regreso a Maracaibo, Venezuela.

Pero Daniel no se rindió. No podía permitírselo.

Daniel y su pareja, que ya estaba viviendo en México, consultaron con los abogados de una organización mexicana de ayuda a las personas refugiadas que dedicaron tres meses a preparar una argumentación sin fisuras.

Mientras tanto, la situación en Venezuela se había deteriorado aún más.

El barrio donde vivía Daniel se había vuelto cada vez más peligroso, y éste tuvo que caminar 16 kilómetros hasta la agencia de viajes para comprar un billete de avión a México, pues no había ningún medio de transporte, ni gasolina para los automóviles.

“Ahí me di cuenta que estábamos tocando fondo. Me preguntaba cómo iba a hacer si tenía que quedarme ahí, cómo haría para ir a buscar mi medicamento. Hay muchos comercios que ya no estaban trabajando por miedo a saqueos y porque la gente no tenía cómo llegar. Era todo un poco apocalíptico.”

Daniel sabía que este intento de pedir asilo sería el último porque no iba a poder reunir el dinero para viajar de nuevo.

Por Josefina Salomón, Amnistía Internacional @josefinasalomon