Irán: El uso obligatorio del velo es abusivo, discriminatorio y humillante: debe cesar la persecución de las mujeres que protestan pacíficamente contra él

Las autoridades iraníes deben poner en libertad inmediata e incondicional a una mujer que fue detenida el 27 de diciembre de 2017 en Teherán por participar en una protesta pacífica contra el uso obligatorio del velo (hiyab). Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La organización ha reiterado sus llamamientos a las autoridades iraníes para que dejen de perseguir a las mujeres que alzan su voz en contra del uso obligatorio del velo, y para que eliminen esta obligación discriminatoria y humillante. Este uso obligatorio del velo ha violado durante décadas los derechos de las mujeres en Irán, incluido su derecho a no sufrir discriminación y a gozar de la libertad de creencia y religión y de la protección frente a la detención y reclusión arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

En las plataformas de redes sociales se ha hecho viral desde el miércoles 27 de diciembre de 2017 un vídeo que muestra a una mujer de pie, sola, sobre una estructura de cemento en una concurrida sección de la calle de Enqelab (Revolución) de Teherán, sin pañuelo en la cabeza y ondeando en silencio una bandera blanca, en aparente protesta contra el código indumentario islámico preceptivo en el país que, entre otras cosas, obliga a las mujeres a cubrirse el cabello con un pañuelo. El vídeo fue obtenido y publicado por Miércoles Blancos, una campaña popular que insta a las mujeres a compartir en las redes sociales cada miércoles imágenes y vídeos de ellas mismas llevando pañuelos o trozos de tela blancos en protesta por el uso obligatorio del velo.

 

Según tres testigos presenciales, unos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley detuvieron a la mujer allí mismo y la llevaron a un centro de detención cercano conocido como Kalantari 148. Desde entonces no se ha hecho pública información alguna sobre la suerte y el paradero de la mujer, lo que hace temer por su seguridad y su bienestar, y lo que ha impulsado a miles de personas a participar en una campaña emprendida en las redes sociales con la etiqueta en inglés #Where_is_She? y su equivalente en persa. Amnistía Internacional ha sabido por dos fuentes independientes que el nombre de la mujer ha sido ocultado hasta ahora por su familia ante el temor por su seguridad.

 

El 22 de enero de 2018, la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh escribió en su página de Facebook que, mediante su investigación, ha descubierto que la mujer fue liberada inicialmente después de su detención pero posteriormente fue detenida de nuevo. La abogada ha declarado que se ha iniciado una causa penal contra la mujer en la Fiscalía de la Zona 6 de Teherán. Según la información obtenida y hecha pública por Nasrin Sotoudeh, la mujer, de unos 31 años de edad, tiene un bebé de 19 meses.

 

Amnistía Internacional ha sabido que, el mismo 27 de diciembre de 2017, otra mujer, de unos 18 años, fue detenida también en Teherán por protestar pacíficamente contra el uso obligatorio del velo. El nombre de esta mujer también ha sido ocultado por su familia y su abogado ante el temor por su seguridad. La mujer permanece recluida en prisión preventiva en la cárcel de Gharchak, en Varamin, cerca de Teherán, donde se recluye en condiciones sumamente malas a mujeres condenadas por delitos violentos.

 

 

Las detenciones del 27 de diciembre de 2017 parecen formar parte de una represión más amplia contra las mujeres de Irán que desafían de forma pacífica el uso obligatorio del velo mediante acciones que incluyen unirse a la campaña de los Miércoles Blancos y apoyarla.

 

Amnistía Internacional teme que las mujeres que participan en esta campaña corran peligro de ser detenidas, interrogadas, procesadas y encarceladas.

 

El 15 de agosto de 2017, la defensora de los derechos humanos de las mujeres Shima Babaee recibió una llamada telefónica amenazadora de la oficina de la Policía de Seguridad en materia de Moralidad (amniat-e akhlaghi) en Teherán, en la que la citaban para interrogatorio. Esa llamada se produjo después de que en las plataformas de redes sociales de los Miércoles Blancos se publicaran varios vídeos en los que Shima hacía declaraciones contra el uso obligatorio del velo. Cuando se negó a acudir al interrogatorio, las autoridades de la Policía de Seguridad en materia de Moralidad emitieron una citación por escrito en la que exigían su comparecencia en sus oficinas de Teherán el 19 de agosto de 2017. Ese día, Shima Babaee fue interrogada durante aproximadamente una hora y media, sin la presencia de un abogado. Según ha dicho, los responsables de su interrogatorio la sometieron a preguntas agresivas y la acusaron de participar en una campaña “antirrevolucionaria” y de “desobedecer” las leyes del país.

 

Shima Babaee ha declarado que los agentes que la interrogaron le gritaron y la insultaron cuando insistió en su derecho a expresar pacíficamente su oposición al uso obligatorio del velo llevando un pañuelo blanco, y cuando su padre, presente en la sala de interrogatorio, protestó por los insultos, dos agentes de seguridad lo agarraron por los brazos y lo empujaron contra la puerta. Shima Babaee y su padre fueron después trasladados a la Fiscalía de la Zona 21 de Teherán, donde les dijeron que ella permanecería detenida hasta que se depositara una fianza para garantizar su libertad, y que su padre, Ebrahim Babaee, sería acusado de “insultar a autoridades públicas”. A continuación, Shima fue conducida al centro de detención de Vozara, en Teherán, donde permaneció recluida varias horas hasta que su familia consiguió depositar la fianza para su liberación.

 

Desde entonces ha recibido varias citaciones telefónicas de la misma oficina de la Policía de Seguridad en materia de Moralidad de Teherán, pero se ha negado a obedecerlas alegando que, en virtud de la ley iraní, es ilegal citar telefónicamente a una persona para interrogatorio.

 

En noviembre de 2017, el padre de Shima Babaee recibió una citación por escrito en la que le pedían que compareciera en la Fiscalía de la Zona 21 de Teherán, en un plazo de cinco días, para investigación ulterior. Su familia pidió una ampliación del plazo, ya que él está temporalmente fuera de Irán para recibir tratamiento médico especializado por una enfermedad cardiaca. Las autoridades en principio denegaron la petición y emitieron una orden de detención, pero finalmente accedieron a aplazar el interrogatorio hasta que Ebrahim Babaee regrese al país.

 

Las mujeres que se oponen al uso obligatorio del velo también han sido objeto de varias campañas difamatorias en los medios de comunicación estatales. Esas campañas difamatorias contra defensoras de los derechos de las mujeres han alcanzado un punto extremo en el caso de la periodista iraní con sede en Estados Unidos y defensora de los derechos de las mujeres Masih Alinejad, fundadora de los Miércoles Blancos y de otra popular campaña online llamada Mi Sigilosa Libertad (My Stealthy Freedom), que anima a las mujeres de Irán a publicar en la web fotos de sí mismas con la cabeza descubierta, como oposición al uso obligatorio del velo. Los medios de comunicación aprobados por el Estado han publicado artículos sin fundamento en los que la describen como una “puta”, y en junio de 2017 afirmaron que había sufrido una “violación en grupo tras tomar una dosis excesiva de cocaína y desnudarse en la calle”. Durante ese mismo periodo, Masih Alinejad también recibió una serie de amenazas de muerte provenientes de cuentas de redes sociales que, según se cree, están vinculadas al servicio de inteligencia y otras fuerzas de seguridad de Irán.

 

Las personas que defienden los derechos humanos y se han pronunciado contra el uso obligatorio del velo en Irán también han sido acusadas de “insultar al islam” y han recibido amenazas de muerte. En octubre de 2016, la defensora iraní de los derechos humanos Atena Daemi escribió en una publicación en su página de Facebook: “El juez me dijo que mi oposición al uso obligatorio del velo equivalía a oponerme a las normas claramente establecidas en el Corán, que había insultado el carácter sagrado de la religión y que mi sentencia debía ser la pena de muerte”. Finalmente, Atena fue declarada culpable de varios cargos relativos a la seguridad nacional derivados en su totalidad de su activismo pacífico, y fue condenada a siete años de prisión, que cumple en la actualidad.

 

Amnistía Internacional también ha observado con preocupación que las autoridades siguen confiscando los automóviles de las mujeres en represalia por dejar que sus pañuelos les caigan sobre los hombros mientras conducen. La organización revisó dos vídeos obtenidos por la campaña Miércoles Blancos que narran testimonios de mujeres de Irán que sufrieron ese trato en enero de 2018.

 

 

En virtud del artículo 368 del Código Penal Islámico de Irán, todo acto que se considere “ofensivo” para la moral pública es castigado con una pena de entre 10 días y 2 meses de prisión, o 74 latigazos. Una nota aclaratoria de ese artículo expone que las mujeres a las que se vea en público sin velo serán castigadas con una pena de entre 10 días y 2 meses de prisión o una multa. La ley se aplica a niñas de tan sólo nueve años, que es la edad mínima de responsabilidad penal para las niñas en Irán. En la práctica, las autoridades han impuesto el uso obligatorio del velo para las niñas a partir de los siete años, cuando empiezan la escuela elemental.

 

Estas prácticas y disposiciones legales, aumentadas por decenas de normativas y políticas adicionales, han facultado a la policía y a las fuerzas paramilitares para detener y recluir arbitrariamente a decenas de miles de mujeres cada año por mostrar mechones de pelo bajo el pañuelo o por llevar abrigos, mangas o pantalones cortos y coloridos.

 

Las mujeres iraníes son sometidas habitualmente a acoso verbal y agresiones físicas por la policía y las fuerzas paramilitares. Esto incluye interceptar al azar a mujeres en la calle, lanzarles una lluvia de amenazas e insultos, ordenarles que se echen hacia delante el pañuelo para ocultar el pelo, entregarles pañuelos de papel para que se quiten el maquillaje delante de agentes de policía encargados de la moralidad, agarrarlas por los brazos, abofetearlas, golpearlas con los puños o las porras, y esposarlas y meterlas violentamente en furgones policiales. Estos actos constituyen trato o pena cruel, inhumano o degradante, absolutamente prohibido por el derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

 

Sobre la base de las normativas y políticas adoptadas e implementadas por diversos órganos gubernamentales, a millones de mujeres se les ha negado también la entrada a espacios públicos tales como aeropuertos, campus universitarios, centros recreativos, hospitales y oficinas gubernamentales, se las ha expulsado de escuelas y universidades y se las ha despedido de su empleo por motivos arbitrarios tales como que el pelo de la parte frontal se asomara fuera del pañuelo, que su maquillaje pareciera “excesivo” o que sus pantalones, pañuelos o abrigos fueran cortos, ceñidos o coloridos. Algunos espacios públicos e instituciones gubernamentales han ido más allá y han impuesto una prohibición absoluta de entrada a las mujeres que no llevan un chador negro, una gran pieza de tela que se coloca sobre la cabeza y envuelve la parte superior del cuerpo, dejando sólo a la vista la cara..

 

Durante decenios, las autoridades iraníes han aplicado leyes y normas sobre uso obligatorio del velo que violan los derechos humanos de las mujeres y las dejan expuestas a sufrir trato o pena cruel, inhumano o degradante, así como detención y reclusión arbitrarias. Las autoridades de Irán deben abandonar la pretensión de que el tibio anuncio realizado recientemente por el jefe de policía de Teherán protegerá los derechos de las mujeres. En lugar de eso, deben derogar de inmediato el artículo 368 del Código Penal Islámico y abolir la prohibición, humillante y discriminatoria, de que las mujeres aparezcan en público sin cubrirse la cabeza con un pañuelo.

 

 

El principio de no discriminación, y en concreto el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y más ampliamente entre todos los géneros, es un principio clave del derecho internacional de los derechos humanos. Está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y establecido en varios tratados que Irán ha ratificado y que está legalmente obligado a cumplir, especialmente la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación, protegerlas frente a los abusos contra esos derechos cometidos por terceros —incluidos agentes no estatales pertenecientes a las propias familias o comunidades de las víctimas—, y garantizar que pueden ejercer esos derechos en la práctica.

 

Los Estados, por tanto, no deben imponer requisitos de aplicación general sobre la vestimenta de las mujeres, y deben proteger a las mujeres frente a la imposición de tales requisitos por parte de terceros. Esto se aplica aunque las mujeres estén obligadas a llevar un pañuelo o velo, ya proceda esa obligación de agentes estatales o no estatales, o aunque la ley les prohíba llevarlo.

 

La coacción por parte de agentes estatales o no estatales para garantizar que se cumplen las normas sobre las formas de vestimenta tradicionales, culturales o religiosas viola el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y a la libertad de religión o creencia. Las mujeres deben ser libres de decidir si quieren o no llevar determinados símbolos y prendas en función de sus creencias religiosas, sus costumbres culturales o por cualquier otra razón.