La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado una suspensión de la ejecución en el caso de Vernon Madison, que iba a llevarse a cabo en Alabama la tarde del 25 de enero. La suspensión tiene como fin dar tiempo a la Corte para decidir si examina la alegación de que Vernon Madison no es “apto” para ser ejecutado debido a su discapacidad mental

Estaba previsto que Vernon Madison, de 67 años, fuera ejecutado a las 18.00 del 25 de enero por el asesinato del agente de policía Julius Schulte el 18 de abril de 1985. Tres decenios después del crimen, Vernon Madison sufre diabetes e hipertensión crónica, está ciego, no puede caminar por sí solo, padece incontinencia a consecuencia del daño cerebral y tiene dificultad para hablar. Ha sufrido varios accidentes cerebrovasculares, los más recientes en mayo de 2015 y enero de 2016. Después de cada uno de los dos últimos, ha dado señales de pérdida de memoria, confusión, desorientación y dificultad para comunicarse. Su estado sigue deteriorándose.

En 2016, un juez de primera instancia accedió a celebrar una vista para determinar si Vernon Madison era apto para ser ejecutado: es decir, si comprende de manera racional la realidad y el motivo de su castigo. Un neuropsicólogo contratado por la defensa concluyó que Vernon Madison había sufrido un “declive cognitivo significativo” a causa de sus accidentes cerebrovasculares, que funcionaba en el rango límite de la inteligencia, con un cociente intelectual de 72, y que padecía un “déficit muy sustancial” de memoria. Diagnosticó a Vernon Madison demencia vascular caracterizada por amnesia retrógrada, y concluyó que el preso no recordaba el asesinato de Julius Schulte y no creía que hubiera matado a nadie. Sin embargo, un psicólogo designado por el tribunal concluyó que, pese a sus déficits cognitivos, Vernon Madison era apto para ser ejecutado, y el juez aceptó su conclusión.

En marzo de 2017, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, concluyó que la evaluación del experto designado por el tribunal era inadecuada y que la decisión del juez había sido “claramente irrazonable” y, por tanto, no merecía la deferencia requerida en virtud de la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz (AEDPA, por sus siglas en inglés), de 1996, que limita la revisión judicial federal de las decisiones de los tribunales estatales. Los dos jueces de la mayoría sostuvieron que “en el acta que tenemos ante nosotros no cabe duda de que, a causa de su estado mental, el Sr. Madison no recuerda su delito capital”. Según concluyeron, “debido a su demencia y al déficit de memoria a ella asociado, el Sr. Madison carece de una comprensión racional del vínculo entre su delito y su ejecución” y, por tanto, “no es apto para ser ejecutado”. El tercer juez estuvo de acuerdo en que Vernon Madison no era apto para la ejecución. El 6 de noviembre de 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la decisión de la Corte del Undécimo Circuito, alegando que, según la “norma de deferencia” establecida por la AEDPA, “el recurso federal de hábeas corpus presentado por Madison debe rechazarse”. La Corte declaró que no expresaba “opinión alguna sobre el fondo de la cuestión subyacente” de si el preso era apto para ser ejecutado.

Ahora la cuestión está en manos de la Corte Suprema. Treinta minutos antes de la hora en que estaba previsto que tuviera lugar la ejecución, la Corte dictó una suspensión temporal; unas dos horas después, concedió la suspensión en espera de decidir si aceptaba examinar la petición presentada por los abogados de Vernon Madison. Si la Corte decide no aceptar el caso, la suspensión “finalizará automáticamente”; si lo acepta, permanecerá en vigor hasta que dicte sentencia. La orden señalaba que tres de los magistrados de Corte (Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch) no estaban de acuerdo con la suspensión de la ejecución.

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