Viernes, 09 de febrero, 2018

Abolfazl Naderi, iraní de 21 años, corre riesgo de ejecución en la prisión de Arak, provincia de Markazi. Tenía 16 años en el momento de su detención y fue condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto, basado en “confesiones” que afirma que hizo bajo tortura


Abolfazl Naderi, de 22 años, está recluido en la prisión de Arak, provincia de Markazi, en el centro de Irán, desde 2013, cuando lo condenaron a muerte en la relación con la muerte de un amigo. Tenía 16 años cuando se cometió el delito, en junio de 2012, y ha mantenido en todo momento su inocencia. Amnistía Internacional supo el 6 de febrero de 2018 que las autoridades lo habían recluido en régimen de aislamiento el 23 de enero de 2018 para preparar su ejecución. Sin embargo, la ejecución se pospuso tras acceder la familia de la víctima a indultarlo y renunciar a su derecho de castigo equivalente al delito (qesas) si la familia de Abolfazl Naderi les pagaba 3.000 millones de riales (equivalentes a 80.000 dólares estadounidenses) en concepto de “dinero de sangre” (diyah) en el plazo de dos meses.
 
Abolfazl Naderi fue condenado a muerte cuanto tenía 17 años, en julio de 2013, tras un juicio manifiestamente injusto ante la Sección 1 del Tribunal Penal de la provincia de Markazi en el que fue declarado culpable de asesinato. El tribunal se basó en “confesiones” que Abolfazl Naderi ha afirmado reiteradamente que hizo bajo tortura. Fue detenido en julio de 2012 y estuvo 14 días recluido en régimen de aislamiento en una comisaría de policía, sin acceso a su familia ni a un abogado. Afirma que durante ese tiempo los agentes de policía lo colgaron del techo, lo azotaron en las plantas de los pies, lo golpearon con una vara de madera y le negaron agua potable.  Asegura que intentó retractarse de sus “confesiones” cuando lo llevaron a la fiscalía, pero que el juez de instrucción le amenazó con llevarlo de nuevo a la comisaría de policía y someterlo a tortura si lo hacía. Abolfazl Naderi formuló de nuevo las denuncias de torturara durante el juicio y mantuvo su inocencia No hay ninguna indicación de que el tribunal investigara las denuncias. Según Abolfazl Naderi, estuvo alrededor de dos años sin ser informado de su condena de muerte porque las autoridades no querían alarmarlo. Se enteró cuando lo trasladaron a la prisión de Arak, provincia de Markazi.
 
Escriban inmediatamente en inglés, en persa o en su propio idioma, instando a las autoridades iraníes a:
 
- Detener todo plan de ejecutar a Abolfazl Naderi y garantizar que se anulan su sentencia y su condena y es sometido a un nuevo juicio que sea justo, acorde con los principios de justicia de menores y en el que no se recurra a la pena de muerte ni se admitan como prueba declaraciones obtenidas por medio de tortura u otros malos tratos o sin la presencia de un abogado;
 
- Realizar una investigación imparcial y transparente sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos y poner a los responsables a disposición judicial para que sean juzgados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;
 
- Reformar el artículo 91 del Código Penal Islámico de 2013 para abolir por completo —sin dejarlo a discreción de los tribunales ni permitir ninguna otra excepción— el uso de la pena de muerte por delitos cometidos siendo menor de 18 años, conforme a las obligaciones contraídas por Irán en virtud del derecho internacional;
 
- Declarar la suspensión oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte.
 
Envíen llamamientos antes del 22 de marzo de 2018 a: 
 
Vicesecretario general del Consejo Superior de Derechos Humanos
Kazem Gharib Abadi 
Esfandiar Boulevard
Teherán, Irán.
 
Fiscal general de Arak
Abbas Ghasemi
Office of the Prosecutor                         
15 Khordad Street (Posht-e Silou)
Arah, Markazi province, Irán. 
 
Y copias a:
 
Portavoz de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento
Haj Hassan Norouzi
Islamic Consultative Assembly
Baharestan Square 
Teherán, Irán.
 
Información complementaria
 
Según la legislación iraní, en los casos de asesinato, la familia de la víctima tiene derecho a solicitar que se imponga y ejecute la pena de muerte en virtud del principio del “castigo equivalente al delito cometido” (qesas). También tiene la potestad de indultar al condenado a cambio de una indemnización económica, conocida como “dinero de sangre” (diyah).
 
 Abolfazl Naderi fue detenido en junio de 2012, cuando acudió a la policía para informar del suicidio de su amigo. La policía no le creyó e insistió en que el difunto había sido asesinado. Abolfazl Naderi fue entonces acusado formalmente de asesinato, así como de consumir alcohol y mantener “relaciones sexuales entre varones” (lavat). Este último cargo se presentó porque en un examen forense se observaron signos de hemorragia anal en el cuerpo del difunto y se atribuyeron a una posible penetración.
 
Abolfazl Naderi fue absuelto posteriormente del cargo de lavat, pues el tribunal consideró que la hemorragia anal podía ser consecuencia de un fuerte traumatismo causado en los testículos con un objeto contundente. En cambio, la Sección 1 del Tribunal Penal lo declaró culpable de “conducta homosexual sin penetración” (tafkhiz) y lo condenó a recibir 100 latigazos. En la sentencia, que Amnistía Internacional ha examinado, no están claras las pruebas presentadas para llegar a esta conclusión. El tribunal condenó también a Abolfazl Naderi a recibir 80 latigazos por consumir alcohol. Estas condenas no se han ejecutado aún.
 
Cuando Abolfazl Naderi fue procesado y condenado, la Sección 1 del Tribunal Penal de la provincia de Markazi no tuvo en cuenta las disposiciones sobre la imposición de condenas a menores del artículo 91 del Código Penal Islámico de 2013, que deja a discreción de los jueces sustituir la pena de muerte por un castigo alternativo si determinan que el menor no comprendía la naturaleza de su delito o sus consecuencias o si existen dudas sobre su “desarrollo mental y madurez” en el momento de cometerlo. Estas disposiciones violan principios de justicia de menores perfectamente establecidos y según los cuales en el trato debido a las personas menores de 18 años ha de tenerse en cuenta que tienen un grado menor de madurez y por tanto jamás deben afrontar las mismas penas que los adultos.
 
Abolfazl Naderi ha dicho que las autoridades no le informaron jamás de su derecho a solicitar un nuevo juicio con arreglo a las disposiciones del Código Penal Islámico de Irán 2013 sobre la imposición de condenas a menores y que no lo supo hasta alrededor de 2016 gracias a un artículo de periódico. Sin embargo, cuando se enteró no tenía medios para contratar a un abogado que presentara la solicitud por él. A principios de 2017, un abogado aceptó su caso gratuitamente y presentó una solicitud de nuevo juicio. El Tribunal Supremo la rechazó en junio o julio de 2017.
 
Irán es Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben sin excepción el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito. Sin embargo, las autoridades iraníes continúan imponiendo la pena capital a personas que eran menores de edad en el momento del delito. Entre 2005 y 2018, Amnistía Internacional ha registrado la ejecución en Irán de 88 personas que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito del que fueron declaradas culpables, entre ellas cuatro ejecutadas en 2017 y tres en lo que va de año en 2018. Es probable que la cifra real sea muy superior.
 
Amnistía Internacional ha identificado también los nombres de al menos 80 personas condenadas a muerte que eran menores de 18 años en el momento del delito del que fueron declaradas culpables. Muchas llevan largo tiempo en espera de su ejecución, en algunos casos más de un decenio. En algunos casos, su ejecución ha sido programada y después aplazada o suspendida en el último momento en múltiples ocasiones, agravando así su sufrimiento.
 
 
MDE 13/7859/2018