Israel: Mínimo histórico de permisos médicos en Gaza: 54 personas murieron en 2017 esperando el permiso israelí

 “El mínimo histórico  de permisos emitidos por Israel para personas palestinas que necesitan tratamiento médico vital fuera de Gaza subraya la necesidad urgente de que Israel ponga fin a sus diez años de cierre de la Franja de Gaza”, han afirmado hoy en una declaración conjunta el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Medical Aid for Palestinians (MAP) y Physicians for Human Rights Israel (PHRI). El máximo histórico de las demoras en que ha incurrido la Autoridad Palestina en 2017 a la hora de emitir las aprobaciones necesarias y la continuación del cierre por Egipto del paso fronterizo de Rafá con Gaza limitan aún más la circulación y causan sufrimiento adicional.

Las autoridades israelíes aprobaron sólo el 54% de los permisos para visitas médicas solicitados en 2017, el mínimo histórico desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a recopilar cifras en 2008. La OMS informó de que en 2017, 54 personas palestinas, 46 de las cuales padecían cáncer, murieron tras la denegación del permiso o la demora en su concesión.

“Vemos que Israel deniega o demora cada vez más el acceso a tratamientos  para el cáncer y otras enfermedades que podrían salvar vidas fuera de Gaza, y un escandalosamente elevado número de pacientes palestinos que mueren posteriormente, mientras el sistema de salud de Gaza —sometido a medio siglo de ocupación y a un decenio de bloqueo— tiene cada vez menos medios para cubrir las necesidades de su población”, dijo Aimee Shalan, directora general de MAP.

“Israel debe levantar las restricciones amplias e ilegales que ha impuesto a la libertad de circulación de las personas procedentes de Gaza, y sobre todo de quienes tienen problemas de salud significativos”, manifestaron las organizaciones.

En los dos últimos decenios, y en especial desde 2007, cuando Israel impuso un bloqueo por tierra, mar y aire a Gaza, Israel mantiene Gaza cerrada la mayor parte del tiempo,  privandoilegalmente a su población de derechos básicos. La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre otros, han declarado que esta política constituye un “castigo colectivo” y han pedido a Israel que levante su cierre. Israel controla todos los accesos a Gaza, con la excepción del paso de Rafá en la frontera con Egipto, y todos los pasos entre Gaza y Cisjordania, incluida la frontera entre Cisjordania y Jordania. Las autoridades israelíes no permiten a la población palestina de Gaza que reabra su aeropuerto o construya un puerto de mar, lo que la hace depender de puertos extranjeros para viajar a otro país.

El cruce por el paso de Erez —el paso para pasajeros desde Gaza a Israel, Cisjordania y el mundo exterior— está restringido a lo que las fuerzas armadas israelíes llaman “casos humanitarios excepcionales”, lo que significa principalmente personas con problemas de salud significativos y sus acompañantes, y empresarios destacados. El descenso gradual del número de permisos médicos emitidos por Israel —de la aprobación del 92% de las solicitudes en 2012 al 88,7% en 2013, el 82,4% en 2014, el 77,5% en 2015, el 62,07% en 2016 y el 54% en 2017, según la OMS— indica que Israel restringe cada vez más los viajes, incluso para los “casos humanitarios excepcionales”. En 2017, los viajes vía Erez fueron menos del 1% de los registrados en septiembre de 2000.

Las personas palestinas de Gaza no acudieron al menos a 11.000 citas médicas programadas después de que las autoridades israelíes denegasen el correspondiente permiso o no respondieran a tiempo a la solicitud. La investigación de Al Mezan, respaldada por MAP, sobre los casos de 20 personas palestinas que murieron tras no acudir a visitas hospitalarias porque se les había denegado el permiso de viaje o éste se había demorado, halló que 14 tenían cáncer, nueve de ellas mujeres. PHRI ha puesto de relieve que las mujeres que padecen cáncer en Gaza afrontan mayores obstáculos para acceder a la atención médica, por lo que dedican energía a luchar con la burocracia más que con la enfermedad.

El significativo descenso es contrario a las necesidades de salud en Gaza, siempre en aumento. La población de Gaza, de dos millones de personas, soporta lo que la ONU califica de “crisis humanitaria prolongada”. En un contexto de pobreza y desempleo generalizados, al menos el 10% de los niños y niñas de corta edad sufren malnutrición crónica, la mitad de los medicamentos y del material médico en Gaza está totalmente agotado o es inferior a un mes de abastecimiento, y la escasez crónica de electricidad ha hecho que las autoridades recorten servicios de salud y otros servicios esenciales.

Las tres ofensivas militares lanzadas por Israel contra Gaza desde 2008 también se han cobrado un precio elevado en lo que a infraestructuras esenciales se refiere y han debilitado aún más el sistema de salud y la economía gazatíes. Dado el control que ejerce de hecho Israel sobre la vida y el bienestar de la población de Gaza, Israel sigue teniendo la responsabilidad última de garantizar su bienestar en virtud del derecho de la ocupación, como han reconocido el CICR y la ONU, entre otros.

“Es intolerable que Israel haya impedido a tantas personas críticamente enfermas el acceso a una atención que podría haberles salvado la vida”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “El control que continúa teniendo Israel sobre la entrada y salida de Gaza crea la obligación de facilitar —y no impedir— el acceso humanitario.”

La población palestina de Gaza necesita permisos de derivación para acceder a los servicios médicos más avanzados en Jerusalén Oriental y otros lugares de Cisjordania, así como en Israel. Los servicios de salud que requieren normalmente ser derivados fuera de Gaza son los de oncología, pediatría, cardiología y hematología. Las autoridades israelíes dicen que pueden tramitar los permisos prioritarios en un día, aunque el tiempo de espera habitual es de dos semanas de media, mientras que los casos “normales” tardan 23 días y a menudo se incumple este programa.

La OMS considera que el trámite posterior no es “ni transparente ni puntual”, y el coordinador de actividades de ayuda humanitaria y desarrollo en el territorio palestino ocupado ha afirmadoque “entre un o una paciente de cáncer y su tratamiento urgente se interpone un campo minado de entrevistas, papeleo, procedimientos opacos y obstáculos logísticos”.

La aprobación económica de las derivaciones de quienes necesitan tratamiento médico esencial en Gaza por parte de la Autoridad Palestina también disminuyó en 2017, y se tiene constancia de al menos una muerte subsiguiente. Aunque la Autoridad Palestina aprobó alrededor de 2.000 solicitudes cada uno de los tres primeros meses del año, esta cifra disminuyó a menos de 500 en junio, para aumentar posteriormente a más de 2.000, en el contexto de los esfuerzos de reconciliación entre Fatah y Hamás, según la OMS. Además, la reducción por parte de las autoridades palestinas de servicios esenciales para la Franja de Gaza entre julio y diciembre de 2017 —incluido el suministro de electricidad y de material médico— también menoscabó el derecho a la salud de la población palestina.

Egipto mantiene el paso de Rafá la mayor parte del tiempo cerrado para la población de Gaza desde 2013, lo que ha contribuido a limitar el acceso a la atención para la salud. Antes de julio de 2013, más de 4.000 personas palestinas cruzaban al mes el paso de Rafá por motivos de salud. Como Estado fronterizo con un territorio que sufre una crisis humanitaria prolongada, Egipto debe facilitar el acceso humanitario a la población. Sin embargo, la responsabilidad última sigue siendo de Israel, la potencia ocupante.

“Las restricciones a la libertad de circulación impuestas por el gobierno de Israel tienen relación directa con la muerte de pacientes y el agravamiento del sufrimiento de las personas enfermas que solicitan permisos. Estas prácticas forman parte del régimen de cierre y permisos que impide que las personas enfermas tengan una vida digna y viola el derecho a la vida”, manifestó Issam Younis, director de Al Mezan. “El sistema de cierre debe abolirse para que las personas enfermas tengan acceso sin riesgos a atención médica en los hospitales palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados y de otros lugares. Hay que hacer cumplir el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia y a una reparación”.

Fotografía: Shutterstock.