Las autoridades han tomado medidas enérgicas contra las personas que el 27 de enero de 2018 asistieron a un acto de protesta pacífico en favor de la democracia que congregó a unas 100 personas —entre las que había activistas estudiantiles y partidarios de la oposición política— en un paseo ante el MBK Centre, un centro comercial situado en el centro de Bangkok. Las autoridades han emprendido acciones penales contra 39 personas que asistieron a la protesta, algunas de las cuales al parecer realizaban labores de observación del acto.

Contra todas ellas se han presentado cargos que conllevan penas de hasta un año de cárcel por violar dos leyes que restringen excesivamente el derecho de reunión pacífica: una orden ejecutiva que prohíbe las reuniones de cinco o más personas con fines “políticos” y la Ley de Reunión Pública, que prohíbe reuniones públicas en un radio de 150 metros de un palacio real.

Nueve de estas personas, entre las que se encuentran el activista estudiantil contrario al golpe Rangsiman Rome, el abogado Anon Nampa y los activistas políticos y de la oposición Ekkachai Hongkangvan, Sirawith Seritiwat y Sombath Boonngamanong, también están acusadas de sedición, delito penado con hasta siete años de cárcel, por su presunta función en la organización de la reunión pacífica. Las personas del grupo ya se enfrentan a varios cargos por ejercer su derecho a la libertad de expresión después de que las autoridades militares tomaran el poder en mayo de 2014.

Escriban inmediatamente en tailandés, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:

• Poner fin de inmediato a todas las actuaciones penales contra las 39 personas que han sido acusadas en relación con una reunión pacífica, y no penalizar a otras que puedan haber participado el 27 de enero en la concentración ante el MBK Centre de Bangkok;
• Mantener y proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y retirar las restricciones que han impuesto sobre el ejercicio pacífico de estos derechos;
• Dejar de emprender actuaciones penales contra las personas por el ejercicio pacífico de sus derechos y modificar la legislación para que se ajuste a las normas y leyes internacionales o revocar la que se utiliza para penalizarlas, incluidas la Orden 3/2015 del Director del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, la Ley de Reunión Pública (2015) y el artículo 116 del Código Penal sobre sedición.

Envíen llamamientos antes del 28 de marzo de 2018 a:

Tres años y medio después de que el ejército tailandés declarara la ley marcial y se hiciera con el poder en un golpe, los militares en el gobierno siguen reprimiendo y restringiendo duramente el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Las personas que han protestado contra el golpe o han distribuido material que las autoridades consideraban ofensivo para la monarquía sufren detención arbitraria y son procesadas en aplicación de órdenes ejecutivas y leyes aprobadas por el gobierno militar, y también de leyes ya existentes que someten el ejercicio de estos derechos a restricciones no permitidas por el derecho internacional de los derechos humanos. 

En nombre de la protección de la seguridad y la monarquía, las autoridades han puesto en el punto de mira, procesándolos, a quienes consideran oponentes políticos y críticos de su proyecto político. Las autoridades tailandesas utilizan cada vez con más frecuencia el artículo 116 del Código Penal, relativo a la sedición, para atacar al creciente número de personas a las que consideran disidentes, incluidas las que desempeñan sus funciones profesionales para proteger a los opositores pacíficos o informar sobre ellos, y criminalizan cada vez más actividades que constituyen un ejercicio pacífico de los derechos humanos.

A pesar del compromiso inicial de que las restricciones serían temporales, las autoridades no han mostrado señal alguna de que vayan a levantarlas. Los militares del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, en el gobierno, siguen restringiendo arbitraria y radicalmente la libertad de expresión en la aplicación de su hoja de ruta política hasta las elecciones, propuestas para 2018, pero que ahora podrían retrasarse hasta comienzos de 2019.

Nombres: Anon Nampa (h), Rangsiman Rome (h), Sirawith Seritiwat (h) Ekkachai Hongkangvan (h), Sombath Boonngamanong (h) y otras personas acusadas en relación con una reunión pacífica en el MBK Centre