EGIPTO: SEIS HOMBRES SERÁN EJECUTADOS SI SE RECHAZA SU ÚLTIMO RECURSO

Miércoles, 21 de febrero, 2018

El 12 de febrero, el Tribunal Supremo Militar aplazó hasta el 26 de febrero su fallo sobre la causa de seis hombres que han recurrido sus condenas a muerte. Si se rechaza el recurso, los seis hombres podrían ser ejecutados en cualquier momento


El Tribunal Supremo Militar había fijado inicialmente la vista de apelación de seis hombres condenados a muerte para el 12 de febrero, pero ese mismo día la aplazó hasta el 26 de febrero. Los seis hombres podrían ser ejecutados en cualquier momento si se rechaza su recurso. El 29 de mayo de 2016, un tribunal militar egipcio condenó a muerte a Ahmed Amin Ghazali Amin, Abdul Basir Abdul Rauf, Mohamed Fawzi Abd al-Gawad Mahmoud, Reda Motamad Fahmy Abd al-Monem, Ahmed Mustafa Ahmed Mohamed y Mahmoud al-Sharif Mahmoud por pertenecer a un grupo prohibido (la Hermandad Musulmana), estar en posesión de armas de fuego y explosivos y obtener información militar clasificada sin autorización. El tribunal condenó in absentia a otros dos hombres por los mismos cargos. En diciembre de 2016, los seis hombres presentaron un recurso de apelación contra la sentencia; los otros dos a los que se había condenado in absentia tendrán derecho a un nuevo juicio una vez que se encuentren bajo custodia.

Según el artículo 155 de la Constitución y los artículos 470-477 del Código de Procedimiento Penal, una vez que el Tribunal Supremo Militar rechaza una apelación, la sentencia de muerte es firme y no se puede ya apelar contra ella. La causa se remite entonces al presidente egipcio, que dispone de 14 días para conceder un indulto al acusado. Si el presidente no concede el indulto en ese plazo, el fiscal militar fija una fecha para la ejecución, pero no tiene que hacerlo en un plazo establecido. Si el Tribunal Supremo Militar acepta la apelación, la sentencia se anula y la causa se remite a un tribunal militar distinto para celebrar un nuevo juicio.

Las autoridades de Egipto han ejecutado a al menos 127 personas desde 2013, al menos 31 de ellas en relación con incidentes de violencia política. Algunas de estas personas cuales fueron condenadas a muerte tras juicios manifiestamente injustos ante tribunales militares.

Amnistía Internacional ha comprobado que muchos de los hombres ejecutados por cargos de violencia política no podían haber cometido el delito del que se los acusaba, ya que estaban bajo custodia policial en el momento en que tuvieron lugar los hechos.

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:

- Pidiendo a las autoridades egipcias que vuelvan a juzgar a todos los condenados en esta causa ante un tribunal civil ordinario, sin recurrir a la pena de muerte, de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin admitir “confesiones” ni ninguna otra prueba conseguida por medio de tortura y otros malos tratos;

- Pidiéndoles que establezcan una suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

 

Envíen llamamientos antes del 26 de marzo de 2018 a:

Ministro de Defensa

Colonel General Sedqi Sobhi

Ministry of Defence

Cairo, República Árabe de Egipto

Correo-e: mc@afmic.gov.eg, mod@afmic.gov.eg

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

 

 

Presidente

Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo, República Árabe de Egipto

Fax: +202 2391 1441

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

 

Y copias a:

Viceministra adjunta de Asuntos Exteriores para los Derechos Humanos

Ahmed Ihab Gamal-Eldin Ministry of Foreign Affairs

Corniche al-Nil, Cairo, Egipto

Fax: +202 2574 9713

Correo-e: contact.us@mfa.gov.eg

Twitter: @MfaEgypt

Información complementaria

El 29 de mayo de 2016, un tribunal militar egipcio declaró a 26 hombres juzgados en la Causa 174 de 2015 culpables de pertenecer a un grupo prohibido (la Hermandad Musulmana), estar en posesión de armas de fuego y explosivos y conseguir información militar clasificada sin autorización, y absolvió a dos. De los 26, 8 fueron condenados a muerte, y 18 a penas de entre 15 y 25 años de prisión. Según sus abogados, el tribunal ignoró la denuncia de desaparición forzada que hicieron muchos de los acusados, así como su solicitud de una investigación forense para determinar su presunta tortura. Las familias y los abogados de los acusados dijeron a Amnistía Internacional que éstos tenían lesiones, como quemaduras y contusiones en el cuerpo y heridas en las manos.

Las fuerzas de seguridad habían detenido a los acusados entre el 28 de mayo y el 7 de junio de 2015 y los habían sometido a desaparición forzada, en algunos casos durante más de seis semanas. Dieciocho de los acusados estuvieron recluidos en la sede de los servicios de Inteligencia Militar de Ciudad Nasr, El Cairo, mientras que uno estuvo en la prisión militar de Al Azouly, que está dentro de un campamento militar en la gobernación de Ismailía. Otros ocho hombres no detenidos fueron juzgados in absentia.

Las familias de los hombres han dicho a Amnistía Internacional que, durante ese periodo de desaparición forzada, preguntaron en comisarías de policía, prisiones y fiscalías por el paradero y la situación de los hombres, pero las autoridades negaron que estuvieran detenidos o no les respondieron siquiera. Fue al ver en televisión, el 10 de julio de 2015, un vídeo del Ministerio de Defensa donde se anunciaba la detención de “la célula terrorista más peligrosa” de Egipto, cuando las familias supieron que estaban bajo custodia militar. En el vídeo, los detenidos “confesaban” que pertenecían a grupos prohibidos y que habían atacado instituciones militares.

El 21 de agosto, el ministro de Defensa de Egipto ratificó con su firma las condenas de muerte que un tribunal militar había impuesto a seis civiles en mayo, en la Causa 174 de 2015, conocida en los medios de comunicación como el “caso del comité de operaciones avanzadas”.

Según el Código de Justicia Militar del país, el presidente o sus representantes deben ratificar todas las sentencias dictadas por tribunales militares. Los seis hombres han firmado documentos en los que reconocen que se les ha notificado la decisión del ministro, según han indicado sus representantes a Amnistía Internacional.

Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013, los tribunales civiles y militares de Egipto han impuesto más de 1.400 penas de muerte, en su mayoría por incidentes de violencia política. Los tribunales dictaron sentencia tras juicios manifiestamente injustos, basándose en gran medida en “confesiones” obtenidas por las fuerzas de seguridad tras someter a torturas y otros malos tratos a las personas acusadas mientras las mantenían recluidas en régimen de incomunicación y en condiciones que podrían constituir desaparición forzada. Además, los tribunales se apoyaron en investigaciones policiales que adolecían de graves deficiencias.

 En 2017, al menos 384 civiles más fueron remitidos a tribunales militares. Los juicios militares de civiles en Egipto son intrínsecamente injustos porque todo el personal de los tribunales militares, desde los jueces a los fiscales, son miembros en activo de las fuerzas armadas que responden ante el ministro de Defensa y carecen de formación necesaria en materia de justicia procesal y en lo relativo al Estado de derecho.

En la actualidad hay al menos 24 hombres en el corredor de la muerte, al haber confirmado sus condenas a muerte el Tribunal de Casación y el Tribunal Superior Militar. La mayoría de estos hombres habían pasado recluidos en condiciones de desaparición forzada hasta tres meses, durante los cuales eran torturados para que “confesaran”. Posteriormente, los tribunales los declaraban culpables y los condenaban basándose en dichas “confesiones”.

 

Índice: MDE 12/7833/2018


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