La reducción del espacio para la sociedad civil en Europa: argumentos para el liderazgo global

Turquía no sólo se ha convertido en el país que más periodistas encarcela del mundo, sino que, desde el fallido golpe de Estado de 2016, más de 100.000 empleados y empleadas del sector público han sido despedidos de forma sumaria, y más de 50.000 personas han sido detenidas, entre ellas el presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç. Toda crítica al gobierno puede recalificarse como una “amenaza a la seguridad nacional” o como “propaganda enemiga”. El viernes pasado, seis periodistas, entre ellos los destacados hermanos Altan, recibieron “penas de prisión perpetua” sobre la base de cargos falsos relacionados con el terrorismo.

En Polonia se ha investigado y procesado a manifestantes pacíficos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las enmiendas adoptadas por el Parlamento en julio y diciembre infringen la independencia del poder judicial, el funcionamiento de las ONG y el Estado de derecho en Polonia.

En Hungría, el carácter divisivo de la política identitaria se ha traducido en unas medidas de represión generalizada de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, y de las organizaciones que defienden esos derechos. Un proyecto de ley sobre ONG presentado la semana pasada pretende amordazar a quienes apoyan los derechos de las personas refugiadas, y sigue los intentos más generales de estigmatizar a determinadas ONG. Este último proyecto de ley amenaza la existencia misma de organizaciones que realizan un trabajo crucial en Hungría.

Europa sigue respondiendo inadecuadamente a la crisis global de refugiados, y los gobiernos europeos muestran una asombrosa falta de liderazgo a la hora de asumir su responsabilidad de garantizar los derechos de quienes buscan refugio frente a la violencia.

Miles de personas que buscan asilo siguen atrapadas en las islas griegas, y muchas se enfrentan a condiciones atroces y a la incertidumbre por su futuro. Estas personas están allí abandonadas como parte de una política de contención hecha realidad gracias a un imprudente acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía para enviar a personas refugiadas y migrantes a este último país, donde corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos europeos apoyan activamente el sofisticado sistema de abusos y explotación de personas refugiadas y migrantes utilizado por la Guardia Costera de Libia, las autoridades encargadas de la detención y los traficantes de personas para impedir que la gente cruce el Mediterráneo.

Los gobiernos europeos están obligando a un número creciente de solicitantes de asilo a regresar a las situaciones de peligro de las que huyeron, en flagrante contravención del derecho internacional. Se ha producido un fuerte incremento del número de personas afganas que están siendo devueltas desde Europa, precisamente cuando el número de víctimas civiles en Afganistán está en los índices más elevados de su historia. La situación de la estudiante Taibeh Abbasi y su familia, que se enfrentan a la deportación inminente de Noruega a Afganistán, pone de manifiesto la insensibilidad de esta política.

Quienes intentan mostrar solidaridad con las personas refugiadas sufren criminalización. La semana pasada, Martine Landry, francesa de 73 años que ayudó a dos solicitantes de asilo de 15 años de edad que habían cruzado la frontera italiana, compareció ante el tribunal, donde podría ser condenada a cinco años de prisión y a una multa de 30.000 euros.

Los principales dirigentes políticos de Austria, Francia, Países Bajos y Hungría han adoptado posturas xenófobas, contrarias a la inmigración y antimusulmanas.

TURQUÍA

Turquía se ha colgado una medalla que no lleva aparejada gloria alguna: la de ser el mayor carcelero de periodistas del mundo.

Desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, más de 180 medios de comunicación han sido cerrados y se calcula que 2.500 periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación han perdido su empleo.

Más de 120 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación están actualmente en prisión.

El encarcelamiento prolongado de trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación acalla sus voces y crea un enorme vacío en el debate público. Por tanto, si queremos un futuro mejor para los derechos humanos en Turquía, es esencial garantizar la liberación de los periodistas detenidos arbitrariamente.

- UN TERCIO DE LOS periodistas encarcelados en todo el mundo mundo está en Turquía (según el Comité para la Protección de los Periodistas);

- más de 120 periodistas y personal de medios de comunicación permanecen entre rejas tras la represión que siguió al intento de golpe de Estado;

- más de 180 medios de comunicación han sido cerrados tras el intento de golpe de Estado;

- 2.500 periodistas han perdido sus trabajos.

Un potente símbolo de la represión y la falta de justicia en Turquía es Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía que lleva ocho meses y medio encarcelado. Los 10 de Estambulfueron puestos en libertad, pero siguen enfrentándose a juicio por cargos falsos relacionados con el terrorismo.

No hay justificación para la detención de estos defensores y defensoras de los derechos humanos. De lo único que son culpables es de alzar la voz por los derechos humanos.

Defender los derechos humanos no es un crimen, pero en Turquía se está convirtiendo en uno con rapidez.

Sólo tenemos una pequeña oportunidad para detener esto ahora, antes de que no quede nadie para defender lo que es correcto.

HUNGRÍA

La semana pasada, las autoridades húngaras presentaron un proyecto de ley sobre ONG destinado a amordazar a quienes ayudan a personas necesitadas y a quienes se atreven a alzar su voz.

El proyecto de ley denominado “Stop Soros” pretende "proteger la seguridad nacional" y las fronteras, pero no hace ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, este proyecto de ley, el último movimiento retrógrado antes de las próximas elecciones de abril, y tan sólo el más reciente de una serie de leyes y campañas sumamente problemáticas, tiene como finalidad amordazar a quienes trabajan para ayudar a personas necesitadas y a quienes se atreven a alzar su voz.

El nuevo proyecto legislativo llega después de la entrada en vigor, en junio de 2017, de la Ley de la Transparencia de las Organizaciones Financiadas desde el Extranjero, En virtud de esa ley, las organizaciones que reciban financiación desde fuera de Hungría deben inscribirse ante las autoridades; si no lo hacen, se enfrentan a multas y a otras sanciones. Estamos impugnando esta ley anterior en los tribunales, y también lo está haciendo la Comisión Europea, que ha llevado un procedimiento de infracción contra Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sin embargo, las autoridades húngaras no han dado ninguna señal de dejarse amedrentar. Al contrario: los intentos previos apenas disfrazados de estigmatizar a las ONG que mantienen una actitud crítica se han convertido ahora en un ataque frontal declarado que amenaza la existencia misma de organizaciones que realizan una labor crucial en Hungría.

En virtud de la legislación propuesta, el gobierno húngaro “identificaría” a las ONG de las que considere que “apoyan la migración”: un término intencionadamente impreciso. El trabajo que abarca incluye el trabajo básico y cotidiano de las ONG, como la campaña, la “influencia ante los tribunales”, la preparación de materiales informativos, la organización de redes y la captación de voluntariado.

Estas ONG estarían obligadas a obtener la autorización del ministro del Interior para desempeñar sus funciones básicas. El ministro pediría la autorización de seguridad nacional para ello: un procedimiento que puede durar hasta nueve meses.

Mientras tanto, a las organizaciones se les cobraría un impuesto del 25% de cualquier financiación extranjera destinada a “organizar la migración”. El impago podría dar lugar a fuertes multas, la posible quiebra y la disolución de la ONG.

La propuesta afecta negativamente al derecho a pedir asilo, y viola las obligaciones contraídas por Hungría en virtud del derecho tanto internacional como europeo respecto a proteger el derecho a la libertad de asociación y de expresión. La parte más escalofriante de la propuesta gubernamental no es ni siquiera su amenaza a las ONG, sino la amenaza a las personas a las que estas organizaciones se esfuerzan por proteger y servir.

POLONIA

El gobierno de Polonia ha impulsado importantes cambios legales y de política que han menoscabado el Estado de derecho y han amenazado los derechos humanos. Estos cambios han provocado frecuentes protestas públicas en todo el país, y han atraído críticas de instituciones internacionales, incluida la UE.

Las novedades incluyen legislación que ha minado la independencia del Tribunal Constitucional y del poder judicial en general, ha puesto restricciones al derecho a la libertad de reunión, y ha reforzado el poder de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para poner en marcha medidas de vigilancia sin las salvaguardias necesarias.

Miles de personas salieron a las calles en el verano de 2017 en ciudades de toda Polonia para reclamar respeto a la Constitución, un poder judicial independiente y respeto por los derechos humanos y las libertades. Esas manifestaciones fueron atajadas con una demostración de fuerza y unas medidas policiales que en muchos casos violaron el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Las limitaciones adversas al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica reflejan un entorno en Polonia en el que cada vez hay menos espacio para que la población exprese su oposición a las políticas gubernamentales, y amenazan con tener un efecto inhibidor en los futuros esfuerzos por manifestar esa oposición a través de reuniones pacíficas.

En diciembre de 2017, el Parlamento adoptó enmiendas a la Ley sobre el Consejo Nacional de la Judicatura y a Ley sobre el Tribunal Supremo, que minaban seriamente la independencia del poder judicial.

Polonia ya cuenta con una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa, en la que sólo se permite el aborto si el embarazo es resultado de violación o incesto, si la vida de la mujer corre peligro, o si el feto sufre una malformación grave o mortal. Ahora, un grupo de miembros del Parlamento está tratando de introducir otra enmienda que, si se aprueba, incrementaría aún más las restricciones al acceso al aborto e introduciría de hecho una prohibición casi total del aborto.

LIBIA Y LOS GOBIERNOS EUROPEOS

Los esfuerzos europeos por externalizar el control de fronteras, con el fin de mantener a las personas refugiadas y migrantes fuera del territorio europeo, continuaron en 2017. La cooperación siguió reforzando la capacidad de las autoridades de control fronterizo, incluso en países con historiales terribles de derechos humanos. Esto dio lugar a la retención de decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas en países donde su vida y su integridad física corrían peligro, y donde no tenían oportunidad de obtener asilo.

En 2017, con la cooperación con Libia, se alcanzó un nuevo punto culminante en este proceso. Los gobiernos europeos —en particular Italia— han perseguido una “política de contención” de las personas refugiadas en Libia, especialmente mediante la mejora de la capacidad de la Guardia Costera libia para interceptar a personas en el mar y devolverlas a Libia, y también mediante la imposición de obstáculos al trabajo de la ONG que salvan vidas en el Mediterráneo central.

Con ello, los gobiernos europeos se han convertido deliberadamente en cómplices de la tortura y los abusos infligidos a miles de personas refugiadas y migrantes.

De hecho, las personas refugiadas y migrantes interceptadas por la Guardia Costera libia son enviadas a centros de detención donde soportan tratos espantosos. Hasta 5.000 personas permanecen retenidas en estos centros de detención saturados e insalubres, donde están expuestas a sufrir detención arbitraria, tortura, trabajo forzoso, extorsión y homicidios ilegítimos.

Los gobiernos europeos deben renegociar toda su cooperación sobre migración con Libia, centrándose en la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el país.

CATALUÑA

Nota: No tenemos gran cosa sobre la que podamos hablar respecto a este tema. Únicamente podemos hablar sobre el uso de fuerza excesiva por parte de la policía durante el referéndum y sobre la detención de los Jordis. Si les preguntan sobre el tema, traten de orientarlo rápidamente hacia estas cuestiones.

Sobre la detención de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural)

La prolongación de la prisión provisional de los Jordis constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de inmediato. Además, los cargos de sedición y rebelión que pesan contra ellos, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben retirarse.

Amnistía Internacional no cuestiona la sentencia del 7 de septiembre del Tribunal Constitucional contra la ley del referéndum catalán, ni su aplicación. No obstante, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez tenían derecho a expresar opiniones contrarias a las decisiones del Tribunal, así como a organizar reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.

Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos, como proteger el orden público o la seguridad nacional, requiere que las autoridades demuestren que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido. La presentación de cargos penales graves contra quienes organizan este tipo de reuniones es una medida excesiva y desproporcionada.

Amnistía Internacional reitera que el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica garantiza el derecho de las personas y las organizaciones de la sociedad civil a expresar sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento, individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas.

Sobre la autodeterminación y la libertad de expresión

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre el derecho a la autodeterminación, y por tanto sobre si las autoridades catalanas tienen derecho, en virtud del derecho internacional, a procurar la autodeterminación de Cataluña mediante la organización de un referéndum de independencia. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la celebración del referéndum, una decisión que Amnistía Internacional no cuestiona.

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho a la autodeterminación, pero no define el contenido exacto de este derecho. No existe una definición jurídica aceptada sobre la autodeterminación, ni tampoco hay acuerdo sobre lo que ésta implica. Por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos no establece claramente si la autodeterminación requiere independencia política, autonomía dentro de un Estado existente, libertad religiosa, uso de un idioma autóctono o control sobre los recursos.

Amnistía Internacional no está en condiciones de evaluar si la actual condición política de Cataluña —una comunidad autónoma dentro de España— está asociada a violaciones concretas de los derechos humanos de las personas que allí residen, incluidos los derechos de las minorías, garantizados por el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación conllevan la posibilidad de vigilar las violaciones de derechos humanos e informar sobre ellas, así como de formular recomendaciones a las autoridades. Esos derechos están igualmente asociados con la posibilidad de expresar, apoyar y promover pacíficamente ideas, incluida la de la independencia de Cataluña.

La decisión del Tribunal Constitucional se aplica a los funcionarios y cargos públicos de Cataluña. Sin embargo, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación de los agentes no estatales que expresan ideas en apoyo de la independencia de Cataluña deben ser respetados. En concreto, las personas particulares deben poder expresar en todo momento sus opiniones sobre el referéndum, y la independencia en general, tanto de forma individual como colectiva, por ejemplo, en el marco de reuniones públicas, incluidas las reuniones espontáneas. A Amnistía Internacional le preocupa que en algunos casos estos derechos se hayan restringido desproporcionadamente.

El derecho a la libertad de expresión incluye a las personas particulares que sean propietarias de medios de comunicación (televisión, Internet, etc.) que decidan expresar opiniones en apoyo al referéndum a través de dichos medios, siempre que no reciban o utilicen financiación pública para hacerlo. Este derecho no abarca los actos de particulares encaminados a facilitar la organización práctica del referéndum para que éste pueda llegar a realizarse a pesar del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (por ejemplo, proporcionar apoyo logístico a las autoridades para la celebración de la consulta).