El 30 de enero de 2018, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que revocaba la orden dictada en 2009 por su predecesor de cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo. La nueva orden dispone que las operaciones de detención en ese centro “continuarán” y que, “además, Estados Unidos puede transportar a detenidos adicionales” a Guantánamo “cuando sea legal y necesario para proteger la Nación”. El secretario de Defensa, en consulta con otras agencias ejecutivas, debe elaborar, antes del 30 de abril, recomendaciones “respecto a la disposición de las personas capturadas en relación con un conflicto armado, incluidas las políticas que rigen el traslado de individuos a la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo”. En un discurso pronunciado poco después de firmar la orden, el presidente Trump declaró que pedía la acción del Congreso “para garantizar que, en la lucha contra ISIS y Al Qaeda, seguimos contando con todo el poder necesario para detener a terroristas donde quiera que los persigamos y donde quiera que los encontremos. En muchos casos, para esos terroristas, el lugar de detención será la bahía de Guantánamo”.

 

Al parecer, dos de los detenidos cuyo traslado a Guantánamo se está considerando son Alexandra Kotey y El Shafee Elsheikh. Ambos son presuntos miembros del grupo armado autodenominado Estado Islámico que pertenecen detenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos, tras haber sido puestos bajo custodia en Siria a principios de febrero de 2018. El Departamento de Estado estadounidense los clasificó a ambos como “terroristas globales especialmente designados” a principios de 2017. Los dos son objeto de conversaciones diplomáticas en curso entre Estados Unidos y Reino Unido. Alexandra Kotey nació en Reino Unido, y El Shafee Elsheikh creció en ese mismo país. Según se ha informado, las autoridades de Reino Unido han retirado a ambos la ciudadanía británica, y no está claro si Reino Unido estará dispuesto a aceptar a estos dos hombres para que sean juzgados allí. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense ha declarado que el gobierno está examinando la posibilidad de trasladar a los dos hombres a Guantánamo y, según se ha informado, el Departamento de Justicia está examinando la opción de trasladarlos a Estados Unidos para juzgarlos en un tribunal federal, por cargos que podrían ser castigados con la pena de muerte.

 

Amnistía Internacional considera que las detenciones en Guantánamo violan las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La organización lleva mucho tiempo pidiendo que todos los detenidos recluidos allí sean llevados a juicio o puestos en libertad, que se abandone el sistema de juicios ante tribunales militares, ya que no cumple las normas internacionales sobre juicios justos, y que se cierre el centro de detención. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente.

 

Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras:

 

- Pidiendo a las autoridades que recomienden al presidente que no se envíe a más detenidos a Guantánamo, incluidos Alexandra Kotey y El Shafee Elsheikh, que se trabaje para que los detenidos que aún permanecen recluidos en la base naval sean juzgados en tribunales civiles o puestos en libertad, y que se regrese a la política de cerrar el centro de detención de Guantánamo de inmediato;

 

- Pidiendo que todas las personas bajo custodia estadounidense contra las que existan pruebas admisibles de responsabilidad en crímenes de derecho internacional, incluidos los cometidos en el contexto de los conflictos armados de Irak y Siria, sean acusados y llevados a juicio ante un tribunal civil con jurisdicción para juzgar esos crímenes;

 

- Instando a que no se recurra a la pena de muerte en ningún caso.

 

Envíen llamamientos antes del 30 de abril de 2018 a: 

 

James N. Mattis

Secretary of Defense

US Department of Defense

1000 Defense Pentagon

Washington, DC 20301-1000, EE. UU.

Fax: +1 703 571 8951

Correo-e: osd.pa.dutyofficer@mail.mil

Tratamiento: Sr. Secretario de Defensa / Dear Secretary of Defense

 

Thomas Bossert

Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism, The White House, 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, EE. UU.

Correo-e.: thomas.p.bossert@nsc.eop.gov

Tratamiento: Sr. Bossert / Dear Mr Bossert

 

Rex Tillerson

Secretary of State

US Department of State

2201 C Street NW,

Washington, DC 20520, EE. UU.

Correo-e.: https://register.state.gov/contactus/contactusform

Tratamiento: Sr. Secretario de Estado / Dear Secretary of State 

 

 

Las operaciones con detenidos en Guantánamo comenzaron el 11 de enero de 2002 bajo lo que el entonces presidente George W. Bush denominó “guerra [global] contra el terror” tras los atentados perpetrados contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 (11-S). En Guantánamo se ha recluido a un total de 779 individuos, y los traslados de detenidos a la base fueron disminuyendo a medida que aumentaba la condena mundial al respecto. De los detenidos, 632 fueron llevados allí en 2002, 117 en 2003, 10 en 2004, ninguno en 2005, 14 en 2006, 5 en 2007 y uno en 2008. No se ha llevado a ningún nuevo detenido a Guantánamo desde el 14 de marzo de 2008. El 22 de enero de 2009, el entonces presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva en la que se comprometía a que su gobierno pusiera fin a las detenciones y cerrara el centro. Obama no cumplió esta promesa, y cuando ocupó su cargo el presidente Trump, que durante la campaña se había comprometido a mantener el centro de detención abierto y “llenarlo de tipos malos”, aún quedaban 41 hombres recluidos allí. Un año después, los 41 siguen allí detenidos; algunos llevan en Guantánamo más de 16 años, todos ellos llevan más de un decenio, y la mayoría están recluidos sin cargos ni juicio (véase: https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/7822/2018/en/).

 

La orden ejecutiva del presidente Trump del 30 de enero de 2018 reitera la postura estadounidense de que, entre los instrumentos que autorizan las detenciones, se encuentra la Autorización para el Uso de Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso sin apenas debate después de los atentados del 11-S. Los tribunales federales estadounidenses han aprobado la AUMF como la autoridad legal que permite las detenciones. La orden ejecutiva del presidente Trump afirma que la AUMF “y otros instrumentos autorizaron a Estados Unidos a detener a ciertas personas que formaran parte de Al Qaeda, los talibanes o fuerzas asociadas que participaban en hostilidades contra Estados Unidos o sus socios de coalición, o que contaran con su apoyo sustancial”. La orden añade: “Hoy, Estados Unidos mantiene un conflicto armado con Al Qaeda, los talibanes y otras fuerzas asociadas, incluidos el Estado Islámico de Irak y Siria.” La cuestión de si los tribunales estadounidenses deben considerar que la AUMF abarca que los detenidos pertenecientes al autodenominado Estado Islámico sean trasladados a Guantánamo es una cuestión abierta, ya que hasta el momento no se ha trasladado allí a ningún detenido perteneciente a ese grupo.

 

El hecho de que aún no se haya enviado a nadie a Guantánamo bajo el gobierno de Trump puede indicar la incertidumbre sobre la base legal, según la legislación estadounidense, de detener allí a miembros del Estado Islámico en ausencia de una “nueva AUMF”. Tampoco está claro hasta qué punto es el presidente Trump entusiasta respecto a reiniciar los traslados a Guantánamo pese a sus promesas electorales y su orden ejecutiva. Cuando en noviembre de 2017 un periodista le preguntó si apoyaría el traslado a la base de un hombre sospechoso de un atentado en la ciudad de Nueva York, el presidente respondió: “Sin duda, lo tendría en cuenta”. El sospechoso en cuestión fue acusado para ser juzgado en un tribunal federal y permanece bajo custodia civil; el presidente señaló que el “proceso” de Guantánamo “lleva mucho más tiempo que recurrir al sistema federal”. Otro motivo de preocupación con amplias consecuencias fue el llamamiento que el presidente hizo en Twitter para que el sospechoso de Nueva York fuera condenado a muerte, un llamamiento que estuvo acompañado por otros tuits que burlaban los principios del Estado de derecho. Mientras tanto, en Guantánamo el proceso de comisiones militares se ha convertido en un caos aún mayor. El 16 de febrero de 2018, un juez militar suspendió “indefinidamente” los procedimientos preliminares en la causa, punible con la pena capital, contra Abd al Nashiri, después de que el abogado defensor se retirara a consecuencia de la presunta vigilancia gubernamental de las reuniones entre el abogado y su cliente (véase https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/7413/2017/en/).

 

Amnistía Internacional considera que cualquier persona que, por motivos razonables, sea sospechosa de ser responsable de crímenes de derecho internacional debe comparecer ante tribunales civiles y debe recibir un juicio justo que cumpla las normas internacionales, sin recurrir a la pena de muerte. Esto incluye a los combatientes extranjeros sospechosos de crímenes de derecho internacional tales como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos durante los conflictos armados no internacionales de Irak y Siria. Siempre que existan pruebas admisibles suficientes, estas personas deben ser llevadas ante la justicia en un juicio justo, que podría celebrarse en cualquier sistema judicial que contara con la jurisdicción necesaria, ya sea en su país de nacionalidad, Siria, Irak, o La Haya o un tercer país que aplique la jurisdicción universal a esos delitos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En la actualidad, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica, y los tribunales internacionales establecidos para juzgar los delitos más graves recogidos en el derecho internacional no permiten la pena de muerte.

 

 

Índice: AMR 51/7929/2018