Martes, 27 de febrero, 2018

“Al obligar a las mujeres y niñas a cubrirse el cabello, las autoridades iraníes llevan décadas violando los derechos humanos de las mujeres, cuya dignidad han herido también profundamente. En lugar de amenazar a las mujeres con penas de prisión por reclamar sus derechos humanos, las autoridades deben abolir de inmediato las leyes y prácticas discriminatorias, abusivas y degradantes sobre el uso obligatorio del velo", manifestó Amnistía Internacional


Una advertencia de la policía iraní respecto a que las mujeres podrían ser encarceladas durante hasta diez años por unirse a las protestas contra el uso obligatorio del velo ha puesto a decenas de mujeres en peligro inmediato de ser encarceladas injustamente, y constituye una alarmante escalada de la violenta represión ejercida por las autoridades contra los derechos de las mujeres. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
 
Más de 35 mujeres han sido atacadas violentamente y detenidas únicamente en Teherán desde diciembre de 2017 por participar en las protestas pacíficas que se están llevando a cabo contra la práctica discriminatoria y abusiva del uso obligatorio del velo. En una declaración oficial publicada el 23 de febrero, la policía advirtió de que ahora se acusaría a las mujeres de “incitar a la corrupción y la prostitución”, lo que entraña una pena máxima de 10 años de prisión. Una de las mujeres que protestaban, Narges Hosseini, ha sido juzgada hoy ante un tribunal de Ershad (Orientación Moral) de Teherán acusada, entre otros, de este nuevo cargo.
 
“Se trata de una medida sumamente retrógrada por parte de las autoridades iraníes en su persecución constante de las mujeres que se atreven a alzar la voz contra el uso obligatorio del velo. Pone a muchas mujeres en un peligro grave e inmediato de ser encarceladas injustamente, y al mismo tiempo transmite a otras el escalofriante mensaje de que deben guardar silencio mientras se violan sus derechos”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
 
“Al obligar a las mujeres y niñas a cubrirse el cabello, las autoridades iraníes llevan décadas violando los derechos humanos de las mujeres, cuya dignidad han herido también profundamente. En lugar de amenazar a las mujeres con penas de prisión por reclamar sus derechos humanos, las autoridades deben abolir de inmediato las leyes y prácticas discriminatorias, abusivas y degradantes sobre el uso obligatorio del velo.”
 
Al menos a otra mujer, Shaparak Shajarizadeh, le han informado de que se enfrenta al cargo de “incitar a la corrupción y la prostitución”. En estos momentos se encuentra recluida en régimen de aislamiento en la prisión de Shahr e Rey, en Varamin, cerca de Teherán. Su abogado ha dicho que, en el centro de detención de Vozara, en Teherán, le infligieron tortura y otros malos tratos tras su arresto, y también le inyectaron varias veces una sustancia no identificada, por la fuerza y contra su voluntad.
 
Otras mujeres detenidas en las últimas semanas por protestar pacíficamente contra el uso obligatorio del velo son Vida Movahed y Azam Jangravi, que actualmente están en libertad bajo fianza, y Maryam Shariatmadari y Hamraz Sadeghi, que permanecen detenidas.
 
La declaración de la policía coincide con un reciente aumento de la brutalidad policial contra las protestas individuales llevadas a cabo por mujeres que, en lugares públicos concurridos, se quitan el pañuelo de la cabeza y lo agitan silenciosamente en el extremo de un palo mientras permanecen de pie sobre estructuras elevadas.
 
El jueves 22 de febrero se hizo viral en las redes sociales persas un vídeo que mostraba a un policía empujando temerariamente a Maryam Shariatmadari desde una estructura de cemento en la que estaba de pie sin pañuelo en la cabeza. Las amistades de Maryam han informado de que, a consecuencia de la caída, esta sufrió heridas que requirieron cirugía. Ahora se encuentra recluida en la prisión de Shahr e Rey, sin acceso a atención médica adecuada.
 
Amnistía Internacional ha sabido asimismo que la madre de Maryam Shariatmadari, Mitra Jamshidzadeh, también estuvo detenida el 23 de febrero durante unas 30 horas en el centro de detención de Vozara, en Teherán. Su abogado ha declarado que Mitra fue golpeada cuando trató de obtener información sobre el paradero de su hija.
 
El sábado 24 de febrero, Hamraz Sadeghi, que estaba de pie sobre una caja de herramientas en Teherán, agitando su pañuelo de la cabeza, fue golpeada y detenida por un agente vestido de civil. Según la declaración de un testigo presencial, a la mujer se le fracturó el codo después de que la arrojaran violentamente al suelo de un empujón desde lo alto de la caja.
 
En las últimas semanas, las autoridades iraníes, incluidos el fiscal jefe de Irán y el presidente del Tribunal Revolucionario de Teherán, han insultado a las mujeres que protestan llamándolas “idiotas,” “infantiles”, “engañadas”, “pervertidas” y “malvadas”, y acusándolas de asociarse con “enemigos extranjeros”.
 
El portavoz del poder judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni Ejei, ha declarado que las mujeres que protestan contra el uso obligatorio del velo “actúan bajo la influencia de drogas sintéticas” o reciben instrucciones de “grupos criminales organizados”.
 
“Las autoridades iraníes deben hacer que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos, incluidos la tortura y otros malos tratos, y deben abstenerse de hacer declaraciones que inciten a nueva violencia y abusos”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.
 
Información complementaria
 
En virtud del derecho internacional, la legislación iraní que establece el uso obligatorio del velo constituye una clara violación de una serie de derechos humanos clave. Es sumamente discriminatoria para las mujeres y las niñas, que son su objetivo único y directo. Esa obligación establecida en la ley viola también el derecho de las mujeres y las niñas a la libertad de expresión, pensamiento y conciencia, su derecho a la intimidad y derechos específicos de la infancia.
 
Al obligar a las mujeres y las niñas a cubrirse el cabello, por medios que incluyen actos violentos y humillantes y detenciones y reclusiones arbitrarias, las autoridades han herido además profundamente la dignidad de las mujeres y han infligido, en términos legales, trato o pena cruel, inhumano o degradante, absolutamente prohibido por el derecho internacional. Cuando causan dolor o sufrimiento grave, ya sea mental o físico, esos actos constituyen tortura.