Martes, 27 de febrero, 2018

“La detención de Salah Hammouri es otro ejemplo indignante del uso generalizado de la detención administrativa por parte de Israel, que ésta ha ido ampliando continuamente en los años de ocupación. Amnistía Internacional pide a Israel que ponga fin al uso de esta práctica, que somete a las personas detenidas y a sus familias a un estado continuo de incertidumbre”, declaró Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África


Ante la prórroga por las autoridades israelíes de la detención administrativa de Salah Hammouri, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“La detención administrativa de Salah Hammouri lo coloca en un limbo indefinido: las pruebas contra él son secretas, no puede impugnar efectivamente su detención y no sabe cuándo será puesto en libertad. Esto viola su derecho a un juicio justo y su detención sin cargos, su derecho a la libertad. Salah Hammouri debe ser acusado formalmente o puesto en libertad de inmediato”.

“La detención de Salah Hammouri es otro ejemplo indignante del uso generalizado de la detención administrativa por parte de Israel, que ésta ha ido ampliando continuamente en los años de ocupación. Amnistía Internacional pide a Israel que ponga fin al uso de esta práctica, que somete a las personas detenidas y a sus familias a un estado continuo de incertidumbre”.

Información complementaria

Salah Hammouri es ciudadano francés, con residencia en Jerusalén Oriental. Trabaja como investigador de campo en Jerusalén para la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Addameer, organización palestina de derechos humanos. Khalida Jarrar, miembro de la junta directiva de Addameer, está también en detención administrativa desde el 2 de julio de 2017, y las autoridades israelíes han prohibido a tres miembros del personal de la organización salir de Israel y de los Territorios Palestinos Ocupados.

Las fuerzas israelíes detuvieron a Salah Hammouri el 23 de agosto, cuando irrumpieron por la noche en su casa, en el barrio de Kafr Aqab del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. El 29 de agosto de 2017, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, le impuso una orden de detención administrativa de seis meses. El 5 de septiembre, día de la vista judicial convocada para confirmar la orden, el Tribunal de Distrito de Jerusalén dispuso, en vez de ello, que Salah Hammouri cumpliera lo que le quedaba de una condena que le había sido impuesta en 2005, lo que suponía que tendría que pasar tres meses en prisión, pero el fiscal recurrió contra la decisión. El 13 de septiembre, el Tribunal Superior de Israel falló a favor del recurso del fiscal contra la reanudación de la condena anterior, y el 17 de septiembre, el Tribunal de Distrito confirmó la orden inicial de detención administrativa por seis meses.

Las autoridades israelíes lo habían tenido encarcelado anteriormente durante siete años y había quedado en libertad en virtud de un canje de prisioneros llevado a cabo en 2011. Residente en Jerusalén Oriental, le prohibieron entrar en el territorio ocupado de Cisjordania hasta septiembre de 2016, y su esposa, ciudadana francesa, tiene también prohibido entrar en los Territorios Palestinos Ocupados o en Israel desde 2016. En febrero de 2016, la esposa de Salah Hammouri fue expulsada de Israel tras pasar tres días recluida en un centro de detención cerca del aeropuerto Ben Gurion. La familia de Salah Hammouri, incluidos su esposa, su hijo y su suegro, han sufrido hostigamiento y amenazas de desconocidos tras la publicación de sus datos de contacto en un sitio web francés.