Afganistán: Las vidas civiles deben ocupar el lugar central en el Proceso de Kabul

La conferencia del Proceso de Kabul debe situar la protección de la población civil afgana y la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el lugar central de los debates que mantendrá esta semana. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Los líderes y representantes de 23 gobiernos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se reúnen en la capital afgana durante tres días de conversaciones centradas en los temas de la seguridad y la lucha contra el terrorismo.

“El mayor problema de seguridad en Afganistán es la seguridad de la población civil afgana. En las últimas semanas hemos visto desplegarse en las calles de Kabul los horrores de años anteriores, con crueles ataques contra civiles que constituyen crímenes de guerra”, ha manifestado Omar Waraich, director adjunto de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“El gobierno afgano y la comunidad internacional expresan reiteradamente su preocupación por las vidas de la población civil, pero no han puesto la protección de esas vidas en el centro de su política.”

Bajas civiles

La conferencia del Proceso de Kabul tiene lugar contra el telón de fondo de la implacable violencia. En el ataque más mortífero de este año, 95 civiles murieron y 158 resultaron heridos el 27 de enero cuando los talibanes condujeron una ambulancia cargada de explosivos contra una calle muy concurrida en el centro de Kabul.

Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), 2017 fue el cuarto año consecutivo en que las bajas civiles —el número de personas muertas y heridas— superaron las 10.000.

En 2017, los atentados suicidas y los ataques con dispositivos explosivos improvisados, indiscriminados e ilegales, fueron la principal causa de bajas civiles, según la UNAMA. El más mortífero de esos ataques, perpetrado en Kabul el 31 de mayo de 2017, mató a 92 civiles e hirió a casi 500.

Las fuerzas progubernamentales, tanto afganas como internacionales, fueron responsables de una quinta parte de las bajas civiles producidas el año pasado. La UNAMA documentó 295 muertes causadas por ataques aéreos: la cifra más alta desde que se empezaron a llevar registros en 2009.

Ataques contra manifestantes

Cuando estallaron las protestas contra la violencia en junio de 2017, las fuerzas de seguridad afganas recurrieron a fuerza letal ilegal: mataron a seis manifestantes e hirieron a más de una docena. No se ha hecho rendir cuentas a nadie por las seis muertes.

“Las autoridades afganas deberían estar dedicando sus recursos a proteger las vidas civiles. En lugar de atender las peticiones de justicia, las autoridades afganas han atacado despiadadamente a manifestantes y han restringido su derecho a la libertad de reunión”, ha declarado Omar Waraich.

Devoluciones desde Europa que ponen en peligro a personas afganas

Los países europeos, muchos de los cuales estarán representados en el Proceso de Kabul, están devolviendo a personas solicitantes de asilo afganas a pesar de que la violencia ha seguido afectado a todas las zonas del país.

“Al difundir la peligrosa mentira de que Afganistán es seguro, los gobiernos europeos están poniendo en peligro a las personas a las que devuelven. Estas devoluciones deben cesar de inmediato”, ha manifestado Omar Waraich.

Investigación de la Corte Penal Internacional

Mientras las autoridades de Afganistán y sus aliados sigan sin garantizar la justicia para las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos en el país, la única esperanza de justicia es que la Corte Penal Internacional (CPI) lleve a cabo una investigación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

A este respecto, la organización de derechos humanos ha manifestado su satisfacción por el hecho de que, el 20 de noviembre de 2017, la fiscal pidió a la CPI autorización para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en relación con el conflicto armado desde el 1 de mayo de 2003.

“Las autoridades de Afganistán deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas de las que se sospeche razonablemente que han cometido crímenes atroces masivos comparecen ante la justicia en juicios justos sin la posibilidad de la pena de muerte. Ha sido la inacción continua y descarada del gobierno respecto a hacer justicia lo que ha obligado a la CPI a intervenir, y Afganistán no puede seguir eludiendo su responsabilidad para con las víctimas de esos delitos tan espantosos", ha manifestado Solomon Sacco, director del equipo de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.