VENEZUELA ATRAVIESA UNA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS SIN PRECEDENTES

Jueves, 01 de marzo, 2018

Amnistía Internacional ha documentado y denunciado un amplio abanico de violaciones de derechos humanos que incluye detenciones arbitrarias por motivos políticos, tortura y otros malos tratos, homicidios ilegítimos, uso abusivo de la fuerza, desapariciones forzadas, ausencia de independencia del poder judicial y de garantías procesales, y violaciones de los derechos a la alimentación, la salud y a una vivienda adecuada


El país sufre una aterradora tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes (21.752 homicidios en 2016),1
lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo. La inflación alcanzó el 2.400 % en 2017,2 agravando los efectos de una escasez crítica de alimentos y material médico.
 
Amnistía Internacional ha documentado y denunciado un amplio abanico de violaciones de derechos humanos que incluye detenciones arbitrarias por motivos políticos, tortura y otros malos tratos, homicidios ilegítimos, uso abusivo de la fuerza, desapariciones forzadas, ausencia de independencia del poder judicial y de garantías procesales, y violaciones de los derechos a la alimentación, la salud y a una vivienda adecuada. Entre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional figuran las siguientes cuestiones, y la organización pide a los Estados que traten de aplicar las siguientes recomendaciones viables para mitigarlas:
 
1. Cuando se habla de Venezuela se suele caer en debates políticos o ideológicos, ignorando las consecuencias dramáticas y generalizadas que está teniendo la crisis en los derechos humanos de las personas que viven en el país. Amnistía Internacional pide un debate que se ciña estrictamente a los derechos humanos en relación con la crisis venezolana para subrayar el impacto en el nivel de vida y los derechos de las personas.
 
El discurso politizado en torno a la crisis venezolana ha desviado excesivamente la atención de cuestiones críticas de derechos humanos para llevarla a un debate político de demonización y enfrentamiento entre quienes “apoyan” al gobierno y sus políticas y quienes se “oponen” a él. Estos problemas no son políticos, son cuestiones acuciantes de derechos humanos. Hay que reconocer y abordar el amplio espectro de violaciones de derechos humanos, que afectan, entre otros, a los derechos a la alimentación, a la salud, a una vivienda adecuada, a la vida, a la libertad, a la integridad física, a no sufrir tortura ni otros malos tratos y, lo que es vital, al derecho a la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición.
 
2. Ampliar, defender y reforzar el apoyo y la cooperación internacionales con las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas en todos los espacios de participación civil, reiterando la obligación del Estado venezolano de dejar de hostigar y criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
 
El espacio civil de Venezuela se ha ido reduciendo drásticamente en los últimos años. En 2017, mediante restricciones indebidas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, y el derecho de reunión pacífica y a la participación política, agravadas por un grado de inseguridad impresionante y un nivel de vida dramático, las organizaciones de la sociedad civil experimentaron unas condiciones sumamente difíciles en las que llevar a cabo su misión. Algunas personas defensoras de los derechos humanos se han visto obligadas a huir del país; otras han pasado largos periodos en la clandestinidad, y otras tienen que hacer frente al hostigamiento, la intimidación y otras amenazas a su seguridad. La crisis económica que afecta al país ha añadido presión a unos recursos ya limitados.
 
Debe reconocerse y protegerse el papel de quienes defienden los derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en un contexto en el que se están violando a diario los derechos humanos de las personas.
 
3. Promover la implementación de medidas concretas para proporcionar material médico a fin de garantizar el derecho a la salud, especialmente para las personas que viven con enfermedades crónicas, pacientes de trasplantes y, específicamente, medicación antirretroviral para las personas que viven con el VIH debido a su inminente falta de disponibilidad.
 
Desde 2016, Amnistía Internacional documenta cómo el sistema de salud de Venezuela no cubre las necesidades de la población. Según el Ministerio de Salud venezolano, la mortalidad materna aumentó un 65% de 2015 a 2016, y la mortalidad infantil, un 31% durante el mismo periodo;3 además, aumentan enfermedades por cuya erradicación Venezuela había sido históricamente un modelo, como la malaria, y en cuanto a los medicamentos, se han agotado las
existencias o son inaccesibles debido a la galopante inflación.
 
Una de las situaciones más graves es la de quienes viven con el VIH. A menos que el gobierno tome medidas inmediatas, las existencias de medicación antirretroviral, ya menguantes, se acabarán en marzo de 2018.
 
4. Continuar propugnando la excarcelación y el derecho a la libertad personal y a un juicio justo de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, especialmente los presos de conciencia Leopoldo López y Villca Fernández, así como Alexander Tirado, Fred Mavares, Gilber Caro, José Vicente García, Marcelo Crovato, Raúl Emilio Baduel y Reggie Andrade.
 
Amnistía Internacional ha documentado una constante de detenciones arbitrarias como medio para silenciar y reprimir la disidencia que incluye el uso de la tortura y otros malos tratos (Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel), juicios en tribunales militares (Gilber Caro) y detenciones sin orden judicial. También preocupan las condiciones en las que están recluidas las personas detenidas, y específicamente las restricciones al acceso a alimentos y a atención médica, el acceso limitado a la luz natural, el hacinamiento y las limitaciones injustificadas de las visitas de familiares y abogados.
 
Preocupa especialmente el incumplimiento reiterado de las órdenes de libertad dictadas por los tribunales. José Vicente García, Fred Mavares y Reggie Andrade están actualmente bajo custodia del servicio de inteligencia (SEBIN) a pesar de las reiteradas órdenes de libertad dictadas en su favor.
 
El preso de conciencia Villca Fernández está bajo custodia del SEBIN desde el 31 de enero de 2016, tras enviar en las redes sociales un mensaje a un alto cargo, y Leopoldo López sigue cumpliendo condena bajo arresto domiciliario. Ambos deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.
 
5. Monitorear y apoyar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Venezuela en lugares como Aruba, Brasil, Colombia y Trinidad y Tobago, entre otros, derivada en gran medida del deterioro del acceso a alimentos y medicinas en Venezuela.
 
La salida masiva de personas de Venezuela es enormemente preocupante desde el punto de vista de las condiciones internas que causan este éxodo, pero también desde la perspectiva de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran estas personas fuera del país. Es otro claro ejemplo más de cómo la carga de las violaciones de derechos humanos en Venezuela es excesiva para muchas personas. La investigación sobre el terreno en la frontera con Colombia muestra que cientos de miles de personas pasan por las poblaciones fronterizas de Colombia o permanecen en ellas huyendo de la dramática escasez de alimentos y medicinas.
 
La situación de las mujeres embarazadas es especialmente preocupante. Aunque el gobierno venezolano niega la existencia de una emergencia humanitaria compleja, decenas de mujeres gestantes cruzan la frontera hasta Colombia en busca de unos servicios de salud materna más seguros.
 
6. Reiterar la obligación del Estado venezolano de hacer investigaciones sin demora, imparciales, independientes y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos a fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, así como garantías de no repetición.
 
La ausencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sólo contribuirá a empeorar las violaciones de los derechos humanos de todas las personas en Venezuela y no ayudará en modo alguno a resolver la crisis. El derecho a la verdad, la justicia y a una reparación de las víctimas debe estar en el centro de cualquier solución a la crisis venezolana.
 
Las personas de Venezuela deben poder contar con un sistema de justicia penal que haga justicia por las violaciones de
derechos humanos que han soportado.
 
 
Encontrará más información en:
 
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Los rostros de la impunidad: A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia (Índice: AMR 53/1239/2015).
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Políticas obstinadas aceleran catastrófica crisis humanitaria (Índice: NWS 11/5140/2016).
 
 
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Defensor de derechos humanos hostigado (Índice: AMR 53/6252/2017).
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Residencia de defensores invadida, seguridad en riesgo (Índice: AMR 53/6324/2017).
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Violencia letal, una política de Estado para asfixiar a la disidencia (noticia, 10 de julio de 2017).
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Leopoldo López pasa a “arresto domiciliario” (Índice: AMR 53/6728/2017).
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Víctimas de detención arbitraria en huelga de hambre (Índice: AMR 53/6758/2017) 
 
 
 
Amnistía Internacional, Noches del terror. Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela (Índice: AMR53/7285/2017).
 
Amnistía Internacional, Venezuela sin antirretrovirales en 2018 (Índice: AMR 53/7580/2017).
 
Amnistía Internacional, Venezuela: Preso de conciencia requiere atención médica: Villca Fernández (Índice: AMR 53/7464/2017).
 
 
ÍNDICE: AMR 53/7899/2018


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