Martes, 13 de marzo, 2018

Está previsto que Carlton Gary, de 67 años, sea ejecutado en Georgia a las siete de la tarde del 15 de marzo, tras pasar 32 años en el corredor de la muerte. Fue declarado culpable en 1986 de los asesinatos de tres mujeres de los que se dijo al jurado que formaban parte de una serie de homicidios similares cometidos en 1977 y 1978


Tras menos de una hora de deliberación el 26 de agosto 1986, un jurado declaró a Carlton Gary, afroamericano de 35 años, culpable del robo, la violación y el asesinato de Florence Scheible, de 89 años, Martha Thurmond, de 69, y Kathleen Woodruff, de 74, asesinadas en sus casas a finales de 1977. La fiscalía alegó que el acusado —al que los medios de comunicación bautizaron como el “estrangulador de las medias”— había cometido estos y otros seis ataques contra mujeres en el mismo barrio de la ciudad de Columbus, en el oeste de Georgia, entre septiembre de 1977 y abril de 1978. Carlton Gary no fue acusado de los otros casos, pero la fiscalía utilizó como prueba contra él las semejanzas entre los delitos: por ejemplo, que todas las víctimas eran mujeres, todas tenían como mínimo 55 años, y todas fueron estranguladas en sus casas. La principal testigo de cargo era la única superviviente de esos ataques, Gertrude Miller, que identificó a Carlton Gary en el tribunal como el hombre que la había violado el 11 de septiembre de 1977. En sus alegatos finales al jurado, el fiscal subrayó esta identificación. La teoría de la acusación era, y sigue siendo, que sólo había un “estrangulador de las medias”, y que era Carlton Gary. Tras una breve vista de determinación de la pena celebrada el 27 de agosto de 1986, el jurado condenó a Carlton Gary a muerte.

La ejecución finalmente se programó para diciembre de 2009. Unas horas antes del momento fijado para llevarla a cabo, la Corte Suprema de Georgia dictó una suspensión y ordenó que se realizaran análisis de ADN. Los análisis realizados en 2012 al semen hallado en el camisón de Gertrude Miller concluyeron que ese semen no coincidía con el perfil de ADN de Carlton Gary, lo que indicaba que la dramática identificación realizada por Gertrude Miller ante el jurado era errónea. El único caso de las tres mujeres de cuyo asesinato fue acusado Gary en el que se obtuvo una muestra viable de ADN fue el de Martha Thurmond. La acusación había afirmado que las pruebas biológicas se habían destruido, pero se localizaron durante el proceso de apelación. Sin embargo, el laboratorio criminalístico encargado de realizar los análisis de ADN tras la suspensión de la ejecución dictada en 2009 contaminó la única muestra existente, lo que provocó la destrucción total de una prueba potencialmente exculpatoria.

En 2012, señalando este y otros problemas con las pruebas presentadas por la fiscalía contra su cliente, los abogados de Carlton Gary presentaron una moción para un nuevo juicio. Tras unas vistas probatorias, el tribunal de primera instancia denegó la moción en 2017. El 1 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Georgia rechazó revisar el caso y, el 16 de enero de 2018, denegó una moción para reconsiderar esa decisión. El 9 de marzo de 2018, los abogados presentaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos una petición en la que solicitaban una revisión de las cuestiones constitucionales planteadas desde la moción de un nuevo juicio, que no han sido objeto de ningún tipo de revisión judicial federal. Los abogados están tratando de conseguir una suspensión para que la Corte Suprema pueda considerar la petición sin la presión de una fecha de ejecución.

La orden de ejecución es válida del 15 al 22 de marzo de 2018. El director de Asuntos Penitenciarios ha fijado la ejecución para las siete de la tarde del 15 de marzo. La junta de libertad condicional examinará la petición de clemencia el 14 de marzo. Los abogados de Carlton Gary han pedido que se conmute la condena a muerte, y han afirmado que el estado actual de las pruebas significa que la teoría presentada por la fiscalía contra el acusado durante el juicio “no era de hecho cierta”.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras:

- Pidiendo a la junta de libertad condicional que conmute la condena de muerte de Carlton Gary;

- Expresando preocupación por la destrucción de pruebas de ADN potencialmente exculpatorias y señalando que otros análisis de ADN han indicado que la testigo principal de cargo durante el juicio se equivocó al identificar al acusado;

- Explicando que no pretenden restar importancia a la gravedad de los crímenes.

 

Envíen llamamientos antes del 15 de marzo de 2018 a: 

 

Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado

2 Martin Luther King, Jr. Drive SE, Suite 458, Balcony Level, East Tower, Atlanta, Georgia 30334-4909, EE. UU.

Correo-e: webmaster@pap.ga.gov

Fax: +1 404 651-6670

Tratamiento: Señores miembros de la Junta / Dear Board members

 

Información complementaria

La serie de homicidios de mujeres en el barrio de Wynnton, en la ciudad de Columbus (la segunda ciudad más grande de Georgia), comenzó a finales de 1977 y terminó en abril de 1978. Hasta 1984 no se había acusado a nadie, hasta que Carlton Gary fue detenido en mayo de ese año. Al jurado que lo juzgó le dijeron que Gary había realizado declaraciones ante la policía en las que se autoimplicaba en los crímenes, aunque no hay ninguna declaración firmada ni grabada. Un sospechoso anterior había hecho una confesión falsa con detalles de los crímenes; fue puesto en libertad cuando los asesinatos continuaron tras su detención. Los abogados encargados de la apelación de Carlton Gary han puesto en duda la supuesta confesión de su cliente, así como las pruebas de huellas dactilares utilizadas contra él. También han señalado la “desigualdad de condiciones” en este complejo juicio. Su reciente petición a la Corte Suprema señala que Carlton Gary estuvo representado en su juicio por un “abogado voluntario que no recibió remuneración alguna por su representación del Sr. Gary y no recibió ni un centavo para buscar asistencia experta o para realizar investigaciones ni antes del juicio del Sr. Gary ni en su transcurso”. Por el contrario, “la fiscalía contó con varios expertos antes del juicio y en su transcurso”.
 
Los análisis del semen obtenido de los asesinatos de Scheible y Thurmond se utilizaron en el juicio para implicar a Carlton Gary como la persona que había matado a las mujeres. Antes de la aparición de los análisis de ADN, se utilizaban los análisis de “secretor” (una persona que sea “secretora” transmite su grupo sanguíneo a otros fluidos corporales, como la saliva o el semen). En estos casos, el semen había sido dejado por una persona no secretora con grupo sanguíneo 0, mientras que los análisis mostraron que Carlton Gary tiene el grupo sanguíneo 0 pero es un secretor normal. Durante los procedimientos de apelación, el abogado que defendió a Gary durante el juicio declaró que no había visto los documentos de trabajo asociados con este análisis. Un experto en ADN contratado por los abogados de la apelación concluyó a partir de esos documentos que el semen había sido dejado por un no secretor en los casos tanto de Scheible como de Thurmond, y puso en duda el testimonio prestado en el juicio por el experto de la acusación que había realizado una declaración ambigua sobre el tema. El experto de la defensa también ha descrito como “atroz” la contaminación y destrucción de las pruebas de ADN del asesinato de Thurmond.
 
La fiscalía estaba en posesión de una huella de pisada de la escena de uno de los asesinatos de los que Carlton Gary no fue acusado, pero que, al igual que los otros asesinatos de los que no se le había acusado, fue utilizado contra él para conseguir una declaración de culpabilidad y una condena a muerte. La huella, que no se proporcionó a la defensa en el momento del juicio, correspondía a un zapato de talla 10 estadounidense. La talla de calzado de Carlton Gary es la 13,5 estadounidense, y un podólogo ha testificado que no era posible que el pie le encajara en un zapato de la talla 10.
 
Durante el juicio, la fiscalía también presentó testimonios sobre marcas de mordedura en la última víctima, asesinada el 19 de abril de 1978, otro de los asesinatos de los que Carlton Gary no fue acusado. Un médico forense testificó que, durante la autopsia, había observado lo que parecían marcas de dientes en el pecho de la víctima. Según su testimonio, no se había podido hacer una comparación fiable entre la marca de mordedura y los dientes del acusado porque a Carlton Gary le habían hecho arreglos dentales entre el momento del asesinato y su detención seis años después. Sin embargo, a la defensa no se le reveló que se había realizado un molde de la marca de mordedura. Durante las apelaciones estatales, los abogados de Carlton Gary supieron de su existencia, pero no pudieron localizarlo. Sin embargo, el molde se encontró durante las apelaciones federales en 2005. Se reveló que la fiscalía había consultado con un perito dentista antes del juicio, pero no había facilitado a la defensa información alguna sobre esa consulta. Desde entonces se ha revelado que, después de que este perito dijera a los fiscales que podría ser posible excluir a un sospechoso basándose en una comparación de sus dientes y ese molde, los fiscales se marcharon y no volvieron a ponerse en contacto con él. En la apelación, este experto testificó para la defensa y declaró que Carlton Gary “probablemente no era el autor del mordisco”.
 
Desde 1973 se han descubierto en Estados Unidos más de 160 condenas erróneas en casos de pena capital, seis de ellas en Georgia. En el país se han llevado a cabo 1.469 ejecuciones desde 1976, fecha en que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos de pena capital. De las 70 ejecuciones llevadas a cabo en Georgia, 64 (el 91 por ciento) eran por delitos con víctimas blancas. Un tercio de los ejecutados eran afroamericanos. De estas 23 ejecuciones, 17 fueron por delitos con víctimas blancas. Ninguna de las 70 ejecuciones llevadas a cabo en Georgia fue de un acusado blanco condenado por matar a una víctima negra. En lo que va de año ha habido cuatro ejecuciones en Estados Unidos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En la actualidad hay 142 países abolicionistas en la ley o en la práctica.
 
 
Índice: AMR 51/8043/2018