Todos los países, incluido Reino Unido, deben romper su pacto con el diablo sobre la venta de armas y Yemen

Flotas de aviones de combate, la mayor parte de la propia Arabia Saudí, han sembrado el caos en este empobrecido país con miles de ataques aéreos contra hospitales, mercados, viviendas, fábricas y tanatorios, entre otros objetivos.

Miles de civiles han perdido la vida, y miles más han sufrido terribles heridas. Además, el colapso de las infraestructuras, unido a un bloqueo parcial, ha privado a la mayoría de la población de agua potable y asistencia médica adecuada, provocando el peor brote de cólera de la historia moderna.

A pesar de todo esto, los países occidentales, con Estados Unidos y Reino Unido al frente, han suministrado a la coalición liderada por Arabia Saudí equipo militar valorado en miles de millones de libras, facilitando una campaña militar que se ha caracterizado por reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra.

Este conflicto ha revelado en toda su crudeza el verdadero precio del lucrativo comercio global de armas, por no hablar de las dificultades de aplicar el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU. Además de Estados Unidos y Reino Unido, muchos otros países, como Francia, España e Italia, que declaran su apoyo a los derechos humanos y su adhesión al Tratado sobre el Comercio de Armas, son igualmente pródigos a la hora de proporcionar armamento de alta tecnología a la coalición saudí.

Sin embargo, en este triste aniversario para Yemen hay destellos de esperanza. En todo el mundo han comenzado a dar sus frutos las duras críticas de activistas, periodistas y, fundamentalmente, de ciertas figuras políticas. En los últimos meses, ante la creciente presión de la opinión pública, muchos países europeos han suspendido las transferencias de armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí. Otros han seguido exportando armas, pero bajo un intenso escrutinio, con demandas judiciales y crecientes críticas de parlamentarios y de la opinión pública en general.

Es posible que se esté volteando la situación.

En Grecia hubo una oleada de protestas en diciembre al conocerse la existencia de un acuerdo para enviar 300.000 proyectiles de artillería a Arabia Saudí.  Ante la creciente presión de la sociedad civil, encabezada por Amnistía Internacional Grecia, una comisión parlamentaria tomó la decisión sin precedentes de cancelar el acuerdo.

En Finlandia, la opinión pública estalló indignada en enero al ver imágenes en las que Emiratos Árabes Unidos, miembro clave de la coalición saudí, utilizaba un vehículo blindado Patria, de fabricación finlandesa, en operaciones de combate en Yemen. La noticia de que Finlandia había concedido licencia para suministrar piezas de repuesto del Patria hizo que la mayoría de los candidatos de las recientes elecciones finlandesas —incluido el presidente del país— se pronunciaran sobre el suministro de armamento a Emiratos Árabes Unidos.

Este mismo mes, Noruega anunció que suspendería las exportaciones de productos militares letales a Emiratos Árabes Unidos (algo que ya había hecho con Arabia Saudí), alegando el peligro de que se utilizaran indebidamente en Yemen. Austria, Países Bajos y la Región Flamenca de Bélgica han denegado reiteradamente licencias de venta de armas a Arabia Saudí.

La gran noticia, sin embargo, fue que la coalición política recién formada en Alemania decidiera suspender la concesión de futuras licencias para transferencias de armas a países directamente implicados en el conflicto de Yemen. Tras años de presión conjunta de la sociedad civil, la prensa y algunas figuras políticas clave, por fin uno de los principales países fabricantes de armas del mundo había puesto límites. Aún está por ver lo sólida que será esta postura —en el pasado, las suspensiones de transferencias de armas han sido breves y se han eliminado al aflojar la presión—, y, sobre todo, si se seguirán enviando las mercancías incluidas en el marco de los acuerdos actuales, pero es otra señal de que quienes se oponen a estas irresponsables transferencias de armas están comenzando a ganar terreno.

Mientras, crece también la presión en otros lugares.

En Reino Unido, la opinión pública y todos los partidos de oposición apoyan que se deje de armar a Arabia Saudí.  Los activistas han llevado al gobierno británico ante los tribunales por este tema, y a pesar del decepcionante resultado judicial (el gobierno ganó el caso por considerar los tribunales que sus decisiones sobre la concesión de licencias habían sido “razonables”, dadas las pruebas evaluadas, a pesar de que la mayoría de estas pruebas las habían presentado los propios saudíes) se está trabajando en la presentación de un recurso.

En Estados Unidos, el pasado mes de junio se votó en el Senado, entre apasionados discursos, el bloqueo de una transferencia a Riad de proyectiles guiados de precisión y otros servicios relacionados por valor de más de 500.000 dólares. La votación se perdió por 47 votos a 51, un escaso margen sin precedentes. Entretanto, una nueva resolución del Senado, que invoca la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Act) de 1973, trata de retirar el apoyo logístico y de inteligencia a la campaña de la coalición Saudí en Yemen, basándose en que equivale a la participación de Estados Unidos en una guerra que el Congreso nunca ha autorizado.

Al mismo tiempo, en Canadá, Francia, Italia y España asistimos a una oleada de objeciones al suministro de armas a la coalición, con demandas judiciales, activismo y un intenso debate en la opinión pública.

Los países europeos que siguen suministrando armamento al sangriento conflicto de Yemen se enfrentan ahora a un dilema jurídico y moral cada vez más intenso. Como Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, tienen la obligación de dejar de suministrar armas si es probable que sean utilizadas para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o humanitario. Estados Unidos, al firmar el tratado, se comprometió a no emprender ninguna acción que menoscabe su objeto y propósito, que es “reducir el sufrimiento humano”, un compromiso que no se aviene con la desesperada situación que se vive actualmente en Yemen.

En este momento en que Yemen se enfrenta a otro duro año de hambre, enfermedad y guerra, con más de 20 millones de habitantes necesitados de ayuda humanitaria, está más claro que nunca la bancarrota moral y jurídica que supone el apoyo occidental de la coalición dirigida por Arabia Saudí.

Cada vez son más los países que, dándose cuenta de ello,  han reconocido el peligro que supone hacerse cada vez más cómplices de las crecientes violaciones y probablemente crímenes de guerra que se están cometiendo en Yemen.

Es hora de que los países que aún suministran armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí sigan el ejemplo y rompan este pacto con el diablo respecto a la venta de armas y Yemen.

 

Créditos: Patrick Wilcken, investigador de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.