Refugiados e inmigrantes son los grupos más vulnerables a sufrir explotación laboral y trabajos forzosos

Pese a que la esclavitud fue abolida en el mundo de forma oficial, en pleno siglo XXI todavía se registran casos de explotación laboral y trabajo forzosos,  siendo las poblaciones de refugiados e inmigrantes más vulnerables a sufrir violaciones a sus derechos por parte de las autoridades y empresas. El Informe 2017/18 de Amnistía Internacional recopila una serie de casos donde esta práctica continúa sucediendo sin que los Estados tomen medidas serias para su eliminación. 

En las Américas, el Tribunal de Apelaciones de la Columbia Británica resolvió que podía juzgarse en Canadá una denuncia contra Tahoe Resources por los disparos efectuados contra personas que protestaban ante la mina de esta empresa en Guatemala.

En noviembre, el Tribunal confirmó la sentencia de un tribunal de instancia inferior que había resuelto que podían proseguir las acciones judiciales contra Nevsun Resources por complicidad en trabajos forzados en su mina en Eritrea.

En Cuba, la detención arbitraria, los despidos discriminatorios de empleados y empleadas estatales y el hostigamiento de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia seguían empleándose para silenciar las críticas.

Europa

En el continente europeo se registró que en la causa Chowdury and others contra Grecia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, en una sentencia histórica, que 42 migrantes bangladeshíes habían sido víctimas de trabajo forzoso y tráfico de seres humanos cuando trabajaban en una finca productora de fresas del pueblo de Manolada, y que Grecia no había evitado el tráfico de seres humanos ni investigado eficazmente los delitos cometidos.

Mientras tanto, en Albania las mujeres y los niños y niñas eran objeto de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.

África

Los sindicatos estaban sujetos a severas restricciones en algunos países, y los trabajadores y trabajadoras migrantes continuaban expuestos a sufrir explotación y abusos, aunque en un par de países se llevaron a cabo reformas que les brindaron mayor protección laboral.

En Eritrea, se seguía sometiendo a niños y niñas a instrucción militar con el requisito de que debían cursar el duodécimo año de enseñanza secundaria en el campamento de instrucción del servicio nacional de Sawa, donde soportaban duras condiciones de vida, eran sometidos a una disciplina de carácter militar y recibían adiestramiento en el manejo de armas.

Las mujeres, en concreto, sufrían tratos especialmente duros en el campamento, como tortura y otros abusos. Se reclutaba a hombres de hasta 67 años para el “Ejército Popular”, donde se les entregaba un arma y se les asignaban tareas bajo la amenaza de castigos, tales como detención, multas o trabajos forzados.

Por otra parte, 115 personas perdieron la vida en Etiopía a causa de un desprendimiento de tierras en el vertedero Koshe, el mayor de Etiopía, situado en una zona habitada por cientos de personas en las afueras de Addis Abeba. La mayoría de las víctimas vivían junto al emplazamiento y se ganaban la vida gracias al reciclaje de basura.

Las autoridades eran conscientes de que el vertedero estaba saturado, y a la población no le quedaba más remedio que vivir y trabajar allí porque el gobierno no protegía su derecho a una vivienda adecuada y un trabajo digno.

Los grupos armados en la República Centroafricana llevaron a cabo homicidios, tortura y otros malos tratos, agresiones sexuales, secuestros, detenciones, extorsiones y saqueos, reclutamiento y explotación de niños y niñas y ataques contra personal e instalaciones de ayuda humanitaria, a la que también impidieron el acceso.

Medio Oriente

En los países del Golfo y en otros, como Jordania y Líbano, los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo explotación y abusos, en especial en sectores como el empleo doméstico y la construcción. 

En Libia había hasta 20.000 personas refugiadas y migrantes recluidas de forma arbitraria e indefinida y en condiciones de insalubridad y hacinamiento en centros de detención donde estaban expuestas a sufrir tortura, trabajo forzoso, extorsión y homicidio ilegítimo a manos de las autoridades y de las milicias que los administraban.

Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras en Bahréin migrantes seguían sufriendo explotación. En marzo y junio, participaron en marchas para protestar pacíficamente por el impago de sus salarios.

En Irak, las mujeres cabezas de familia alojadas en campos para personas internamente desplazadas, en especial aquellas cuyos familiares varones eran sospechosos de estar afiliados al Estado Islámico, denunciaban que sufrían violaciones y explotación, así como discriminación sistemática, sobre todo a causa del acceso inadecuado y desigual a comida, agua y otros suministros básicos.

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes en Jordania no gozaban de protección adecuada contra la explotación y los abusos. Alrededor de 50.000 personas refugiadas de Siria seguían bloqueadas en condiciones terribles en una zona desértica de la frontera con Siria.

La ONG Tamkeen Fields for Aid informó de que en Jordania vivían casi 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes, de los que sólo 315.016 tenían permiso de trabajo. Estas personas seguían estando expuestas a sufrir explotación y abusos, como confiscación del pasaporte por su empleador, condiciones laborales y de vida precarias,  negación del derecho a cambiar de empleo, trabajo forzoso y trata de personas. Las trabajadoras domésticas migrantes seguían sin tener derecho a disfrutar de unas vacaciones anuales y estaban sometidas a horarios de trabajo imprecisos, malos tratos verbales y físicos, abusos sexuales, confinamiento en el domicilio de sus empleadores e impago del salario.

Esta situación se presentó de igual manera en Kuwait, donde los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección adecuada contra la explotación y los abusos. Los migrantes, en especial los del servicio doméstico, la construcción y otros sectores, seguían sufriendo explotación y abusos con el sistema oficial de patrocinio laboral (kafala), que les impedía cambiar de trabajo o salir del país sin permiso de sus empleadores.

El Estado de Palestina adoptó en julio la Ley de Delitos Electrónicos, que permitía la detención arbitraria de periodistas, denunciantes de irregularidades y otras personas que criticaran a las autoridades en Internet. La ley preveía penas de prisión y de hasta 25 años de trabajos forzados para cualquier persona considerad culpable de haber alterado el “orden público”, la “unidad nacional” o la “paz social”. Se iniciaron varios juicios contra periodistas y defensores de los derechos humanos palestinos en aplicación de ella.

Los trabajadores y trabajadoras migrantes en Omán seguían sufriendo explotación y abusos. Las personas empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres procedentes de Asia y África, denunciaban que los empleadores a los que estaban vinculados en virtud del sistema oficial de patrocinio (kafala) les confiscaban los pasaportes, las obligaban a trabajar durante un número excesivo de horas y sin periodos de descanso, no les pagaban el salario completo y les negaban una alimentación y condiciones de vida adecuadas.

El sistema kafala no ofrecía a los trabajadores y trabajadoras domésticos todas las salvaguardias previstas en la Ley del Trabajo.

Asia

En Corea del Norte, las mujeres y los niños y niñas eran objeto de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.

Durante el año, en China se detuvo a un gran número de personas norcoreanas o se las devolvió a Corea del Norte, donde corrían peligro de sufrir trabajo forzoso y tortura y otros malos tratos.

Las personas que seguían trabajando en los países de acogida continuaban sometidas a horarios de trabajo excesivos y eran vulnerables en términos de salud y seguridad en el trabajo. Los medios de comunicación informaron de casos de ciudadanos norcoreanos que habían muerto trabajando en Rusia, que albergaba al menos a 20.000 personas de esta nacionalidad.

En Corea del Sur, a causa del Sistema de Permiso de Empleo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban expuestos a sufrir explotación, como por ejemplo tener que trabajar durante muchas horas con poco tiempo de descanso o sin descanso, con salarios bajos o abonados de manera irregular y en  condiciones de trabajo peligrosas.

En noviembre, el gobierno de Japón empezó a admitir a las primeras personas de nacionalidad vietnamita de entre las 10.000 que serían admitidas a lo largo de tres años, en aplicación del Programa de Formación de Becarios Técnicos, para paliar la escasez de mano de obra en Japón.

Quienes lo criticaban temían que, al haberse ampliado el Programa sin abordar antes sus  deficiencias, se incrementara el número de casos de violencia sexual, muertes por motivos laborales y condiciones de trabajo equivalentes a trabajo forzoso.

Las personas migrantes de Nepal atrapadas en situaciones de trabajo forzoso en el extranjero se encontraban con enormes dificultades a la hora de acceder a ayuda de las embajadas nepalíes para regresar al país.

Las empresas de contratación de personal continuaron utilizando su influencia política para evitar investigaciones, procesamientos y reparaciones por su constante explotación y abuso de personas migrantes.

En Uzbekistán, la policía detuvo a la defensora de los derechos humanos Elena Urlaeva y la recluyó forzosamente en una institución psiquiátrica durante un mes para impedir que participara en una reunión prevista con delegaciones del Banco Mundial y la Organización Internacional de Tashkent para hablar de sus averiguaciones sobre la práctica común del trabajo forzoso en la industria del algodón.

En los estados de Kachin y Shan del Norte de Myammar se cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos contra la población civil, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.

El gobierno de Pakistán no adoptó medidas contra quienes mantenían a personas trabajando en condiciones de servidumbre en zonas rurales. Seguía sin aplicarse adecuadamente la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo Cautivo de 1992 por razones como la falta de claridad de los jueces de los tribunales de primera instancia en relación con el texto y la inacción de la policía ante las denuncias

En Indonesia, en plantaciones propiedad de proveedores y filiales de Wilmar International — la mayor empresa mundial de comercialización de aceite de palma— el personal era sometido a explotación laboral.

Entre otros abusos, se obligaba a las mujeres a trabajar largas jornadas, amenazándolas con recortar sus ya de por sí escasos salarios, y se empleaba a niños y niñas de tan solo ocho años para realizar tareas físicas peligrosas, mientras que algunas personas sufrieron lesiones provocadas por sustancias químicas tóxicas.

Avances importantes

Ghana ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, de la ONU, que pretende proteger a los trabajadores contra los metales líquidos tóxicos reduciendo el uso del mercurio en la minería de oro artesanal y a pequeña escala y protegiendo a los menores de edad contra la exposición. En las minas de oro de Ghana trabajaban alrededor de un millón de personas y, a menudo, las comunidades cercanas estaban expuestas directamente al mercurio.

En abril, el gobierno de Ghana comenzó una campaña para poner fin a la minería ilegal de oro a pequeña escala (conocida como “galamsey”), entre cuyos efectos negativos figuraba el fomento del trabajo infantil peligroso.

El gobierno de República Democrática del Congo se comprometió a poner fin al trabajo infantil en el sector minero antes de 2025, lo que podría representar un paso importante hacia la erradicación del empleo de niños y niñas, algunos de tan sólo siete años, en labores mineras peligrosas.

En agosto, el Ministerio de Minas congoleño validó una estrategia nacional para erradicar el trabajo infantil en las minas. Se brindó a grupos de la sociedad civil nacional e internacional la oportunidad de aportar comentarios al respecto. El gobierno anunció que implementaría “progresivamente” muchas de sus recomendaciones y que erradicaría el trabajo infantil a más tardar en 2025.

En octubre, el gobierno de Qatar anunció nuevos planes de reforma que incluían la introducción de un salario mínimo y la creación de un fondo para abonar los salarios impagados, y la Organización Internacional del Trabajo publicó detalles de un paquete de medidas que había acordado con Qatar para reformar el sistema de patrocinio conocido como kafala, que impedía que los trabajadores y trabajadoras migrantes cambiaran de empleo o salieran del país sin el permiso de su empleador.

En Emiratos Árabes Unidos entró en vigor en septiembre una ley que limitaba las horas de trabajo y preveía vacaciones pagadas y el derecho a conservar los documentos personales.

Los tribunales dictaron sentencias en las que reconocían la responsabilidad de empresas multinacionales de Corea del Sur por las muertes relacionadas con el trabajo o con enfermedades de empleados o exempleados. Una de esas sentencias la dictó el Tribunal Supremo en agosto contra Samsung Electronics; en ella, ordenaba que la empresa reconociera que un exempleado sufría una enfermedad profesional. El Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal Superior, señalando que la falta de pruebas —consecuencia de la negativa de la empresa a proporcionar información y de la inadecuada investigación llevada a cabo por el gobierno— no podía ser utilizada contra el trabajador.

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, reconoció el uso de mano de obra forzada en la industria del algodón en Uzbekistán y prometió ponerle fin.

Por último, la India ratificó dos convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo infantil, pero los activistas siguieron criticando la reforma de la legislación nacional sobre este tipo de trabajo, ya que permitía emplear a niños y niñas como trabajadores en empresas familiares.