Martes, 17 de abril, 2018
Hace falta con urgencia que los Estados europeos que prestan asistencia al programa de drones sean más transparentes sobre su participación. Amnistía Internacional pide la aplicación de salvaguardias rigurosas para impedir que dichos Estados ayuden a cometer violaciones de derechos humanos y homicidios ilegítimos. Además, estos Estados tienen que garantizar la realización de investigaciones independientes cuando surjan denuncias de esta ayuda
Desde que comenzó lo que se conoce como “guerra contra el terror”, Estados Unidos ha llevado a cabo cientos de ataques mortales con drones en al menos siete países (Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, Somalia, Irak y Siria).
Según la Oficina de Periodismo de Investigación, los ataques con drones estadounidenses han matado a hasta 1.551 civiles en Pakistán, Afganistán, Yemen y Somalia desde 2004. Amnistía Internacional y otras entidades han denunciado cómo algunos de estos ataques han violado el derecho internacional y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o crímenes de guerra.
Los detalles de estos ataques con drones están rodeados de secreto, por lo que quizá no sepan que varios Estados europeos proporcionan una ayuda crucial al programa estadounidense de drones.
La realidad es que los operadores de drones estadounidenses dependen de una vasta y compleja red de intercambio de información, infraestructura de comunicaciones y vigilancia que se extiende desde el mar del Norte hasta el Cuerno de África. He aquí una guía de los puntos críticos:
Reino Unido
La información británica es crucial para las operaciones de Estados Unidos con drones. Reino Unido insiste en que sólo lleva a cabo ataques con drones en zonas de conflicto definidas, pero los medios de comunicación y las ONG han demostrado que Estados Unidos ha utilizado información procedente de la vigilancia del Reino Unido, incluidas comunicaciones interceptadas, para identificar objetivos para los ataques con drones en lugares fuera de zonas de conflicto, como Yemen y Pakistán.
Además, al menos cuatro bases militares en Reino Unido contribuyen con infraestructura crucial de comunicaciones e información al programa de drones estadounidense. Una de ellas, RAF Croughton, tiene una conexión de comunicaciones directa de fibra óptica con Camp Lemonnier, base militar estadounidense en Yibuti desde la que se llevan a cabo la mayoría de los ataques con drones contra Yemen y Somalia.
Alemania
La base aérea de Ramstein es una importante base de la Fuerza Aérea estadounidense en el suroeste de Alemania que desempeña un papel crucial en el programa estadounidense de drones, pues está en el centro de una compleja red de instalaciones repartidas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Ramstein alberga también un sistema de geolocalización llamado GILGAMESH, que se considera crucial para el programa de drones de Estados Unidos. GILGAMESH convierte un dispositivo adosado a la parte inferior de un dron en un receptor de teléfono móvil falso que fuerza a conectarse a él a la señal del teléfono móvil del objetivo sin que éste lo sepa. Esto permite conocer la ubicación exacta de una persona.
Según los documentos dados a conocer por Edward Snowden, denunciante de irregularidades y ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la agencia de información extranjera de Alemania entrega periódicamente “cantidades ingentes de datos sobre conexiones” a Estados Unidos. Esto incluye números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones IP, todo lo cual se podría usar para ubicar objetivos para ataques con drones.
Países Bajos
En marzo de 2014, los medios de comunicación publicaron informaciones que revelaban que Estados Unidos estaba usando datos recabados por Países Bajos para atacar a presuntos miembros del grupo armado Al Shabaab en Somalia. Estos informes se basaban en documentos que había hecho públicos Edward Snowden y un reconocimiento posterior del gobierno neerlandés de que había entregado a Estados Unidos 1,8 millones de registros de metadatos de conversaciones telefónicas.
En 2015, dos pastores somalíes iniciaron actuaciones judiciales contra el gobierno neerlandés por crímenes de guerra. En su reclamación, los pastores afirman que Estados Unidos utilizó datos de inteligencia proporcionados por Países Bajos para efectuar un ataque con drones contra un conocido dirigente de Al Shabaab en enero de 2014 y que, aunque éste salió ileso (murió más tarde en un ataque posterior), el ataque había causado la muerte de dos hijas de corta edad de los pastores.
Italia
La base aérea de Sigonella en Sicilia tiene una gran importancia estratégica y militar para las operaciones de Estados Unidos en el norte de África. En enero de 2016, el gobierno italiano autorizó a Estados Unidos a lanzar drones armados desde esta base.
El acuerdo limitaba esta autorización a ataques “defensivos” contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico en Libia, pero Estados Unidos utiliza una noción muy amplia de defensa propia para justificar los ataques con drones.
Sucesivos gobiernos estadounidenses han reivindicado el derecho a tratar al mundo entero como un campo de batalla, ampliando masivamente la definición de lo que constituye una amenaza y lo que constituye defensa propia.
No hay información oficial disponible públicamente sobre las condiciones en las que Italia permite que Estados Unidos efectúe ataques con drones desde suelo italiano.
Según el derecho internacional, los Estados europeos que proporcionan un apoyo significativo al programa de drones podrían ser responsables de ayudar a cometer ataques ilegítimos.
Aunque no podemos relacionar expresamente la ayuda europea con ataques concretos, en parte por el secreto que rodea esa ayuda, sí sabemos que existe un riesgo muy elevado de que los drones estadounidenses se estén usando en homicidios ilegítimos, riesgo que se ha disparado con el presidente Trump.
Además de ampliar de forma espectacular las operaciones con drones, los informes indican que el presidente Trump ha hecho retroceder las limitadas salvaguardias de la era Obama que regían el uso de drones y de medios letales en el extranjero, lo que probablemente aumentará el riesgo de homicidios ilegítimos y la amenaza para la población civil.
Ante esta amenaza creciente, hace falta con urgencia que los Estados europeos que prestan asistencia al programa de drones sean más transparentes sobre su participación. Amnistía Internacional pide la aplicación de salvaguardias rigurosas para impedir que dichos Estados ayuden a cometer violaciones de derechos humanos y homicidios ilegítimos. Además, estos Estados tienen que garantizar la realización de investigaciones independientes cuando surjan denuncias de esta ayuda.
Con el presidente Trump dispuesto a aumentar la presión, Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia deben replantearse urgentemente su asistencia letal.
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