Martes, 15 de mayo, 2018

Ahmed Mahloof se enfrenta a cargos de “terrorismo” y “obstrucción de la labor policial” por participar en protestas pacíficas, y también de “proporcionar información falsa” por publicar dos tuits sobre la policía. Si es declarado culpable de estos cargos falsos y de motivación política, este político independiente maldivo podría ser condenado a casi 20 años de cárcel 


Ahmed Mahloof, ex estrella de fútbol y ahora político, que rompió con el partido gobernante para convertirse en uno de sus más feroces críticos, fue detenido el 22 de febrero de 2018 por distribuir máscaras de gas en una protesta pacífica en la que la policía disparó gas lacrimógeno y usó pulverizadores de pimienta, y posteriormente fue acusado de “obstrucción de la labor policial”, un delito que conlleva como mínimo seis meses de condena. Tras la condena de Acción Mundial de Parlamentarios, red internacional sin ánimo de lucro de legisladores comprometidos, que afirmó que su detención había sido “frívola” y “por motivos políticos”, el 4 de abril Ahmed Mahloof fue trasladado de la cárcel a su domicilio, donde quedó bajo arresto domiciliario.
 
Además de “obstrucción de la labor policial”, Ahmed Mahloof actualmente se enfrenta a otros tres cargos por los que deberá comparecer ante el tribunal a partir del 13 de mayo de 2018. El primero tiene que ver con su papel en una protesta pacífica, en la que se la acusa de “dirigir a un grupo de personas”, algunas de las cuales entraron por la fuerza en la cárcel ante la que protestaban el 3 de febrero de 2018, en respuesta a la represión de las protestas de la oposición por parte del gobierno y a las detenciones arbitrarias. Los testigos han afirmado que Ahmed Mahloof participaba en la protesta pacífica y que no se encontraba entre quienes intentaron entrar en las instalaciones penitenciarias. La acusación inicial de “obstrucción de la labor policial” fue modificada después por la de “terrorismo”, que conlleva una pena mínima de 17 años de cárcel.
 
El cargo de “proporcionar información falsa” tiene que ver con dos tuits que publicó, cada uno de los cuales conlleva una pena de seis meses. El primero, el 3 de diciembre de 2017, mencionaba la cuenta oficial de la policía de Maldivas pidiendo respuesta a la acusación de que el ex comisionado de policía adjunto había sido degradado por negarse a envenenar al ex vicepresidente Ahmed Adeeb. En el segundo, de 20 de enero de 2018, Ahmed Mahloof afirmaba que 11 personas habían muerto bajo custodia policial en los últimos 18 meses por “negligencia dolosa”.
 
En los últimos años en Maldivas han sido atacados los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y esto ocurre cada vez más tras la decisión del gobierno de imponer el estado de excepción en febrero de 2018. Amnistía Internacional considera a Ahmed Mahloof preso de conciencia y pide que sea puesto de inmediato en libertad incondicional.
 
Escriban inmediatamente en inglés o en divehi, instando a las autoridades a:
 
- poner a Ahmed Mahloof en libertad de inmediato y sin condiciones, y retirar los cargos presentados contra él sólo por por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación;
- garantizar que el sistema de justicia penal no se usa indebidamente para atacar a opositores políticos;
- garantizar que se respetan los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica y que se crea un entorno seguro y propicio para que la gente se exprese sin temor a castigos, represalias o intimidación.
 
Envíen llamamientos antes del 22 de junio de 2018 a: 
 
Fiscal General
Attorney General
Mohamed Anil,
6 Floor, Velaanaage,
Ameeru Ahmed Magu,
20096, Male, Maldivas
Fax: +96 03 314 109
Correo-e: info@agoffice.gov.mv
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Attorney General
 
Procuradora General
Prosecutor General
Aishath Bisham,
Prosecutor General’s Office
Majeedhee Magu Road,
Male, Maldivas
Correo-e: pgoffice@pgoffice.gov.mv
Tratamiento: Señora Fiscal General /
Dear Prosecutor General
 
Y copias a:
 
Director General de Prisiones
Commissioner of Prisons
Ahmed Shihan,
Gaazee Building,
1 st Floor,
Male, Maldivas
Fax: +96 03 313 727
Correo-e: info@corrections.gov.mv
 
Información complementaria
 
A Ahmed Mahloof se le notificaron los cuatro cargos tras ser detenido en febrero de 2018. Según afirma, antes de llegar a su difícil situación actual ha estado bajo custodia más de 25 veces desde 2012 por sus actividades políticas pacíficas.
 
Desde que el presidente Abdulla Yameen subió al poder en 2013, Maldivas ha vivido en una constante represión. Las principales figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio. La víctima más destacada de la represión ha sido el ex presidente Mohamed Nasheed, condenado en marzo de 2015 a 13 años de cárcel por cargos de “terrorismo” en un juicio por motivos políticos y lleno de irregularidades.
 
Sorprendentemente, el 1 de febrero de 2018 el Tribunal Supremo de Maldivas falló que Nasheed y otros ocho políticos de la oposición habían sido encarcelados indebidamente, tras juicios con deficiencias que no cumplían las normas internacionales. Lejos de acatar el fallo, el gobierno maldivo detuvo al presidente del Tribunal Supremo, Abdulla Saeed, a otro de sus magistrados, el juez Ali Hameed, y a varios altos cargos más. Además, detuvo al ex presidente Maumun Abdul Gayum y a su yerno, Mohamed Nadheem. Todos ellos continúan encarcelados.
 
La comunidad internacional apenas ha prestado atención a la represión política en Maldivas. Con la tranquilidad de que el turismo no se ha visto afectado, el gobierno ha seguido su enroque mediante la represión de la disidencia, condenando a miembros de la oposición en juicios que se sospecha que tienen motivación política y no se ajustan a las normas internacionales.
 
En abril de 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU expresó su preocupación por la última detención de Ahmed Mahloof por participar en manifestaciones pacíficas. Según el Grupo de Trabajo, las actuaciones judiciales se llevaron a cabo con una precipitación injustificada, se atentó contra su derecho a tener representación letrada y el gobierno violó su derecho a no ser víctima de trato o pena cruel, inhumano o degradante, vulnerando así el derecho internacional de los derechos humanos. 
 
Índice: ASA 29/8385/2018