Miércoles, 16 de mayo, 2018

“Puede que la Administración de Trump presente este acto como un simple traslado de escritorios de un edificio a otro. Pero en realidad, este acto apoya un crimen de guerra en curso: los asentamientos ilegales y la confiscación de tierras palestinas continuados por parte de Israel", declaró Raed Jarrar, director de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional Estados Unidos


Ante la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Raed Jarrar, director de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:

“Hoy, cuando el pueblo palestino conmemora la Nakba —el desplazamiento y desposesión de cientos de miles de palestinos hace 70 años de sus viviendas y negocios— e Israel celebra el 70 aniversario de su creación, Estados Unidos ha decidido violar sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional reconociendo de hecho la anexión ilegal de territorio ocupado.

“Puede que la Administración de Trump presente este acto como un simple traslado de escritorios de un edificio a otro. Pero en realidad, este acto apoya un crimen de guerra en curso: los asentamientos ilegales y la confiscación de tierras palestinas continuados por parte de Israel.

“Este acto de Estados Unidos se produce en medio de la brutal represión por el gobierno israelí de personas palestinas desarmadas en Gaza que protestan contra las insostenibles condiciones de vida y reclaman el derecho a retornar. Amnistía Internacional ha documentado numerosos incidentes que aparentemente constituyen asesinatos deliberados. Los soldados israelíes han utilizado armas —algunas de ellas fabricadas en Estados Unidos y concebidas para causar el máximo daño— contra personas que no representaban una amenaza inminente para ellos.

“Estados Unidos, como importante proveedor de equipo y tecnología militares de Israel, incumple sus propias leyes y permite la anexión ilegal por Israel de partes de Jerusalén y la construcción de asentamientos, lo que constituye un crimen de guerra. En lugar de imponer un embargo de armas al gobierno o, como mínimo, de suspender la ayuda militar a las unidades israelíes implicadas en los tiroteos, Estados Unidos sigue suministrando armas y ha permitido que las autoridades israelíes continúen sin rendir cuentas de sus actos.

“Más que trasladar su embajada a Jerusalén, Estados Unidos debe imponer un embargo de armas inmediato a Israel, investigar si se utilizaron armas estadounidenses en violación de las leyes nacionales y trabajar con el Consejo de Seguridad de la ONU para remitir la situación de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.