Colombia: otro defensor medioambiental asesinado2
En menos de una semana, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos han sido asesinados en Antioquia, Colombia. Las vidas de otros miembros de Ríos Vivos corren peligro, ya que estas personas siguen manifestándose contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango
El 8 de mayo, Luis Alberto Torres Montoya, de 35 años, y su hermano, Duvián Andrés Correa Sánchez, fueron asesinados por atacantes no identificados en el sector conocido como El Pescadero, mientras trabajaban en el campo. Luis Torres era miembro de la Asociación de Mineros y Pescadores Artesanales de Puerto Valdivia, y formaba parte del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA); era un líder activo de su comunidad. Su homicidio tuvo lugar seis días después de que unos atacantes no identificados asesinaran a Hugo Albeiro George Pérez en Puerto Valdivia, mientras la comunidad preparaba una nueva manifestación contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango para denunciar los daños que la represa ha causado en la zona. Tanto Luis Torres como Hugo George se oponían públicamente a la construcción de la represa y exigían indemnización para las familias que se vieron afectadas cuando, en 2013, la construcción de una carretera que unía la represa con Puerto Valdivia afectó a sus tierras y sus actividades agrícolas.
Las fuertes lluvias bloquearon un túnel construido por el proyecto hidroeléctrico que ayuda a desviar el río Cauca. Este bloqueo provocó una subida del nivel del agua que, según Ríos Vivos, ha causado una inundación que afecta a las comunidades cercanas. La compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada de la construcción de la represa, anunció que el túnel se limpiaría inundando la zona de la sala de control. Ríos Vivos afirma que, una vez que se desbloquee el túnel, continuará el peligro de que el nivel del agua suba y pueda afectar a comunidades río arriba.
Los miembros del Movimiento Ríos Vivos contaron a Amnistía Internacional que las autoridades gubernamentales siguen deslegitimando su trabajo. El Ministerio del Interior, que es responsable del Plan de Prevención y Protección colectiva de los miembros de Ríos Vivos, no ha tomado ninguna medida específica para aplicar un plan integral de protección colectiva. Según Ríos Vivos, las autoridades también se muestran reacias a reconocer tanto la terrible situación en la que viven los habitantes de la zona como la amenaza potencial que las inundaciones constituyen para el medio ambiente. El Movimiento ha pedido al gobierno regional que declare la emergencia social y medioambiental en la zona.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, teniendo en cuenta su labor de defensa de los derechos de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, y que lleven a todos los responsables de sus muertes ante la justicia;
- pidiendo la aplicación completa e inmediata del Plan de Prevención y Protección colectiva para los miembros del Movimiento Ríos Vivos;
- pidiendo que tomen medidas inmediatas para hacer frente a las causas estructurales que subyacen tras las amenazas, los homicidios y los ataques a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el contexto del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.
Envíen llamamientos antes del 21 de junio de 2018 a:
Fiscal general
Nestor Humberto Martínez
Fiscal General de Colombia
Diagonal 22B No. 52-01
Bogotá, D. C., Colombia
Correo-e: [email protected], [email protected]
Tratamiento: Estimado Señor Fiscal
Ministerio del Interior
Guillermo Rivera Flórez
Ministro del Interior
Calle 12 B No. 8 – 46
Bogotá D. C, Colombia
Correo-e: [email protected]
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Y copias a:
Gobernación de Antioquia
Calle 42B Número 52- 106
Medellín, Antioquia
Correo-e: [email protected]
Información complementaria
El 2 de mayo, unos atacantes no identificados mataron a Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años, miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), que forma parte del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA). Dos hombres armados que viajaban en motocicletas le dispararon dos veces mientras estaba en un café en Puerto Valdivia, en el norte de Antioquia, y le causaron la muerte. El sobrino de Hugo George, Domar Egidio Zapata George, de 23 años, también murió durante el ataque. Estos sucesos ocurrieron el mismo día que Ríos Vivos organizaba una manifestación de todo un día, en la que unas 160 personas se congregaron para expresar su preocupación por la inundación y el riesgo de avalancha en sus comunidades.
Los integrantes del Movimiento Ríos Vivos contaron a Amnistía Internacional que, pese a la presencia policial después del asesinato de Hugo George, las autoridades no restringieron el acceso a la escena del crimen, y el cadáver fue trasladado sin seguir los protocolos forenses. También denunciaron que tanto el gobernador como la policía de Antioquia negaron en declaraciones públicas que Hugo George fuera un líder de su movimiento. En ocasiones previas, las autoridades regionales han deslegitimado públicamente el Movimiento Ríos Vivos.
La construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango empezó en 2010. La represa está ubicada en el río Cauca, en Antioquia. Una de las actividades expresas del proyecto es “la desviación temporal de río Cauca”, entre otras. Según Ríos Vivos, hasta el momento más de 500 familias se han visto desplazadas a consecuencia de este proyecto. El propio estudio de impacto social y ambiental de Hidroituango manifiesta que las comunidades de Orobajo y Barbacoas, en la zona, quedarán totalmente inundadas a consecuencia del proyecto.
La represa está siendo construida por EPM Ituango, un consorcio de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el gobierno de Antioquia. El proyecto también está financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo. EPM quiere inundar la zona el 1 de julio de 2018 para empezar las operaciones antes del 30 de noviembre.
En el contexto de las protestas contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, Ríos Vivos ha informado de que se han llevado a cabo 151 ataques contra sus miembros, y que tres miembros han muerto. Según la información disponible, ha habido otros dos atentados contra la vida de sus miembros, y se han registrado más de 60 amenazas.
El 20 de abril de 2018, 25 miembros del Parlamento Europeo enviaron a las autoridades colombianas una carta en la que expresaban su preocupación por la situación de los habitantes de esta zona ante el inminente llenado de la represa. En la carta expresaban honda preocupación por el hecho de que la represa está situada en una zona en la que hay fosas comunes y cadáveres dispersos: hasta el momento se han exhumado 159 cadáveres, pero existe una alta probabilidad de que se encuentren allí muchos más.
En 2013 se estableció un Plan de Prevención y Protección colectiva para los miembros del Movimiento Ríos Vivos. Sin embargo, hasta la fecha, según la información disponible, las autoridades no han iniciado la implementación de este plan. A este respecto, un grupo de diputados de Suecia envió una carta en la que pedía que se aplicara el Plan.
Según la ONG Somos Defensores, desde que comenzó el año más de 40 defensores y defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de homicidio en Colombia.
Índice: AMR 23/8384/2018