Irán: Personal médico penitenciario insulta y niega tratamiento a mujeres perseguidas

Los médicos y otros profesionales de la salud de la prisión de Shahr-e Rey, situada a las afueras de Teherán, insultan, hacen comentarios lascivos y niegan el debido tratamiento médico a las presas de conciencia de la comunidad religiosa derviche gonabadi de Irán. Así lo ha explicado hoy Amnistía Internacional.

La organización ha recibo testimonios que indican que los médicos de la prisión, instalada en una antigua granja avícola de Varamin, hacen habitualmente caso omiso de las quejas de dolor y malestar de las mujeres, alegando que son “falsas”, y se niegan a prescribirles la medicación oportuna o a practicarles pruebas diagnósticas exhaustivas. Tampoco se aseguran de que el equipo del centro médico de la prisión esté en buen estado de funcionamiento y no entrañe ningún riesgo para la salud de las enfermas.

“Negar deliberadamente tratamiento médico a una persona presa es ilegal, cruel e inhumano y puede constituir tortura. Estas mujeres de la comunidad derviche gonabadi de Irán no deberían siquiera haber sido encarceladas. Es lamentable que las autoridades iraníes estén intentando intimidarlas y atormentarlas aún más”, ha señalado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades iraníes deben garantizar que todas las personas bajo custodia reciben la debida atención médica y son tratadas con respeto y dignidad. Todo el personal penitenciario sospechoso de insultar o negar tratamiento médico a las reclusas debe ser investigado y procesado en un juicio que cumpla las normas internacionales.”

Al menos 10 mujeres de la comunidad derviche gonabadi de Irán se encuentran recluidas arbitrariamente y en condiciones inhumanas en la prisión de Shahr-e Rey desde febrero de 2018. Fueron detenidas por su participación pacífica en una protesta organizada en Teherán por miembros de esta minoría perseguida, que degeneró en violencia cuando las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua, armas de fuego y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

Como consecuencia de los malos tratos que les infligieron las fuerzas de seguridad, estas mujeres han tenido diversos problemas de salud bajo custodia, como lesiones en la cabeza, brazos fracturados y hemorragias vaginales. También se les niega el tratamiento necesario para problemas médicos que ya sufrían, como asma, diabetes e hipertensión.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, los médicos de la prisión les han hecho preguntas hostiles, propias de un interrogatorio, sobre sus causas judiciales y han proferido insultos contra ellas por sus creencias. Se teme que los médicos hayan intentado también degradar a las mujeres aprovechando tabúes culturales sobre la sexualidad y haciéndoles preguntas intrusivas sobres sus relaciones sexuales, como si tienen “novio” o se “acuestan con hombres”.

Una fuente ha dicho a Amnistía Internacional que a mujeres que han solicitado atención médica de urgencia por la tarde o por la noche, los médicos y el personal de enfermería les han negado el tratamiento hasta el día siguiente e incluso las han reprendido por perturbarles el sueño en mitad de la noche.

También es motivo de preocupación la fiabilidad del equipo del centro médico de la prisión, pues, en los tres últimos meses, ha indicado que la reclusas tenían bien la presión arterial a pesar de que presentaban síntomas de hipertensión, como fuertes dolores de cabeza, problemas de visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar y arritmia. Las personas con hipertensión estás expuestas a sufrir accidentes cardiovasculares y enfermedades de corazón.

Las reclusas ha dicho también que, debido a la falta de camillas y sillas de ruedas, las han obligado a cargar con las enfermas para llevarlas al centro médico, lo que ha sido causa de caídas y otros accidentes.

“El acceso de las personas presas a los servicios de salud es un derecho que recogen tanto el derecho internacional como la legislación iraní. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, debe exigir a las autoridades iraníes que permitan con urgencia el acceso de observadores internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, para que lleven a cabo inspecciones sin anunciar de la prisión de Shahr-e Rey, incluidas entrevistas a las reclusas en privado”, ha manifestado Philip Luther.

Se ha recibido preocupante información según la cual, con objeto una vez más de insultarlas y degradarlas, las reclusas de la comunidad derviche gonabadi han sido obligadas también a arrancar hierbajos del patio de la prisión con las manos desnudas a cambio de permitirles las llamadas telefónicas de sus familias y pasar un par de horas al aire libre durante el día.

La prisión de Shahr-e Rey es una granja avícola en desuso, que alberga a centenares de mujeres condenadas por delitos violentos en condiciones que incumplen la Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Son comunes las denuncias de condiciones como suelos manchados de orines, falta de ventilación, instalaciones sanitarias sucias e insuficientes, prevalencia de enfermedades contagiosas, alimentación de mala calidad y con piedrecillas y agua salada.

Información complementaria:

Las diez mujeres de la comunidad derviche gonabadi de Irán recluidas son: Shokoufeh Yadollahi, Sepideh Moradi, Maryam Farisani, Nazila Nouri, Sima Entesari, Shima Entesari, Sedigheh Safabakht, Maryam Barakouhi, Elham Ahmadi y Avisha Jalaledin. Una undécima mujer, Shahnaz Kiani, que padece problemas cardíacos graves, hipertensión, dolores abdominales y diabetes, fue puesta en libertad el 23 de mayo, tres meses después de que se le negara la debida atención médica.

En las últimas semanas han llevado a las mujeres a la fiscalía y las han acusado formalmente de cargos falsos relacionados con la seguridad nacional, como “reunión y colusión contra la seguridad nacional”, “alteración del orden público” y “difusión de propaganda contra el sistema”. No se permitió a sus abogados estar presentes en la sesión ni reunirse previamente con ellas.

Las mujeres han dicho que las amenazaron con trasladarlas a prisiones de provincias remotas.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes anteriormente que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las mujeres de la comunidad derviche gonabadi recluidas en la prisión de Shahr-e Rey, porque están encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.