Estados Unidos no debe tomar parte en los crímenes de guerra de Yemen

El autobús, repleto de niños que iban cantando en una excursión escolar, había hecho una parada para comprar algo de comer en un mercado de Sada, en el norte de Yemen, cuando fue alcanzado por el ya tristemente famoso ataque aéreo. El ataque, llevado a cabo el 9 de agosto por la coalición liderada por Arabia Saudí, que afirmó que se había tratado de “una acción militar legítima”, mató a 51 personas, entre ellas más de 40 niños.

El director del cercano hospital de Jamhouri me dijo que la explosión había sido tan fuerte que al depósito de cadáveres del centro había llegado una mezcla de fragmentos de cuerpos despedazados y extremidades. Tantas infancias cortadas de raíz en un instante, al parecer por una bomba guiada de precisión Lockheed Martin, fabricada y suministrada por Estados Unidos, que se encontró en el lugar.

Lamentablemente, el hallazgo de munición estadounidense entre los escombros de casas, hospitales, hoteles y mercados civiles se ha convertido en una constante en la devastadora guerra de Yemen, que ya ha entrado de lleno en su cuarto año. Desde que comenzaron los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí, en marzo de 2015, Amnistía Internacional ha visitado e investigado docenas de lugares que han sido escenario de estos ataques en ocho gobernaciones. Y una y otra vez hemos encontrado y examinado restos de municiones fabricadas en Estados Unidos, así como en Reino Unido y Brasil. Investigadores de la ONU y de Human Rights Watch han encontrado indicios creíbles similares.

Así que no resulta nada sorprendente que esta semana un órgano de la ONU haya publicado un informe con una recomendación tajante: que los Estados se abstengan de suministrar armas que puedan utilizarse en el conflicto. Esta recomendación va dirigida también —tal vez sobre todo— a Estados Unidos, que, si sigue transfiriendo armamento a sus aliados saudíes, puede correr el riesgo de convertirse en cómplice de crímenes de guerra.

En un caso del 25 de agosto de 2017, documentado por Amnistía Internacional, una bomba guiada por láser tipo Paveway, fabricada por Raytheon, alcanzó unas viviendas civiles en la mayor ciudad de Yemen, Saná. Buthaina, una niña de cinco años, fue la única superviviente de su familia. En el ataque murieron sus padres y sus cinco hermanos y hermanas de entre dos y 10 años de edad.

El 15 de agosto de 2016, otro misil guiado Paveway alcanzó un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en pleno funcionamiento, matando a 11 personas, entre ellas un miembro del personal de la organización, e hiriendo a otras 19. Este ataque privó a una población vulnerable de un servicio vital de atención a la salud, e hizo que MSF retirara personal de otros seis hospitales del norte de Yemen.

Este año, el Grupo de Expertos sobre el Yemen de la ONU publicó un informe con pruebas de la utilización de sistemas Paveway de fabricación británica y estadounidense en nueve ataques, que habían causado la muerte de 84 civiles y heridas a 77. De las víctimas mortales, 33 habían sido en un mismo incidente, en el que una bomba de alta potencia, provista de un dispositivo de guiado Paveway, alcanzó un motel en Arhab, el 23 de agosto de 2017. Y esto es sin duda sólo la punta del iceberg.

A pesar de los numerosos indicios del uso de armas de fabricación estadounidense —incluidas municiones de racimo prohibidas internacionalmente— para llevar a cabo ataques que han violado el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra), matando e hiriendo a civiles yemeníes, la administración Trump no muestra arrepentimiento alguno. Anuló una decisión de la era Obama —diciembre de 2016— que suspendía las transferencias ante la preocupación por las víctimas civiles y, en un viaje a Riad, el propio presidente Trump alardeó de la firma de un “impresionante” acuerdo armamentístico por valor de miles de millones de dólares con Arabia Saudí. Basándose en sus pormenorizadas investigaciones, Amnistía Internacional ha pedido a todos los países que suministran armas que detengan de inmediato las transferencias de armas y ayuda militar a todas las partes del conflicto para su uso en Yemen.

Las autoridades militares de Estados Unidos parecen cada vez más preocupadas por los informes de muertes causadas por armas de fabricación estadounidense. Al ser preguntado insistentemente sobre el tema el martes en el Pentágono, el secretario de Defensa estadounidense James Mattis dijo a los periodistas que el apoyo de Estados Unidos a la coalición liderada por Arabia Saudí “no es incondicional”.

También se presiona al Congreso. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional para 2019 (NDAA por su sigla en inglés) recientemente firmada, ordena a Mattis que estudie si Estados Unidos o sus aliados han violado derechos humanos en sus acciones en Yemen, incluidos los interrogatorios de detenidos yemeníes capturados por las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos y sus aliados. Además, prohíbe al ejército estadounidense reabastecer de combustible a los aviones de combate saudíes y emiratíes a menos que el secretario de Estado certifique que la coalición está tomando medidas para reducir el número de víctimas civiles.

Sin embargo, la administración Trump lucha contra la supervisión del Congreso. Las declaraciones del presidente Trump publicadas tras la firma de la NDAA sugieren que la Casa Blanca tal vez no considere vinculantes sus disposiciones. Además, es posible que la administración Trump anule el intento del senador Bob Menendez de bloquear la última venta de armas guiadas de precisión fabricadas por Raytheon a la coalición liderada por Arabia Saudí.

Es imprescindible que la administración reflexione sobre cómo su inquebrantable apoyo a la coalición ha contribuido a herir y matar ilegítimamente a innumerables civiles, a destruir viviendas, escuelas y hospitales y a crear la mayor catástrofe humanitaria del mundo.

Estados Unidos no puede jugar a dos bandas. El gobierno está legítimamente orgulloso cuando proporciona artículos que aceleran la prestación de ayuda humanitaria a Yemen, pero al mismo tiempo está proporcionando bombas que matan a niños y niñas.

La única forma segura para solucionar esta contradicción es que Estados Unidos suspenda todas las transferencias de armas a la coalición mientras estas armas se estén utilizando para violar las leyes de la guerra en Yemen.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post.