Sudán: El hostigamiento, la intimidación y la censura implacables contra periodistas deben terminar

Este año, las autoridades sudanesas han sido implacables en su intento de silenciar a los medios de comunicación independientes mediante la detención y el hostigamiento de periodistas y la censura tanto de medios impresos como de radio y televisión, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La organización ha documentado la detención y reclusión de al menos 15 periodistas entre enero y octubre de 2018 a manos del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS, por sus siglas en inglés) del gobierno. Además, secuestró la edición completa de 10 periódicos en al menos 27 ocasiones. Al Jareeda, uno de los últimos periódicos independientes, ha visto secuestradas al menos 13 de sus ediciones este año.

“Desde el inicio de 2018, el gobierno de Sudán, mediante sus mecanismos de seguridad, ha llevado a cabo una represión implacable de la libertad de prensa, hostigando a periodistas y organizaciones de medios de comunicación”, ha afirmado Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“En lugar de respetar la libertad de expresión, el hostigamiento dirigido contra los medios independientes demuestra hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades sudanesas para silenciar la disidencia.”

Detención e intimidación de periodistas

Prácticamente todos los meses de este año se ha citado e interrogado durante horas a periodistas, algunos de los cuales han sido detenidos con cargos y, en algunos casos, encarcelados por el solo hecho de hacer su trabajo.

El 29 de octubre, el Tribunal de Prensa de Jartum condenó a Zine el Abeen al Ajab, exredactor del periódico Al Mustagila, a un mes y medio de prisión o una multa de 5.000 libras sudanesas (unos 104 dólares estadounidenses).

Uno de los cargos que se presentaron contra él fue el de “propagación de información falsa”, previsto en el artículo 66 del Código Penal de Sudán de 1991, por publicar dos artículos en los que denunciaba que Sudán proporcionaba apoyo al Estado Islámico y que el país había recibido dinero de Qatar en 2015. También fue acusado en aplicación del artículo 26 de la Ley de Prensa y Materiales de Prensa Impresos por “responsabilidad del redactor jefe”.

Los días 16 y 23 de octubre, el fiscal de la Seguridad del Estado citó a cinco periodistas —Osman Merghanie, Maha al Telib, Lina Ygoub, Ashraf Abdel Aziz y Shamel al Nour— y los interrogó acerca de una reunión mantenida el 2 de octubre con la delegación de la Unión Europea y con diplomáticos europeos y estadounidenses.

Fueron reprendidos por empañar la reputación del país y debatir el proyecto de ley sobre prensa y publicaciones antes de que hubiese sido aprobado.

“Las autoridades no sólo están pisoteando la libertad de prensa y de expresión en el país, sino que también están vulnerando toda clase de derechos de los que los periodistas deben poder disfrutar sin restricciones”, afirmó Sarah Jackson.

Amnistía Internacional documentó tres casos en los que Ashraf Abdel Aziz, redactor jefe de Al Jareeda, periódico sometido a frecuente hostigamiento, fue citado e interrogado durante horas en los meses de septiembre y octubre. En marzo fue detenido, acusado y condenado a un mes de prisión o a una multa de 35.000 libras sudanesas (unos 740 dólares estadounidenses) por un artículo sobre la corrupción en el gobierno.

Maha Al Telib, periodista del periódico Al Tayar que ha sido citada e interrogada tres veces este año, contó a Amnistía Internacional que le preguntaron sobre varios de los artículos que había escrito, entre ellos sobre el Estado Islámico en Libia, la relación entre Estados Unidos y Sudán y el proceso de paz en Sudan del Sur.

“Los motivos de la citación eran claramente arbitrarios, y durante los interrogatorios le pidieron que revelase sus fuentes, práctica absolutamente contraria a la ética. El incesante hostigamiento ejercido contra periodistas que informan sobre acontecimientos pertinentes está obligando a muchos reporteros a autocensurarse por miedo a convertirse en blanco de las autoridades. Ningún periodista debería tener que trabajar en estas circunstancias”, manifestó Sarah Jackson.

A dos periodistas se les impuso incluso la prohibición de ejercer el periodismo.

Salma Altigani, periodista sudanesa radicada en Reino Unido, contó a Amnistía Internacional: “[El NISS] me prohibió escribir para los periódicos Akhbar Al Watan y Albaath Alsudani [en Sudán el 25 de julio]. Hace dos meses escribí un artículo sobre el genocidio en Jebel Marra (Darfur) para un periódico de un país del Golfo, y el embajador de Sudán en ese país pidió al periódico que dejase de publicar mis artículos. Los periódicos me informaron de que ya no podía escribir para ellos”.

Otro periodista, Ahmed Younis, que escribe en el diario panárabe radicado en Londres Al Sharq Al Awsat, fue citado e interrogado el 8 de mayo y de nuevo el 10 de junio en relación con unos artículos sobre la corrupción en la Sudan Railway Corporation (la empresa de ferrocarril de Sudán), el secuestro de periódicos y las tensiones políticas en el seno del partido gobernante, el Congreso Nacional. Esto tuvo como consecuencia la revocación, el 14 de junio, de su licencia para trabajar en Sudán. La licencia se le devolvió en septiembre.

Secuestro de ediciones de periódicos

A lo largo de 2018, Amnistía Internacional también observó un aumento de la censura previa a la impresión, por la que los editores de los periódicos reciben una llamada diaria de agentes del NISS que revisan el contenido editorial que está previsto publicar y les piden que justifiquen sus artículos.

A menudo, agentes del NISS se personan en las rotativas de los periódicos para revisar cada edición y ordenan a los editores que saquen determinados artículos antes de la impresión o secuestran la edición al completo.

“El periodismo y los medios de comunicación son un componente esencial de la realización del derecho a la libertad de información, por lo que se debe permitir a los periodistas ejercer su trabajo sin injerencias ni intimidación”, declaró Sarah Jackson.

Entre mayo y octubre fueron secuestradas al menos 13 ediciones del periódico Al Jareeda, cinco de Al Tayar y cuatro de Al Sayha. Multitud de otros periódicos, entre ellos Masadir, Al Ray Al Aam, Akhirlahza, Akhbar Al Watan, Al Midan, Al Garar y Al Mustuglia, han visto secuestradas sus ediciones en una o dos ocasiones.

Prohibición de los programas de debate de televisión

Los medios de radio y televisión tampoco se han librado.

El 10 de octubre, el NISS suspendió el programa de debate político State of the Nation (Estado de la nación), de Sudania24 TV, después de que en él se entrevistara a un comandante de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido que defendió a su milicia frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos.

El 31 de agosto se prohibió otro programa de debate político de Omdurman TV tras una entrevista a políticos que criticaron la decisión del Congreso Nacional, partido gobernante, de designar al presidente Omar al Bashir como candidato a un tercer mandato en 2020.

“Las autoridades sudanesas deben poner fin a este ataque vergonzoso contra la libertad de expresión y dejar que los periodistas hagan su trabajo en paz. El periodismo no es un delito”, afirmó Sarah Jackson.

“Sudán debe reformar la legislación que se está utilizando para pisotear la libertad de prensa en nombre de la regulación, y permitir y facilitar la libertad de expresión en el país.”

Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que revise de inmediato la Ley de Prensa y Materiales de Prensa Impresos de 2009 y la ajuste a las normas internacionales que permiten que la libertad de prensa y la libertad de expresión prosperen.