Jordania: El gobierno debe retirar las reformas a la ley de delitos informáticos ante el examen de la ONU

“Los cambios propuestos a la ley nacional de delitos informáticos infligirán un duro golpe a la libertad de expresión en Jordania”, ha advertido Amnistía Internacional con motivo del examen mañana en Ginebra del historial en materia de derechos humanos del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las reformas incluyen la penalización del discurso de odio mediante una definición excesivamente amplia del delito y la introducción de penas más duras, incluidos periodos de prisión más largos, para los ciberdelitos. La votación para aprobar estos cambios puede celebrarse en cualquier momento.

“Los cambios propuestos a la ley de delitos informáticos de Jordania, que ya es injusta de por sí, son muy preocupantes. Parece que, en lugar de tomar medidas para proteger los derechos de las personas en Internet, las autoridades van hacia atrás con la introducción de cambios que reprimirían aún más la libertad de expresión”, dijo Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades jordanas deberían trabajar para eliminar todos los elementos represivos de la actual ley de delitos informáticos a fin de hacerla compatible con el derecho internacional en lugar de ampliarlos para restringir aún más las actividades de las personas en Internet”

El gobierno propuso la reforma de la ley de delitos informáticos de 2015 en 2017. En septiembre de 2018, el Parlamento remitió las reformas a la comisión jurídica de la institución para que fueran debatidas antes de programar una votación. Ésta podría celebrarse en cualquier momento de las próximas semanas; el gobierno también puede decidir retirar las reformas propuestas.

Una de las reformas propuestas es la adición del discurso de odio como delito castigado con una pena de hasta tres años de prisión y una multa de hasta 10.000 dinares jordanos (14.094 dólares estadounidenses). Sin embargo, el proyecto de ley incluye una definición poco precisa del discurso de odio, como “cualquier afirmación o acto que incite a la discordia; al enfrentamiento sectario, racial o étnico o a la discriminación de personas o grupos”.

Esta definición tan amplia podría incluir fácilmente aspectos protegidos por el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a hacer comentarios en línea que puedan considerarse sumamente ofensivos, pero que no constituyen discurso de odio.

El borrador de proyecto de ley de delitos informáticos propone también penalizar la difusión de artículos que constituya calumnia. Esto permitiría encarcelar a personas sólo por difundir en las redes sociales un artículo que supuestamente incluya una calumnia.

La semana pasada, el rey Abdalá escribió un articulo en el jordan time en el que subrayaba la necesidad de nuevas leyes para “combatir los rumores y la desinformación, y contrarrestar el discurso de odio”, indicando aparentemente su apoyo a las reformas propuestas. El rey también advirtió: “Cualquier persona que ofenda a un jordano o jordana —sea mi gran familia jordana o mi familia inmediata— me ofende a mí personalmente”.

El artículo 195 del Código Penal jordano castiga “insultar al rey” con hasta tres años de prisión.

“Las autoridades jordanas tienen un terrible historial en lo que se refiere a silenciar a las personas críticas dentro y fuera de Internet. Las autoridades de Jordania deben derogar todas las leyes que penalicen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, concluyó Heba Morayef.

El informe sobre Jordania del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo de su examen periódico universal el 8 de noviembre de 2018 indicaba que la libertad de expresión en el país había sufrido una grave regresión en los últimos meses.

Información complementaria

Las normas internacionales de derechos humanos confieren gran valor a la expresión sin inhibiciones en el contexto del “debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU es claro al señalar que “el mero hecho de considerar unas formas de expresión insultantes para una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas”. Amnistía Internacional se opone a las leyes que prohíben insultar o faltar al respeto de jefes de Estado o de personalidades públicas, así como a las que penalizan la difamación, sea de personalidades públicas o de particulares, ya que este tipo de asuntos deben tratarse por la vía civil.