Perseguir, que no procesar

“Estamos a tan solo una hora del mar, pero no puedo llevar a mis hijos a la playa”, me cuenta Kamel Daoudi. Hoy es festivo y no hay clase, y la esposa de Kamel y sus tres hijos pequeños han hecho un largo viaje a través del país para visitarlo en una ciudad aislada del oeste de Francia: una ciudad de la que no puede salir sin que lo detengan.

Hace 10 años, Kamel —hombre de 44 años procedente de Argelia— fue sometido a una orden de asignación forzosa de residencia que, en la práctica, lo puso bajo arresto domiciliario indefinido. En aplicación de esta medida, está obligado a permanecer en la ciudad que el gobierno ha elegido para él. Tras seis traslados, ahora se encuentra en Saint-Jean-d'Angély, a más de 400 kilómetros de distancia de su familia. Vive en un modesto motel de carretera, aprobado por las autoridades locales, y debe presentarse en la comisaría de policía local tres veces al día. También se le ha impuesto un toque de queda que le prohíbe abandonar el motel por la noche.

Los días de Kamel están rígidamente organizados en torno a sus desplazamientos a la comisaría de policía y el toque de queda. Si se los salta, se arriesga a ir a la cárcel. “Me siento con el protagonista de El día de la marmota, viviendo el mismo día una y otra vez”, me cuenta. “Incluso la cárcel es menos severa que esto.” Y sabe de lo que habla.

En 2005, Kamel fue declarado culpable de un delito de terrorismo y condenado a prisión. Durante el enjuiciamiento, se le retiró la nacionalidad francesa. Pasó seis años en prisión, pero, pese a haber cumplido la pena, a la salida no se le permitió quedar en libertad. En su lugar, las autoridades francesas le ordenaron salir del país. No obstante, debido al hecho de que en Argelia se exponía a sufrir tortura y malos tratos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Francia no podía enviarlo allí.

En virtud del derecho francés, el gobierno puede imponer órdenes de asignación de residencia a extranjeros que, como Kamel, no pueden regresar a su país de nacionalidad. Así fue cómo comenzó este suplicio que lo ha dejado languidecer en un limbo jurídico que le imposibilita llevar una vida normal.

Kamel no es la única persona sometida a esta injusticia. Aunque las medidas de control administrativo se han utilizado desde hace mucho tiempo en casos de ciudadanos extranjeros, como Kamel, no se convirtieron en una herramienta clave del arsenal antiterrorista francés hasta hace poco. Las órdenes de control antiterroristas, que en un primer sólo podían usarse como medida excepcional en virtud del estado de excepción, se introdujeron en el sistema de justicia ordinario en octubre de 2017.

El ministro del Interior puede imponerlas “con el único fin de prevenir la comisión de actos terroristas”. Se aplican a personas basándose en criterios amplios e imprecisos. Es habitual que la persona sujeta a la orden desconozca las pruebas existentes contra ella a menos que la recurra y que, incluso cuando recurre la orden, no obtenga acceso al caso completo y se encuentre con otros obstáculos a la justicia.

Las medidas consisten en confinar a una persona a una localidad concreta, exigirle presentarse en la comisaría a diario y, en algunos casos, impedirle contactar con determinadas personas o visitar determinados lugares. Si la persona infringe cualquiera de estas condiciones, se arriesga a ir a la cárcel.

Estas medidas son intrínsecamente injustas. La justicia preventiva —penalizar a una persona por lo que pueda hacer y no por lo que ha hecho— no es justicia.

Si las autoridades sospechan que una persona podría estar cometiendo actos ilícitos, deben investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciarla.

Al concentrar poder en manos del gobierno, completamente al margen del sistema de justicia penal ordinario, las medidas de control administrativo se prestan al abuso y a la aplicación discriminatoria, por ejemplo, a la comunidad musulmana. Al sortear los tribunales, las medidas administrativas niegan a la gente la oportunidad de demostrar su inocencia y permiten al gobierno penalizar a personas sin tener que demostrar que son culpables.

El creciente uso de las medidas administrativas en el contexto de la lucha contra el terrorismo no sólo se da en Francia y ha experimentado un aumento alarmante en los últimos años.

El año pasado, el Parlamento neerlandés aprobó una ley que permite al gobierno imponer órdenes de control por motivos de seguridad nacional a cualquier persona que se considere que “pueda estar asociada con” actividades “terroristas” u ofrecerles apoyo. En el Parlamento suizo se debate en la actualidad un proyecto de ley que faculta a la policía a imponer restricciones, como la prohibición de contactar con personas concretas, a “personas potencialmente peligrosas” sin tener que acusarlas de ningún delito.

Esta ley se está haciendo a semejanza de la ampliación de las facultades de la policía criminal federal alemana realizada en mayo de 2017. El carácter impreciso de estas medidas preventivas, aplicadas en función de una presunción de “peligrosidad” y de posible amenaza en lugar de pruebas irrefutables, unido al tratamiento estereotipado de las personas musulmanas en Europa, abre la puerta a la discriminación y el abuso.

Lo preocupante es que estas órdenes administrativas son sólo una parte de un conjunto mayor de leyes antiterroristas adoptadas en Europa en años recientes que tienen un efecto corrosivo en el Estados de derecho y han socavado libertades que durante mucho tiempo hemos dado por sentadas.

De regreso a Saint-Jean-d'Angély, hacinados en la habitación de motel de Kamel con su esposa y sus hijos, pregunto a Kamel que haría si se levantara la orden administrativa a la que está sujeto. “Llevaría una vida normal”, me dice. “Mi esposa y yo nos prometimos que haríamos un viaje en familia. Me organizaría el día en torno a los deseos y la educación de mis hijos. Intentaría recuperar todos los años que he perdido".

Por Eda Seyhan, responsable de campañas sobre política antiterrorista en Europa de Amnistía Internacional.