Suecia: Discriminación generalizada y condiciones peligrosas para romaníes y otras personas migrantes de la UE sin hogar

Miles de personas migrantes de la UE sin hogar y en la miseria, en su mayoría de origen romaní, viven en situaciones desesperadas y peligrosas en toda Suecia mientras las autoridades del país les niegan deliberadamente el acceso a los servicios más básicos. Así lo ha concluido un nuevo informe de Amnistía Internacional.

Sweden: A cold welcome: Human rights of Roma and other “vulnerable EU citizens” at risk concluye que las personas migrantes marginadas de la UE se enfrentan a obstáculos insuperables para acceder a cobijo, saneamiento y servicios de salud, en una situación que viola sus derechos humanos, unos derechos que Suecia tiene obligación de hacer realidad para todas las personas que vivan en el país. Las autoridades están de hecho abandonando a su suerte a gente que ha ejercido su derecho a la libertad de circulación dentro de la UE en busca de una vida mejor.

“Durmiendo en tiendas, automóviles o asentamientos temporales a las afueras de ciudades, miles de romaníes se enfrentan en Suecia a una lucha constante por la comida, el saneamiento y la atención médica. En invierno, cuando las temperaturas se desploman, esto se convierte en una lucha por la supervivencia”, ha manifestado Fotis Filippou, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa.

“El acoso, el trato discriminatorio por parte de la policía y el hecho de que las autoridades suecas no reconozcan los derechos de estas personas migrantes de la UE y aborden sus necesidades básicas reflejan unos prejuicios, una discriminación y un racismo contra la población romaní que persisten en toda Europa.”

El informe se basa en 58 entrevistas con personas migrantes de la UE, todas ellas de Rumania y la mayoría romaníes, así como en entrevistas con numerosas organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos de todo el país. Su conclusión principal es que lo inadecuado de los marcos jurídico y político significa que muchas personas de este grupo se cuelan entre las rendijas del sistema, con graves consecuencias para su salud y para su vida. En varias localidades carecen de acceso a cobijo, agua, saneamiento y servicios de salud. La falta de acceso a cobijo agrava otros problemas, como el hecho de que, al no tener un domicilio permanente, su capacidad para encontrar un empleo se ve seriamente limitada, y obliga a muchas personas a recurrir a la mendicidad.

Las autoridades calculan que en Suecia hay unas 4.700 personas clasificadas como “ciudadanos de la UE vulnerables”, aunque la cifra es incierta. Muchas de estas personas, aunque no todas, son romaníes. El enfoque del gobierno sueco respecto a las personas migrantes de la UE sin hogar ha sido que estas personas deben abandonar el país al cabo de tres meses, que incluso durante ese periodo tienen un acceso muy limitado a apoyo social, y que sólo su país de origen puede hacerse responsable de las violaciones de derechos humanos que sufren pese a que los abusos estén teniendo lugar en territorio sueco.

Según la legislación tanto sueca como de la UE, las personas ciudadanas de la UE pueden permanecer en Suecia durante tres meses sin más condición que poder mostrar un documento de identidad válido. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional ha demostrado que, en su búsqueda de una vida mejor, muchos “ciudadanos de la UE vulnerables” se quedan mucho más tiempo, visitando ocasionalmente su país de origen o sin visitarlo.

Algunas personas migrantes de la UE sin hogar describieron a Amnistía Internacional cómo vivían sin agua, saneamiento y electricidad en cabañas en los bosques, o dormían bajo puentes pese a las heladoras temperaturas. Un hombre en el norte de Suecia pasaba las noches en la estación de autobuses hasta que cerraba a las dos de la madrugada, y luego vagaba por la ciudad a temperaturas bajo cero para no morir congelado.

La población romaní de la UE que está como migrante en Estocolmo también sufre un trato desproporcionadamente duro por parte de la policía. Varias mujeres entrevistadas en la ciudad describieron cómo las habían hecho abandonar repetidamente el lugar en el que estaban mendigando, o incluso las habían llevado a la fuerza a ubicaciones al azar fuera de la ciudad, donde las habían abandonado. La policía de Estocolmo confirmó esta práctica, y alegó que las mujeres alteraban el orden público, a pesar de que no había pruebas de que tuvieran un comportamiento de ese tipo y de que la mendicidad no está prohibida ni requiere una licencia.

Aunque a muchas personas migrantes de la UE sin hogar se les niegan sus derechos humanos fundamentales, esto no sucede en todo el país. En algunos municipios se han introducido sencillos cambios de política local que suponen una auténtica diferencia en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes de la UE sin hogar, y les permiten vivir con dignidad. En Lund y Gotland hay albergues abiertos todo el año en los que la gente se puede quedar más tiempo. El contar con un lugar estable en el que dormir constituye un enorme alivio para las personas necesitadas, a las que brinda una seguridad y una estabilidad que les permite planificar el futuro —por ejemplo, buscar trabajo— y tener un impacto positivo en la comunidad en general.

“Hay gente que se ha visto obligada a vivir en condiciones terribles durante años, con la justificación oficial pero errónea de que esa gente está aquí temporalmente y que el Estado no tiene obligaciones para con ella. Sin embargo, existe otro enfoque más humano y hospitalario”, ha manifestado Johanna Westeson, asesora jurídica de Amnistía Internacional Suecia.

“Las autoridades suecas deben redoblar sus esfuerzos para poner fin a la discriminación contra la población romaní y deben cumplir sus obligaciones jurídicas de garantizar que todas las personas migrantes de la UE en la miseria tienen acceso a cobijo, agua, servicios de saneamiento y atención médica subvencionada.”

Información complementaria

Suecia ha ratificado una diversidad de tratados de derechos humanos que garantizan los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales a todas las personas en su territorio, sin discriminación; entre esos tratados se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ambos de la ONU, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.