La justicia climática choca con una Polonia cada vez más intolerante

Este fin de semana, los dirigentes mundiales llegarán a la ciudad polaca de Katowice para la cumbre del clima COP24, en la que elaborarán planes para implementar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Se espera que a lo largo de sus dos semanas de duración los gobiernos tomen decisiones que nos acerquen al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima del nivel preindustrial. Lo contrario tendría consecuencias graves, ya que superar este umbral, incluso solo por medio grado, desencadenaría eventos climáticos catastróficos y sin precedentes.

No es de extrañar que durante el periodo previo a la COP24, activistas medioambientales de todo el mundo hayan incrementado las protestas en una apuesta por presionar a sus gobiernos para que tomen medidas drásticas. En Reino Unido, manifestantes del grupo Rebelión contra la Extinción han paralizado el centro de Londres en varias ocasiones bloqueando calles y puentes. En Australia, centenares de estudiantes han participado en huelgas escolares y se han desplazado a Sídney desde todo el país para manifestarse a las puertas del Parlamento.

Pero frente a la propia COP24 habrá pocas protestas. Este año, el gobierno polaco ha adoptado una ley que impide a activistas, ONG y la población en general reunirse espontáneamente en las inmediaciones de la cumbre sobre el cambio climático. Las personas que deseen manifestarse deberán notificarlo previamente a las autoridades municipales. De lo contrario, se arriesgan a ser procesadas. La ley también otorga a la policía facultades para someter a quienes participen en la cumbre a una mayor vigilancia sin su conocimiento. Esencialmente, las autoridades polacas pueden tratar la COP24 como una oportunidad para recabar información sobre ONG y reforzar las facultades de la policía. Esto se produce en un contexto de intensificación de la represión de la libertad de expresión y reunión pacífica en Polonia, caracterizado por la aprobación de una batería de leyes que tienen como finalidad restringir los derechos de las mujeres y socavar la independencia del poder judicial.

Polonia no es el único país con esta cortedad de miras. Según Global Witness, en 2017 se registraron 2017 homicidios de defensores y defensoras de los derechos medioambientales. Millares más han sido hostigados, agredidos y sometidos a detención arbitraria por las autoridades, que los consideran una amenaza para sus intereses económicos.

Atravesamos un momento increíblemente peligroso para pronunciarse contra la destrucción del medio ambiente. Lo amargamente irónico es que este es, precisamente, el momento en que el mundo necesita escuchar la voz de todas las personas afectadas por el cambio climático. Necesitamos escuchar las perspectivas de las comunidades de todo el mundo que más sufren los efectos del calor, la sequía, la desertificación y las inundaciones en su vida cotidiana. Todo el mundo, y especialmente las personas más afectadas, es parte interesada en el debate y debe poder expresar su opinión por distintos cauces, incluidas las manifestaciones pacíficas. El gobierno polaco está negando a estas personas un asiento en la mesa en la que se decidirá su destino.

Merece la pena señalar que Polonia se ha opuesto sistemáticamente a la elevación de los objetivos de reducción de las emisiones de carbono de la Unión Europea. La semana pasada, su ministro de Energía hizo pública una declaración en la que defendía la dependencia del país del carbón y argumentaba que fijar unos objetivos más altos perjudicaría a la economía polaca. No obstante, un sondeo encargado el año pasado por Greenpeace Polonia mostró que el 74% de la población polaca está a favor de la transición del carbón a las energías renovables.

Pero el gobierno polaco está desconectado de su población, a la que en años recientes ha hecho todo lo posible por silenciar en relación con multitud de cuestiones. Los dirigentes de Polonia están sacando tajada de un momento decisivo en la lucha contra el cambio climático para impulsar su agenda regresiva.

En un informe reciente, la ONU ha advertido de que nos quedan sólo 12 años para evitar un cambio climático catastrófico. Polonia, como todos los países, tiene problemas mayores que los cánticos de quienes se manifiestan pacíficamente.

Por Chiara Liguori, Asesor de Políticas de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Amnistía Internacional