Lunes, 03 de diciembre, 2018
La revocatoria de la orden de libertad, pone a estas 59 personas en grave riesgo de que se sigan violando sus garantías procesales y derecho a un juicio justo, y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privadas de libertad
El 21 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revocó la libertad otorgada un año atrás a 59 personas de nacionalidad colombiana sin justificación alguna. Las personas fueron detenidas en el marco de un operativo de seguridad en 2016 y continúan privadas de libertad.
Las 59 personas de nacionalidad colombiana que se encuentran detenidas en la localidad de La Yaguara en Caracas, capital de Venezuela, no han sido presentadas ante un juez, no han sido investigadas penalmente y tampoco han sido imputadas por ningún delito. En noviembre de 2017, un tribunal de control dictó una orden de libertad, basándose en que no existía ninguna evidencia de comisión de delito ni orden de aprehensión en su contra. Incluso, las autoridades que les mantienen bajo custodia no habían presentado una orden de aprehensión en su contra.
Las 59 personas fueron detenidas arbitrariamente el 1 de septiembre de 2016 en distintos lugares de Caracas, en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP). Según ha podido saber Amnistía Internacional, estas 59 personas no se conocían entre sí. El gobierno se ha referido a esta detención alegando varias hipótesis. La primera es que pertenecían a un grupo paramilitar colombiano, y más tarde anunciaron que su detención se debía a irregularidades en su condición migratoria. No obstante, varios de los detenidos cuentan con documentación expedida por el Servicio Administrativo de Identidad, Migración y Extranjería (SAIME) venezolano. Sin embargo, se desconoce cuántas de estas personas podrían necesitar de protección internacional.
La revocatoria de la orden de libertad, pone a estas 59 personas en grave riesgo de que se sigan violando sus garantías procesales y derecho a un juicio justo, y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privadas de libertad.
Durante su reclusión han estado en graves condiciones de insalubridad que atentan contra su dignidad, tales como celdas improvisadas, sin acceso a agua potable, o durmiendo a la intemperie. Sus familiares afirman a Amnistía Internacional que han contraído enfermedades y no han recibido atención médica a pesar de sus pedidos.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma a las autoridades venezolanas:
- Exigiendo que se ejecute la orden de libertad que fue emitida por el tribunal de control;
- Exigiendo que se garantice el derecho al debido proceso de las 59 personas detenidas y se les proporcione con atención médica y condiciones dignas mientras estén bajo custodia.
Envíen llamamientos antes del 14 de enero de 2019 a:
Presidente Tribunal Supremo de Justicia
Maikel Moreno
Tribunal Supremo de Justicia
Final Esquina "Dos Pilitas", Foro Edif. Tribunal Supremo de Justicia, Avenida Baralt, Caracas, Venezuela
Twitter: @TSJ_Venezuela
Tratamiento: Estimado Señor Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
Néstor Reverol
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
Esquina Platanal, este 1, Avenida Urdaneta. Caracas, Venezuela
Fax: +58 (0212) 5061111
Twitter: @MIJPVenezuela
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Y copias a:
Fiscal General de la República
Tarek William Saab
Fiscalía General de la República
Avenida México, Manduca a Pelelojo
La Candelaria, Caracas, Venezuela
Fax: +58 (0212) 5077025
Twitter: @Defensoria_Vzla
Tratamiento: Estimado Señor Fiscal General
Información adicional
El 1 de septiembre de 2016, el presidente de la República de Venezuela informó en la cadena de televisión nacional que habían detenido a 92 colombianos en un “campamento paramilitar” ubicado a 500 metros del Palacio presidencial de Miraflores, y resaltó que gracias a las acciones de los cuerpos de seguridad lograron evitar un supuesto golpe de Estado previsto para esa fecha.
Sin embargo, dichas personas fueron detenidas entre el 21 de agosto y 5 de septiembre de 2016, en distintas zonas de Caracas, algunas incluso lejanas al lugar anunciado en la versión oficial, como en Petare, Baruta, Carapita, Mamera, Catia, Avenida Fuerzas Armadas y Avenida Casanova. Una de las personas fue aprehendida en la Colonia Tovar, población perteneciente al estado Aragua, que está a dos horas de distancia de la ciudad y cuatro personas estaban en la propia sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Caracas, haciendo trámites para su documentación cuando fueron aprehendidas.
El 19 de septiembre de 2016, los detenidos fueron trasladados a la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira (frontera con Colombia), para ser deportadas ya que las autoridades manifestaron que ya no se trataba de paramilitares sino de personas extranjeras con problemas migratorios.
Con la detención de estas 92 personas colombianas en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), se sienta un grave precedente de discriminación hacia las personas extranjeras en Venezuela, ya que en este caso ni siquiera se ha cumplido con la Ley de Extranjería y Migración, que establece la deportación de los indocumentados como un trámite expedito, o la renovación por parte del Estado venezolano de los documentos vencidos.
En el transcurso del primer año algunas personas escaparon y otras fueron siendo deportadas por razones humanitarias por presentar graves problemas de salud. En noviembre de 2017, falleció uno de los detenidos, José de los Santos Hernández, de 46 años de edad, por haber contraído una infección a causa de un insecto que se le introdujo en el oído, por no haber recibido tratamiento médico oportunamente.
Para el 21 de noviembre de 2017, quedaban privados de libertad 60 personas colombianas, fecha en la que fue emitida la sentencia que ordenó su libertad plena. Luego del pronunciamiento judicial, el 29 de noviembre de 2017, por razones humanitarias deportaron a Martín Enrique Gutiérrez Cera, de 61 años, por haber sufrido un accidente cerebrovascular.
De ese modo, actualmente quedan detenidas 59 personas colombianas. Las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han dicho insistentemente a sus abogados y familiares que se mantienen allí por “órdenes superiores”. Durante la administración de la Canciller María Ángela Olguín, fueron libradas más de 40 notas diplomáticas que no han generado ningún efecto. Y hasta el mes de octubre se han contabilizado 76 notas verbales en total emitidas al estado venezolano en relación con este caso.
Nombres: Hellen Katerine Hincapie, Jeder Pardo, Martín Escorcia, Carlos Rodríguez, Enoc Montemiranda, Yair Tapias, Pedro Berrio, Marlon Fuentes, Alberth De León, Luis Espitia, José Torres, Blas Moreno, Juan Arellano, Sahadys Palomino, Ever Julio, Juan Fernández, Diego Artunduaga, Franklin Pérez, Januel Barrios, Deivis Julio, Luis Gabriel Villa, Jesús Terán, Elder Escorcia, Joaquín Contreras, Fernando Valencia, Daniel Rojano, Norbeis Martínez, Wilfredo Teherán, Arleis Castaño, Doiler Yepes, Eduardo Blanco, Jorge Rodríguez, Luis Suares, Emerson González, José Miranda, Pedro Suárez, José Estalis Moreno, Esteban Cáceres, Darwin Quiroz, Edilberto Ortega, David Calderón, Luis Alberto Pérez, Edelberto Ramos, José Sarmiento, Luis Rodríguez, Deison Sandoval, Alexis Alvarez, William Estremor, Iván Galán, Glisser De Arcos, Héctor José Machado, Paterson García, Deivis Crespo, Ronal Soto, William Sarabia, Nerio Ortíz, Germán Espitia, Isaac Nuñez, Víctor Márquez.
Sexo: 58 hombres y 1 mujer.
AU: 204/18 Índice: AMR 53/9492/2018 Fecha de emisión: 3 de diciembre de 2018
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