Viernes, 22 de febrero, 2019
“Si creemos que a la vida humana debe otorgársele el máximo valor, entonces arrebatarla es el acto más vil. Esto lo entendemos con claridad cuando una persona comete un asesinato, pero preferimos olvidarlo cuando el Estado ejecuta a alguien, infligiendo el mismo dolor y pérdida a otras personas que no tienen responsabilidad alguna en el delito", escribió en una carta pública el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo
El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, debe suspender sus planes de reanudar las ejecuciones, después de más de cuatro decenios, para ejecutar al menos a 13 personas por delitos relacionados con drogas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En una carta abierta que ha publicado hoy, Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, insta al presidente Sirisena a acatar los compromisos internacionales de Sri Lanka, respetar el derecho a la vida y renunciar a la aplicación de la pena de muerte, que no ha demostrado tener un efecto disuasorio especial sobre la comisión de crímenes.
Una ejecución, señor presidente, no es una demostración de fuerza, sino una admisión de debilidad —escribe Kumi Naidoo en la carta abierta—. Representa el fracaso a la hora de crear una sociedad donde la protección del derecho a la vida triunfe sobre las tentaciones de venganza".
“Si creemos que a la vida humana debe otorgársele el máximo valor, entonces arrebatarla es el acto más vil. Esto lo entendemos con claridad cuando una persona comete un asesinato, pero preferimos olvidarlo cuando el Estado ejecuta a alguien, infligiendo el mismo dolor y pérdida a otras personas que no tienen responsabilidad alguna en el delito".
Amplios estudios criminológicos han demostrado que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio especial. Las ciudades de Hong Kong y Singapur, de tamaño similar, han tomado rumbos diferentes. Hong Kong abolió la pena de muerte hace más de medio siglo, mientras que en Singapur sigue vigente. El índice de asesinatos, sin embargo, se ha mantenido muy parecido en ambas ciudades.
Incluso en los países que mantienen la pena de muerte, señala Kumi Naidoo en su carta, “existe un reconocimiento creciente de que la pena de muerte no disuade eficazmente de la comisión de delitos relacionados con drogas”.
La República Islámica de Irán es uno de los verdugos más prolíficos del mundo, con miles de personas ejecutadas.
Reconociendo este hecho, Irán acaba de reformar su legislación sobre drogas, lo que se ha traducido en un descenso importante de las ejecuciones de personas condenadas por delitos relacionados con drogas.
Kumi Naidoo también advertía a Sri Lanka de que no tomara la senda de Filipinas, país que el presidente Sirisena ha visitado recientemente y ha aplaudido como ejemplo a seguir.
“Bajo la presidencia de Rodrigo Duterte —escribe el secretario general de Amnistía Internacional— [ha habido] una oleada terrorífica de ejecuciones extrajudiciales de presuntos autores de delitos de drogas en los últimos tres años".
“Lejos de acabar con la delincuencia en las calles, esta campaña asesina se ha cobrado la vida de más de 4.000 personas, decenas de menores incluidos, en posibles crímenes contra la humanidad".
Los homicidios cometidos en Filipinas, la inmensa mayoría contra personas que vivían en barrios empobrecidos, están siendo objeto de un examen preliminar por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
En su carta abierta, Amnistía Internacional insta al presidente Sirisena a:
- suspender de inmediato los planes de ejecutar al menos a 13 personas, y a revisar todos los casos de personas condenadas a muerte con vistas a conmutarles la pena por periodos de prisión;
- establecer una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, de conformidad con las siete resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU desde 2007, incluida la más reciente, resolución 73/175 de 17 de diciembre de 2018, apoyada por Sri Lanka.