Túnez: Autoridades deben poner fin a los vergonzosos intentos de cerrar una destacada organización LGBTI

Los intentos del gobierno tunecino de disolver Shams, asociación local que defiende los derechos de las personas LGBTI, constituyen un despreciable atentado contra los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional ante una vista judicial que va a celebrarse mañana sobre la suerte de la organización.

Las autoridades tunecinas han presentado un recurso de apelación para anular una sentencia judicial de 2016 en la que, tras anteriores intentos de cerrar la organización, se determinó que Shams no infringía la ley. Las autoridades han apelado contra la sentencia aduciendo que los objetivos declarados de Shams son contrarios a los principios religiosos y la cultura tunecinos.

“Los vergonzosos intentos de las autoridades tunecinas de disolver la organización Shams representan un golpe devastador a los derechos LGBTI en Túnez y un despreciable atentado contra el derecho de asociación y la libertad de expresión. Esta actuación pone de manifiesto las actitudes discriminatorias y homófobas del gobierno tunecino, que, profundamente arraigadas, contradicen de manera flagrante las normas internacionales de derechos humanos”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Se ha felicitado a Túnez por ser uno de los únicos países de la región que fomentan la creación de un espacio abierto para la sociedad civil. Pero este hostigamiento judicial arroja serias dudas sobre el compromiso de Túnez de hacer valer el derecho a la libertad de asociación.

Fundada en 2015, Shams propugna la anulación del artículo 230 del Código Penal tunecino, que penaliza las relaciones homosexuales. También ha condenado los procesamientos de personas gays que comportan exámenes anales forzados y hecho campaña contra la discriminación, y presta apoyo a las personas LGBTI de Túnez.

En enero de 2016, el secretario general del gobierno presentó una denuncia contra Shams por considerar que sus objetivos infringían la Ley de Asociaciones de Túnez, y como consecuencia de ello se suspendieron las actividades de la organización durante 30 días. En febrero de 2016,el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital decidió que Shams no infringía la Ley y levantó la suspensión.

Tres años más tarde, en enero de 2019, el gobierno tunecino apeló contra la sentencia por medio de un recurso derivado de la denuncia del jefe del Estado en el que se afirma que “el concepto de minorías sexuales que Shams adopta es ilegal y contrario a nuestros dictados religiosos y a la cultura árabe e islámica de nuestra sociedad.” Shams recibió la apelación el 20 de febrero de 2019.

En el recurso de apelación se acusa también a la organización de haber desobedecido un decreto gubernamental al abrir una sección en la localidad de Susa sin seguir el debido procedimiento legal.

“Las autoridades tunecinas deberían estar protegiendo a las organizaciones que luchan contra todos los tipos de discriminación y defienden los derechos de las minorías, incluidas las personas LGBTI, y no intentado destruirlas”, ha añadido Magdalena Mughrabi.

“En vez de recurrir al hostigamiento judicial para silenciar a Shams, las autoridades tunecinas deberían esforzarse por revisar con urgencia las leyes discriminatorias para ajustarlas a las normas internacionales de derechos humanos. Tienen que empezar anulando el artículo 230 y despenalizando las relaciones homosexuales.”

El artículo 230 vulnera la propia Constitución de Túnez, que garantiza el derecho a la libertad de asociación y la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, además de incumplir las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos. Los efectos de esta ley crean también un ambiente permisivo con los crímenes de odio contra personas sospechosas de mantener relaciones homosexuales.

Aunque el año pasado se presentó al Parlamento un anteproyecto de ley para despenalizar las relaciones homosexuales, las personas LGBTI continúan siendo objeto de ataques.

En 2018, al menos115 personas fueron detenidas por su presunta orientación sexual o identidad de género, según Damj, organización tunecina que trabaja por los derechos LGBTI. Al menos 38 fueron luego acusadas formalmente y declaradas culpables en virtud del artículo 230. Detener a alguien por su orientación sexual o identidad de género constituye una violación de sus derechos humanos.

La policía sigue también sometiendo a hombres acusados de mantener relaciones homosexuales a exámenes anales forzados, violando con ello la prohibición de la tortura que establece el derecho internacional. Las personas trans continúan sufriendo hostigamiento policial y viven con el temor constante de ser detenidas en aplicación de imprecisas leyes sobre la decencia pública.