El documento informativo de Amnistía Internacional recalca la falta de pruebas de que la pena capital tenga un efecto disuasorio especial frente a la delincuencia. Las estadísticas de los países que han abolido la pena de muerte muestran que la ausencia de ejecuciones no ha dado lugar a un aumento de los delitos anteriormente punibles con la pena capital

Las ejecuciones no acabarán con los delitos relacionados con las drogas en Sri Lanka, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo documento informativo, en el que ha pedido al gobierno de Sri Lanka que ponga fin a sus planes de reanudar las ejecuciones tras más de cuatro décadas.

El documento informativo, titulado Sri Lanka: Detengan los preparativos para reanudar las ejecucionespone de relieve cómo se está empleando la pena capital en circunstancias que violan el derecho y la normas internacionales; que ésta no tiene un efecto disuasorio especial en otros países frente a la delincuencia; que puede cobrarse las vidas de personas declaradas culpables en juicios injustos, y que puede afectar de manera desproporcionada a personas pertenecientes a minorías o entornos socioeconómicos desfavorecidos.

“No hay pruebas de que la pena de muerte acabe con los delitos relacionados con drogas. Las ejecuciones nunca son la solución. De hecho, pueden dar lugar a que se mate a personas tras juicios injustos. La pena de muerte es, además, un castigo que afecta de manera desproporcionada a personas pertenecientes a minorías o entornos socioeconómicos desfavorecidos”, ha declarado Biraj Patnaik, director regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional.

El documento informativo de Amnistía Internacional recalca la falta de pruebas de que la pena capital tenga un efecto disuasorio especial frente a la delincuencia. Las estadísticas de los países que han abolido la pena de muerte muestran que la ausencia de ejecuciones no ha dado lugar a un aumento de los delitos anteriormente punibles con la pena capital.

El documento informativo hace hincapié en países que han abolido la pena de muerte, o reformado su legislación sobre drogas, como Irán, donde las recientes reformas han dado lugar a una significativa reducción de las ejecuciones de personas declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas. De igual modo, en Malasia, el gobierno anunció una moratoria de las ejecuciones y la revisión de las leyes sobre la pena de muerte en el país, tras permitir, en 2017, discrecionalidad a la hora de imponer condenas en casos de narcotráfico.

Amnistía Internacional también subraya que los juicios de las personas que se enfrentan a su ejecución pueden no haber cumplido las normas internacionales sobre justicia procesal, debido a las torturas y “confesiones” forzadas que aplica de manera habitual el sistema de justicia penal de Sri Lanka, como han señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sri Lanka y expertos de la ONU.

“No hay vuelta atrás en una ejecución. Ningún sistema de justicia penal es perfecto. Nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a inocentes, y es imposible enmendar la posterior injusticia”, ha afirmado Biraj Patnaik.

Además, el documento informativo también pone de manifiesto que las pruebas en otros países muestran que las personas acusadas pertenecientes a entornos desfavorecidos, a minorías raciales, étnicas o religiosas son vulnerables de forma desproporcionada a ser condenadas a muerte.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Sri Lanka que detenga sus actuales planes de ejecución y establezca la suspensión oficial de la aplicación de las condenas a muerte, con miras a abolir por completo la pena capital.

“Ningún sistema de justicia penal es capaz de decidir con justicia quien debe vivir o morir. Sri Lanka lleva más de cuatro decenios sin aplicar este castigo cruel, degradante, inhumano y definitivo. Debería seguir respetando la tradición que antepone la vida a la venganza”, ha sostenido Biraj Patnaik.