Lunes, 20 de mayo, 2019
Unas 500 personas romaníes —de las que aproximadamente 150 son menores de edad, mujeres embarazadas o personas de edad— han quedado sin hogar tras haber sido desalojadas forzosamente por las autoridades de su asentamiento en el municipio de Giugliano in Campania, en el sur de Italia, el 10 de mayo. Las familias romaníes han quedado sin hogar y viven en condiciones inhumanas al no haberles proporcionado las autoridades viviendas alternativas
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Presidente del Consejo de Ministros / President of the Council of Ministers
Mr. Giuseppe Conte
Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370
00187 Roma, Italia
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Twitter: @GiuseppeConteIT
Facebook: https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/
Señor Presidente del Consejo de Ministros:
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la situación de unas 500 personas romaníes, de las que aproximadamente 150 son menores de edad, mujeres embarazadas o personas de edad, que han quedado sin hogar en la localidad de Ponte Riccio tras haber sido desalojadas forzosamente por las autoridades locales de Giugliano in Campania el 10 de mayo de 2019.
Estas familias romaníes han sido ya víctimas de toda una serie de violaciones de derechos humanos a manos de las autoridades nacionales y locales en los últimos años, como su desalojo forzoso en junio de 2016 y su reubicación en una antigua fábrica de fuegos de artificio donde vivían en condiciones inhumanas, y donde permanecieron hasta el 10 de mayo. Durante casi tres años, las autoridades no han garantizado a las familias una solución adecuada al problema de alojamiento, y han acabado ejecutando de nuevo su desalojo forzoso y dejándolas sin hogar y en riesgo de sufrir abusos y otras violaciones de derechos humanos.
Desde el 10 de mayo, las familias buscan desesperadamente alojamiento en las localidades circundantes. Sin embargo, se han encontrado con la hostilidad de los municipios de la zona. Sin vivienda, acceso a electricidad y agua, y sin la posibilidad de cocinar, las familias continúan en condiciones muy difíciles, que tendrán repercusiones especialmente negativas para los niños y niñas, las mujeres embarazadas y las personas de edad. El desalojo forzoso es una violación de derechos humanos, e Italia tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de garantizar que se ofrece una vivienda adecuada a todas las personas que no pueden valerse por sí mismas. Nadie debe ser sometido a este tipo de trato ni quedar sin hogar y sin apoyo de las autoridades.
Por consiguiente, le insto a que se asegure de que se encuentra con carácter inmediato alojamiento de urgencia a corto plazo para las familias sin hogar, que garantice su derecho a una vivienda adecuada, agua y saneamiento. Le insto también a que se asegure de que todas las autoridades pertinentes se comprometen de inmediato con la comunidad a identificar viviendas alternativas adecuadas a largo plazo, tal como establecen el derecho y las normas internacionales y regionales de derechos humanos y la estrategia nacional para la inclusión de la población romaní.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
El 10 de mayo, unas 500 personas romaníes —aproximadamente, 350 adultos y 150 menores de edad— fueron desalojadas forzosamente por las autoridades locales de sus viviendas en una antigua fábrica de fuegos de artificio en la localidad de Ponte Riccio, municipio de Giugliano in Campania, provincia de Nápoles, en el sur de Italia. Las familias vivían en ese lugar, en condiciones de vida inadecuadas, desde junio de 2016, cuando fueron objeto de desalojo forzoso de un campamento autorizado segregado, situado junto a un vertedero tóxico, en Masseria del Pozzo. Tras una orden judicial de desalojo de las familias del campamento de Masseria del Pozzo, la administración no encontró alternativas de vivienda adecuadas para ellas en el plazo establecido por el tribunal y procedió a su desalojo forzoso en 2016, ofreciéndoles como única alternativa a la carencia de vivienda el emplazamiento de la antigua fábrica de fuegos de artificio en la localidad de Ponte Riccio.
Amnistía Internacional conoce bien las condiciones de vida radicalmente precarias que estas familias romaníes soportaban en la localidad de Ponte Riccio, por haber visitado el asentamiento en múltiples ocasiones. Tal como se documentó en informes anteriores, estas condiciones eran en gran medida el resultado del incumplimiento por parte de las autoridades de su obligación de proteger el derecho de la comunidad a una vivienda adecuada. Amnistía Internacional visitó el asentamiento en varias ocasiones en 2016 y 2017, y ya entonces las condiciones eran totalmente inadecuadas, con graves limitaciones para el acceso a alojamiento, agua y saneamiento.
Las autoridades locales llevaron a cabo el desalojo forzoso del 10 mayo en aplicación de la Orden Municipal núm. 29, de 5 de abril de 2019, que disponía el desalojo inmediato del asentamiento por motivos de salud y seguridad públicas debido a las condiciones de insalubridad y falta de seguridad del campamento. Se consideró que el campamento estaba infestado de ratas y presentaba riesgo de incendio debido a las precarias conexiones eléctricas y a la presencia de bombonas de gas para cocinar y calentar las viviendas. Además, la presencia de grandes cantidades de residuos cuya generación se atribuía al asentamiento cerca de la vía de alta velocidad colindante se presentaba como un riesgo para la seguridad vial.
Las autoridades locales no emprendieron un proceso de consulta real con la comunidad para identificar una alternativa adecuada a la situación actual. Proporcionaron escasa información a las familias, a las que se ofreció como única alternativa una asignación económica de carácter único como contribución al pago del alquiler de viviendas en el mercado privado del alquiler. Muchas de las personas romaníes de esta comunidad son apátridas o no poseen documentación que les permita ser contratadas regularmente en el mercado laboral, y no tienen empleos estables, lo que les impide acceder al alquiler de viviendas en el mercado privado, por lo que la oferta de contribución de carácter único para el alquiler no es una solución viable y sostenible.
Al no haberse cumplido antes del desalojo las garantías necesarias de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos —aviso previo adecuado y por escrito, consulta real con la comunidad y vivienda alternativa adecuada—, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que este caso constituye un desalojo forzoso, que es una violación grave de derechos humanos. Esta actuación incumple las obligaciones contraídas por Italia en virtud de diversos tratados internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la legislación de la Unión Europea (Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la Aplicación del Principio de Igualdad de Trato de las Personas Independientemente de su Origen Racial o Étnico), que garantiza el derecho a a una vivienda adecuada y a protección contra todas las formas de discriminación basada en el origen racial o étnico. Este desalojo forzoso también va en contra de los compromisos contraídos por Italia en su propia estrategia nacional de inclusión de la población romaní, adoptada en 2012.
Este caso debe entenderse en el contexto más amplio de la discriminación y segregación permanentes de las familias romaníes en el acceso a la vivienda por parte de las autoridades italianas. Amnistía Internacional viene documentando este tipo de prácticas y violaciones de derechos humanos desde hace varios años. En respuesta al escándalo persistente de la situación en materia de vivienda de las personas romaníes en Italia, Amnistía Internacional presentó el 18 de marzo una denuncia colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Basándonos en varios años de investigación de la organización, especialmente en Roma, Milán y Nápoles, la denuncia presenta datos integrales que exponen cómo la situación en cuanto a vivienda de las comunidades romaníes en Italia es constitutiva de diversas violaciones de la Carta Social Europea. Entre ellas figuran los desalojos forzosos generalizados, el persistente uso de campamentos segregados con viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad, y la falta de igualdad en el acceso a viviendas sociales.
Pueden escribir llamamientos en: Italiano e inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 25 de junio de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
Nombre y género gramatical preferido: Comunidad romaní de Giugliano (varios)