Turquía: las personas sirias en Turquía continúan en riesgo de ser deportadas

Las personas refugiadas sirias continúan en riesgo de ser deportadas desde Turquía, y las autoridades turcas podrían poner en marcha planes para forzar a muchas de ellas a la llamada “zona segura”, en el norte de Siria. En esta zona existe un conflicto activo, como demuestra la acción militar que la propia Turquía llevó a cabo en el noreste del país en octubre de 2019.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

 

Süleyman Soylu
Ministro del Interior / Minister of Interior

Ministry of the Interior

Devlet Mahallesi, T. C. İçişleri Bakanlığı

06580 Çankaya/Ankara, Turquía

Correo-e: [email protected]

Fax: +90 312 418 17 95

 

Señor Ministro:

Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación por el trato que las personas refugiadas sirias han recibido recientemente en Turquía y por la posible puesta en marcha de planes —concebidos hace ya tiempo— para reubicar ilegalmente a personas refugiadas en la llamada “zona segura” del norte de Siria.

Reconozco que su país es el que acoge a un mayor número de personas refugiadas en todo el mundo, unos cuatro millones, pero esta admirable generosidad no exime a su gobierno de la obligación de respetar el derecho internacional y de proteger los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, entre ellas las personas refugiadas sirias.

En un exhaustivo informe que se publicó el 25 de octubre de 2019 (véase: https://www.amnesty.org/es/documents/eur44/1102/2019/es/), Amnistía Internacional reveló que a mediados de 2019 cientos de personas refugiadas sirias en toda Turquía podrían haber sido capturadas, detenidas y expulsadas contra su voluntad, por lo general después de haber sido coaccionadas o engañadas para firmar documentos llamados “de retorno voluntario”. Quienes lograron volver a entrar en Turquía se encontraron con que sus documentos de identidad turcos habían sido cancelados. Las personas sirias que carecen de documentos de identidad válidos no pueden acceder a servicios básicos y corren un mayor riesgo de ser deportadas. Aparentemente resulta imposible renovar estos documentos de identidad una vez han sido cancelados, aunque la ley turca lo permita. A menudo las personas refugiadas sirias se quedan sin recursos legales que les permitan protegerse contra su deportación.

También me preocupan enormemente los planes que desde hace tiempo tienen las autoridades turcas para reubicar a un gran número de personas refugiadas sirias en el norte de Siria, bajo la falsa premisa de que la zona es actualmente segura. Siria continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo. Por ejemplo, la última acción militar de las autoridades turcas en el noreste de Siria, que empezó el 9 de octubre de 2019, provocó el desplazamiento de 160.000 personas que huían de las hostilidades. El noreste del país ha sido descrito recientemente como una “pesadilla humanitaria”.

Las deportaciones a Siria violan el principio de derecho internacional de no devolución (non-refoulement) y ponen a las personas deportadas en peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

Lo insto a parar de inmediato todas las deportaciones de personas refugiadas sirias, a garantizar que todas las personas cuyo documento de identidad ha caducado o se ha cancelado pueden renovarlo, y a investigar todas las denuncias de devolución a Siria. Asimismo, le insto a suspender cualquier plan para reubicar a personas refugiadas sirias en la llamada “zona segura”.

Atentamente, [NOMBRE]

 

Información complementaria

Turquía es el país que acoge el mayor número de personas refugiadas en todo el mundo, actualmente unos 4 millones, en su mayoría sirias (más de 3,6 millones). En teoría, todas las personas sirias en Turquía pueden acogerse al estatus de “protección temporal”, pero para ello deben registrarse y obtener documentos de identidad que les permitan acceder a servicios básicos, como asistencia médica y educación. Las autoridades turcas gastan miles de millones de euros en acoger a esta población, con alguna ayuda económica de la Unión Europea (UE).

Pese a las afirmaciones en sentido contrario por parte de Turquía y la UE, Turquía no es un país seguro para las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Amnistía Internacional y otras organizaciones han obtenido datos verosímiles y coherentes sobre deportaciones a Siria entre 2014 y 2018 y, más recientemente, a mediados de 2019. La devolución (refoulement), o expulsión a un lugar donde la persona corre riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, está prohibida tanto por la legislación turca como por los instrumentos de derecho internacional en los que Turquía es Estado signatario.

Actualmente, todas las deportaciones a Siria son ilegales, debido a la naturaleza y la gravedad de los riesgos para los derechos humanos en el país. La guerra civil que asola Siria desde 2011 ha causado una destrucción incalculable y ha obligado a millones de mujeres, hombres, niñas y niños a abandonar sus hogares. Un total de 5,6 millones de personas han huido del país y más de 6 millones están desplazadas dentro de Siria. En septiembre de 2019, grupos de ayuda humanitaria describieron como una “pesadilla humanitaria” la situación en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, donde han llegado más de 3 millones de personas sirias procedentes de otras partes del país. Amnistía Internacional ha documentado múltiples ataques ilegítimos llevados a cabo por el gobierno sirio, con el apoyo de Rusia, contra hospitales, escuelas, panaderías y viviendas de Idlib entre enero y junio de 2019.

La propia Turquía ha participado en acciones militares en Siria: la operación “Escudo del Éufrates” en la provincia septentrional de Alepo en 2016 y la operación “Rama de Olivo” en la provincia de Afrín a principios de 2018. Más recientemente, el 9 de octubre de 2019, Turquía puso en marcha la llamada operación “Fuente de Paz” en el noreste de Siria, en la que Turquía y los grupos armados sirios bajo su control entraron en territorio que se hallaba en poder de una alianza de grupos armados liderados por kurdos, a la que previamente apoyaba Estados Unidos. El 15 de octubre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó de que, solo en los seis días anteriores a su comunicado, más de 160.000 personas que huían de los avances militares y de las hostilidades habían sido desplazadas en el noreste de Siria. Amnistía Internacional ha documentado ejecuciones sumarias y ataques ilegítimos llevados a cabo por las fuerzas turcas y una coalición de grupos armados sirios respaldada por Turquía.

Las autoridades turcas niegan haber devuelto a nadie a Siria contra su voluntad y afirman que 365.000 personas sirias han vuelto voluntariamente a uno de los países más peligrosos del mundo.

Algunas personas sí vuelven a Siria de forma genuinamente voluntaria, normalmente de forma temporal, por ejemplo para rescatar a sus familiares ancianos o para renovar el pasaporte. Estas personas no fueron informadas de las consecuencias de salir de Turquía y, a su regreso, se han encontrado con que su estatus de protección temporal ha sido cancelado. Aparentemente, a las personas cuyo estatus ha sido cancelado les resulta imposible renovarlo, con independencia de cómo lo hayan perdido (si fue por devolución o por retorno voluntario, o si los documentos de identidad simplemente caducaron), pese a que la legislación turca (Circular 7 de enero de 2019) autoriza a quienes hayan perdido su estatus a renovarlo.

 

Pueden escribir llamamientos en: Inglés y turco

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 26 de diciembre de 2019

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/eur44/1117/2019/es/

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