Un tribunal establecido por huzíes en Yemen ha confirmado la condena a muerte de Hamid Haydara, preso de conciencia de la confesión bahaí, según ha sabido hoy Amnistía Internacional.

Ayer, el Tribunal de Apelación de Saná aprobó la condena impuesta en enero de 2018, tras un juicio manifiestamente injusto que ha durado casi cinco años. Haydara, a quien no permitieron asistir a la vista judicial de ayer, ha sido juzgado por cargos infundados de espionaje, delito que conlleva la pena de muerte.

“Esta decisión, pronunciada sin estar presente Hamid Haydara, no es más que el último capítulo de un juicio gravemente defectuoso e indica hasta dónde están dispuestos a llegar los huzíes para consolidar su dominio”, ha dicho Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

“No cabe duda de que Hamid Haydara ha sido condenado a muerte únicamente por sus convicciones profundas y actividades pacíficas. Instamos a las autoridades huzíes a anular su condena de muerte y a ponerlo en libertad inmediata e incondicional.”

Anoche, el Tribunal de Apelación también confirmó la decisión de confiscar todos los bienes de Haydara así como el cierre de todas las instituciones bahaíes y la confiscación de todos sus bienes.

Para poder apelar contra esta decisión ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos semanas, Haydara necesita firmar una serie de documentos a fin de que su representación letrada pueda presentar el recurso. Sin embargo, las autoridades no permiten que Haydara reciba visitas actualmente, ni siquiera de su representante.

Información complementaria

Desde la detención inicial de Hamid Haydara en diciembre de 2013, Amnistía Internacional lleva expresando a las autoridades huzíes de facto su preocupación respecto a los motivos para prolongar su detención y a las actuaciones judiciales gravemente defectuosas en su caso, que han incluido detención preventiva excesivamente larga, retrasos indebidos en el juicio, tortura y otros malos tratos, y falta de acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de 66 personas —hombres en su inmensa mayoría— encausadas ante el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná de 2015 a 2020 y que continúan procesadas, excepto una. Entre quienes sufren juicio injusto por cargos falsos ante este tribunal hay defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de minorías religiosas y de la oposición política. Todas estas personas están siendo juzgadas por espionaje, que conlleva la pena de muerte preceptiva con arreglo a la legislación yemení.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona acusada y del método de ejecución empleado por el Estado. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.